Respirar, consumir, observar, convivir, nacer rodeados de contaminantes tóxicos en una comunidad es el destino al que algunos grupos de personas se ven expuestas cuando el sitio donde viven es “elegido” o “destinado” a convertirse en una de las zonas de sacrificio por la quema de combustóleo.
En México, estas áreas son tan legales y permitidas que los gobiernos justifican su existencia como algo “necesario” para el desarrollo del país.
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Lo cierto es que estos sitios no son más que un ejemplo de injusticia ambiental, y no lo decimos nosotras, la ONU también lo ha señalado.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del pasado 12 de enero de 2022, señaló en un informe la necesidad de defender el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: el medio ambiente no tóxico.
En el informe que presentó el relator especial se hace hincapié en los derechos humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
En él pidió tener en cuenta la prevención, la precaución y la no discriminación como principios fundamentales para diseñar políticas ambientales.
Para este informe, el relator especial de la ONU recibió aportaciones de casi 23 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, entre otros.
¿Sacrificar al ambiente? ¿Pooooor?
En el informe, se explica que la principal consecuencia de las zonas de sacrificio está la contaminación generalizada y presencia de sustancias tóxicas que afectan al bienestar de las personas. Advierten también sobre el impacto de la injusticia ambiental y las zonas de sacrificio.
De acuerdo con la ONU, en este informe se explica que existen comunidades objeto de injusticias ambientales consistentes en un grado de exposición tan extremo a la contaminación y a las sustancias tóxicas en sus lugares de residencia que estos se han denominado “zonas de sacrificio”.
Para conocer más del tema consultamos a Carlos Tornel, investigador en el programa nacional estratégico de energía y cambio climático en el Conahcyt.
El investigador explica a Animal MX que con “zonas de sacrificio” nos referimos a lugares que el gobierno asigna como áreas destinadas a la producción de combustóleo como un plan de “desarrollo”.
“A través de decisiones —a veces errantes— nos dicen: esta zona se condena o se va a utilizar para producir la quema de combustible o la quema de una refinería [y] vamos a contaminar todo esto porque necesitamos un montón de gasolina y de derivados de petróleo procesado para que las sociedades puedan seguir a flote”, explicó Carlos Tornel.
Sin embargo, este supuesto desarrollo que distintos gobiernos han replicado en las comunidades terminan siendo sitios condenados para ser contaminados con altos índices de toxicidad ‘permisible’ por el Estado, a costa de la salud de las personas, la flora, la fauna y la distorsión del paisaje.
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¿Cómo son las zonas de sacrificio?
Entre las líneas de trabajo del investigador, Carlos Tornel, se encuentra la transición energética y la justicia climática, siendo las zonas de sacrificio uno de los temas que también trabaja.
El experto señaló que estos sitios se encuentran en muchos sitios alrededor de México y los describe como todo espacio que se designa para ser “contaminados o sacrificables necesarios para poder sostener el crecimiento y progreso”.
Y aunque el desarrollo es importante, México ha preferido apostar por extraer combustibles fósiles que necesitan aún más tratamiento para ser utilizables; dicho proceso hace que la contaminación acreciente.
“Definir estos lugares es también una forma de extraer y visibilizar la forma en la que este modelo de desarrollo capitalista —que sigue basado en un capital de crecimiento económico infinito—, va a seguir degradando comunidades”, explicó.
¿Dónde están esas zonas de sacrificio ambiental en México?
En México, estas zonas de sacrificio se encuentran en comunidades como Tula y el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo con la quema de combustóleo.
Pero la contaminación por litio en Sonora es otro sitio condenado a la contaminación y toxicidad en su territorio.
En el artículo El litio en México: verdades y mentiras de la UNAM y el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales se explica que en Sonora se encuentra un “mega depósito” de litio en el pueblo Bacadéhuachi.
Este depósito sonorense de litio ha atraído a empresas canadienses, estadunidenses, españolas, australianas y de Reino Unido.
Sobre los costos de extracción el artículo señala que “por cada tonelada de sales de litio se evaporan 2 millones de litros de agua, la cual no solamente es escasa en donde se encuentra presente el litio, sino que también contamina los depósitos subterráneos de ésta”.
Entre los costos ambientales por la extracción de litio se encuentra la transformación del territorio, el uso masivo de agua (poniendo en riesgo a que las comunidades no cuenten con este recurso), derrames de combustible y la generación de escombros.
Otro ejemplo es el proyecto Tren Maya que, según explicó Carlos Tornel, se trata de “una redefinición espacial del territorio justificada para traer el desarrollo pero que estaría generando un ecocidio en el nombre de ese progreso o esa transformación [para un] beneficio supuestamente social pero viendo [que es] un beneficio para extranjeros y no para la población”.
