El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que reflexiona si renuncia o no al cargo luego de la investigación contra su esposa por casos de corrupción.
“Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en sus redes sociales.
Sánchez, en el poder desde 2018, indicó que comparecerá ante los medios de comunicación el próximo lunes 29 de abril para dar a conocer su decisión, y hasta entonces canceló su agenda pública.
La investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción, fue abierta el 16 de abril ante una denuncia de Manos Limpias, con colectivo cercano a la extrema derecha, según anunció este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sánchez, de 52 años, reelegido por el Congreso en noviembre, afirmó en la carta que la denuncia se basa en hechos “inexistentes” y se enmarca en una “estrategia de acoso y derribo” en su contra de “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista”.
“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal sino por ser mi esposa”, escribió Sánchez.
Rescate de Air Europa
La decisión de la justicia se conoció después de que el medio digital El Confidencial revelara que los investigadores examinaban los vínculos de Gómez con empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del gobierno.
El Confidencial afirma que la investigación está relacionada con presuntos vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, que mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate de la empresa afectada por la caída del tráfico aéreo desde la pandemia de Covid-19.
En aquel momento, Gómez dirigía el IE Africa Center, una fundación relacionada con la escuela de negocios Instituto de Empresa (IE), un cargo que abandonó en 2022.
El Confidencial afirma que el IE Africa Center firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia y que la esposa del jefe de Gobierno “se reunió en privado con el consejero delegado del ‘holding’ turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía”.
En noviembre de 2020, el gobierno de Sánchez ofreció una línea de ayuda de 475 millones de euros (507 millones de dólares al cambio actual) a Air Europa surgida de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a apoyar a empresas estratégicas en dificultad por la pandemia.
La compañía española fue la primera de muchas otras que se beneficiaron de ese fondo.
Ester Muñoz, miembro de la dirección del Partido Popular, principal formación de oposición, consideró “urgente” que el presidente del Gobierno dé “explicaciones”.
El portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó de su lado que “todo es muy grave y todo se acabará sabiendo”.
“Prácticas trumpistas”
Varios diputados del campo de Sánchez reprocharon a la derecha manipular la justicia con fines políticos.
El presidente del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, denunció “una estrategia en que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, solo para hacer daño, solo para ensuciar”.
“Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar e injuriar a la presidencia del Gobierno”, dijo la número dos del Gobierno, María Jesús Montero.
“No vamos a consentir que estas prácticas trumpistas socaven la democracia de España”, añadió.
Manos Limpias, fundada en 1995, ha estado detrás de varias querellas en los últimos años y actuado como parte civil en muchos casos de corrupción.
Se la considera próxima a la extrema derecha, entre otras cosas por la personalidad de su fundador, Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido Frente Nacional, disuelto en 1993.
Acusado de participar en una red de extorsión, Bernad fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2021, pero finalmente fue absuelto en apelación por falta de pruebas.
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El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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