El partido tricolor busca endurecer las sanciones contra los empresarios y funcionarios públicos corruptos a través de una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Si el Senado aprueba las reformas, las empresas corruptas no podrían participar en licitaciones hasta por 20 años y los funcionarios serían inhabilitados de 10 a 15 años.
La iniciativa fue propuesta por Raúl Mejía y Manlio Fabio Beltrones, quien afirma que la corrupción es, sin duda, uno de los aspectos que más limitan el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo social de un país.
Los actos de corrupción elevan los costos de las inversiones o las inhiben; distorsionan la competencia en los mercados y marcan las profundas desigualdades en las posibilidades de acceso a la justicia, servicios y, en general, al ejercicio de los derechos, en función de los recursos individuales.
Con información de Milenio