PEMEX, la más endeudada
En México, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuentan con prácticas de extracción de combustible fósil que en el mundo están prohibidas por ser altamente contaminante. Esto los pone como los principales responsables de la contaminación del aire.
En un artículo del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) señalan que Pemex es la empresa petrolera más endeudada en el mundo. En 2023 presentaron el análisis a los resultados financieros y operativos de Pemex al segundo trimestre de 2023.
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Según los resultados del proyecto #EnLaMira del IMCO, tan solo en materia climática y ambiental, Petróleos Mexicanos envió a la atmósfera el equivalente a una vigésima parte de su producción de gas natural.
“En los primeros seis meses de este año la petrolera quemó o liberó directamente a la atmósfera un promedio de 307.0 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas natural, lo que equivale al 6.1% de la producción promedio de este hidrocarburo por parte de la empresa durante este periodo (5 mil 23 MMpcd)” arrojan los resultados del IMCO.
El IMCO también ha señalado que, aunque los trabajos de exploración y producción de Pemex son rentables, “la compañía enfrenta pérdidas en otros lugares, particularmente en sus operaciones de refinación”; siendo las más contaminantes.
El greenwashing del uso de combustibles fósiles
Toral señaló también que, aunque los gobiernos califiquen y nombren a los proyectos destinados a zonas de sacrificio como sostenibles, estos “van a seguir, necesariamente, degradando comunidades, culturas, mares, especies y paisajes enteros que tienen que ser condenados para sostener ese proyecto”, añadió.
El investigador destacó el esfuerzo y la lucha de las personas defensoras del territorio pero también, del trabajo de la sociedad civil organizada para el acceso a la justicia climática y por el territorio.
“Hubo muchos movimientos sociales y de la organización civil que se juntaron recorrer sus territorios y denunciar la contaminación, la justificación, la condenación a ser sacrificables y lo que ha traído es, demostrar que ningún programa de gobierno propone tratar de entender estas cuestiones de fondo y de manera sistemática atenderlas, no proponen una alternativa [sino] continuar un modelo de desarrollo y mantenerlo siempre bajo la misma lógica”, denunció.
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Miles de personas se contagiaron de VIH en Reino Unido tras ser infectados por productos sanguíneos contaminados en los años 70 y 80 en un escándalo que ahora se investiga por la presunta negligencia de las autoridades sanitarias.
Todo lo que Sam Rushby puede recordar sobre su familia son memorias fugaces de pasillos y salas de espera de hospital.
En 1994, con sólo dos años, perdió a su madre a causa del sida. Su padre murió con esta afección un año después en un hospital de Liverpool, en Reino Unido.
Su hermana también había sido infectada con VIH, por aquel entonces un virus nuevo e intratable, y murió antes de que él naciera.
“Destrozaron, literalmente, a mi familia y me la arrebataron”, relata al programa Panorama de la BBC en su primera entrevista.
“Siento como si se hubieran deshecho de ellos y se acabó la historia”.
El padre de Sam, Gary, fue una de las más de 1.200 personas que contrajeron el VIH en el conocido como “escándalo de la sangre contaminada”, la mayor parte de ellas después de recibir un medicamento elaborado con plasma sanguíneo proveniente de EE.UU. a finales de los años 70 y 80.
Una investigación gubernamental sobre lo que ha sido calificado como el peor desastre de la historia del sistema británico de salud pública, el NHS, va a dar a conocer pronto sus hallazgos.
Uno de los asuntos clave que está examinando es si las autoridades fueron demasiado lentas en actuar.
El programa Panorama de la BBC ha podido ver ahora pruebas de que la embajada británica en Washington advirtió al gobierno de Reino Unido sobre el riesgo de contraer sida a través de sangre contaminada a principios de los años 80.
Un funcionario de la embajada escribió un informe de cinco páginas a un alto funcionario del Departamento de Salud tras reunirse con un miembro del grupo de trabajo sobre el sida en EE.UU.
La advertencia, una de varias, llegó una década antes de que naciera Sam.
No fue hasta la adolescencia que Sam, quien ahora tiene 32 años, comenzó a conocer la verdad.
Su padre Gary nació con hemofilia, una condición genética que perjudica la capacidad de coagulación de la sangre. Casi siempre afecta a los hombres, aunque las mujeres son portadoras del gen de la hemofilia y pueden transmitirlo.
A finales de la década de 1970, Gary comenzó un nuevo tratamiento destinado a mejorar su vida de forma radical.
El Factor VIII se comercializó como un medicamento milagroso. Los pacientes podían tomar una botella de polvo blanco del refrigerador, mezclarlo con agua destilada e inyectarse ellos mismos.
El sangrado se detenía y, por primera vez, los hemofílicos podrían vivir una vida más normal.
Pero esos pacientes se enterarían más tarde de que lotes enteros del nuevo tratamiento habían sido contaminados con VIH y hepatitis C.
Alrededor de dos tercios de las personas infectadas con VIH en la década de 1980 desarrollaron sida y murieron antes de que los medicamentos antirretrovirales modernos estuvieran disponibles.
A Sam le costó entender la verdad de lo que le sucedió a su familia cuando finalmente sus abuelos se lo contaron.
“No me lo creía, no me lo podía creer”, afirma. “No puedo superarlo, ¿por qué tuvo que suceder?”.
Importaciones de plasma
A principios de la década de 1980, Reino Unido no podía satisfacer la demanda de Factor VIII, que se elaboraba acumulando (o mezclando) el plasma sanguíneo de miles de donantes individuales.
En su lugar, importaron el tratamiento desde Estados Unidos.
En Reino Unido, las donaciones de sangre siempre han sido voluntarias, pero en Estados Unidos se permite a las compañías farmacéuticas pagar por el plasma.
Grupos de alto riesgo, desde prisioneros hasta consumidores de drogas, tenían un claro incentivo económico para donar sangre y potencialmente mentir sobre su historial médico.
Las pruebas que han desvelado activistas y que ha podido ver la investigación pública en curso sobre el escándalo de la sangre contaminada muestran que, cuando se empezó a conocer el riesgo del sida, se enviaron una serie de advertencias claras al gobierno de Reino Unido.
En mayo de 1983, Spence Galbraith, director del Centro de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Reino Unido, escribió a Ian Field, el principal funcionario médico del Departamento de Salud, instándole a que se retiraran del mercado todos los productos sanguíneos estadounidenses hasta que “se aclarara” el riesgo de contraer sida.
La carta de la embajada británica en Washington, que Panorama ha podido ver, también fue enviada al doctor Field apenas un mes después, el 28 de junio de 1983.
En ella, un funcionario de la embajada describe una reunión con un representante del grupo de trabajo sobre el sida del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.
Se habló de la transmisión del VIH por la sangre, escribe en la carta. Los hemofílicos estaban “en mayor riesgo” debido a los “dudosos hábitos” de algunos donantes de sangre estadounidenses que habían sido pagados y por la mezcla de miles de esas donaciones para producir Factor VIII.
El grupo “Sangre Contaminada”, que representa a cientos de sobrevivientes y sus familias, asegura que la carta muestra un “asombroso nivel de conocimiento y detalle” sobre los peligros.
Pero esta y otras advertencias no fueron atendidas. Los pacientes del NHS continuaron recibiendo Factor VIII sin tratar importado de EE.UU. hasta al menos 1985.
Muchos de los que tomaron parte en esas decisiones en los 80 ya no están vivos, entre ellos Ian Field.
En 1983, el conocimiento sobre el VIH y el sida todavía era incipiente.
Por aquel entonces, un funcionario del Departamento de Salud dijo que la petición de retirar el Factor VIII estadounidense era prematura y que no tenía en cuenta los riesgos que suponía para los hemofílicos eliminar una fuente importante de su tratamiento.
Sam afirma que su padre no supo durante muchos años que había sido infectado con VIH.
Gary transmitió sin saberlo el virus a su esposa Lesley. Más tarde la mujer dio a luz a una hija, Abbey, que nació VIH positiva y murió con sólo cuatro meses de edad.
Lesley volvió a quedar embarazada y en 1992 llegó Sam, aunque esta vez la prueba del VIH dio negativa.
Pero sólo dos años después, Lesley murió de una enfermedad relacionada con el sida, seguida apenas un año después por su marido.
“Lo triste es que no tengo recuerdos de ellos, sólo un puñado de fotografías”, dice Sam. “Es ese constante sentimiento de tristeza, de preguntarse cómo habría sido crecer (con ellos)”.
Sam fue criado por sus abuelos, que le dijeron al principio que su mamá y su papá habían muerto de cáncer y de un derrame cerebral.
Sólo comenzó a descubrir lo que realmente sucedió en su adolescencia, aunque el estigma que rodea al sida le obligó a mantener los detalles en secreto porque, dice, “los adolescentes pueden ser crueles”.
“Siempre he sufrido de ansiedad y depresión. Si pierdes a tu mamá y a tu papá a una edad tan temprana, eso te va a dar ansiedad”, dice.
“Pero luego, más adelante, descubrí por qué y eso simplemente agravó la agonía”.
Sam es uno de los cientos de niños que perdieron a sus padres a causa del escándalo. Hasta la fecha, ninguno ha recibido compensación del gobierno.
Más de 30.000 pacientes del NHS se infectaron con VIH y hepatitis C entre 1970 y 1991 por productos sanguíneos contaminados como Factor VIII y IX, o a través de transfusiones de sangre tras una cirugía, un tratamiento o un parto.
En otros países, desde Francia hasta Japón, las investigaciones sobre la catástrofe médica concluyeron hace muchos años. En algunos casos, se presentaron cargos penales contra médicos, políticos y otros funcionarios.
En Reino Unido, los activistas afirman que el escándalo nunca ha recibido la misma atención.
Una investigación privada llevada a cabo en 2009, que se financió enteramente a través de donaciones, careció de poderes reales para llegar al fondo, mientras que otra investigación escocesa en 2015 fue calificada de “encubrimiento” por las víctimas y sus familias.
En 2017, forzada por la presión política, la entonces primera ministra Theresa May ordenó poner en marcha una investigación pública a nivel nacional.
Dirigida por el exjuez del Tribunal Supremo Brian Langstaff, tenía la capacidad de obligar a los testigos a declarar bajo juramento y de ordenar la divulgación de documentos.
Tras varios retrasos, su informe final deberá ser presentado el 20 de mayo.
El estigma social
La investigación encontró que 380 de los 1.250 pacientes con trastornos hemorrágicos que fueron infectados con VIH eran niños en ese momento.
Muchas familias también tuvieron que lidiar con el estigma de lo que entonces era una enfermedad intratable.
El hermano menor de Sarah-Jane, Colt, fue infectado con VIH y murió en 1992 a los 10 años. Sarah-Jane asegura que la familia, de la ciudad de Plymouth, tuvo que mudarse de casa tres veces para escapar del maltrato de sus vecinos.
“Nos rehuían, hablaban de nosotros. Colt no tenía amigos porque nadie quería jugar con él”, rememora.
“Amigos y vecinos se volvieron distantes, temerosos y acusadores”.
En septiembre de 1985, una escuela primaria del condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra, apareció en las noticias nacionales cuando los padres de un joven hemofílico contaron a los profesores que había dado positivo por VIH.
Otras familias sacaron a sus hijos de clase y no los permitieron regresar hasta que se enviaron a especialistas en sida para explicarles los riesgos.
El niño en el centro de la tormenta mediática tenía sólo nueve años y en ese momento era anónimo. Pero ahora se le puede identificar como Peter Adlam, de 48 años.
“Solo recuerdo que no quería que me grabaran las cámaras a las puertas de la escuela”, revela a Panorama en su primera entrevista.
“Intentaba integrarme con los otros niños todo lo que podía. Cuando eres niño piensas que eres indestructible y que vas a vivir para siempre, y yo me estaba volviendo muy consciente de que no lo haría”.
Peter desarrolló graves problemas de salud relacionados con el VIH, entre ellos tres episodios de neumonía en 1996. A sus padres les llegaron a decir en un momento que tal vez sólo le quedaran unas semanas de vida.
Nuevos medicamentos contra el VIH llegaron a tiempo para salvarle la vida, aunque ha tenido que seguir lidiando con múltiples problemas de salud hasta el día de hoy.
“Hasta ese momento no pensaba que llegaría a ver el año 2000. Era desolador y no había muchas esperanzas”, dice.
“Veía a otras personas de mi edad vivir sus vidas y yo no podía hacerlo. No he tenido una carrera, no he viajado. No puedo imaginar cómo habría sido mi vida si no me hubiera infectado”.
En agosto de 2022, el gobierno acordó pagar las primeras compensaciones provisionales de 100.000 libras (US$125.700) a unos 4.000 sobrevivientes del escándalo o a sus desconsoladas parejas.
Los ministros han indicado que planean extender esos pagos a los padres e hijos de los infectados, entre ellos Sam Rushby, y también quieren establecer un plan definitivo de compensación.
Pero aún no se ha establecido un calendario en firme para realizar los pagos, y es probable que el costo total ascienda a miles de millones de libras.
“Esta fue una tragedia espantosa que nunca debería haber ocurrido. Tenemos claro que se debe hacer justicia y rápidamente”, afirmó el gobierno británico a Panorama en un comunicado.
“Esto incluye el establecimiento de un nuevo organismo para ofrecer un Plan de Compensación de la Sangre Contaminada, que contará con todos los fondos necesarios para ofrecer compensaciones una vez que se hayan identificado a las víctimas y evaluado las reclamaciones”.
“Seguiremos escuchando atentamente a la sociedad mientras abordamos este terrible escándalo”.
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