Cualquier sicario detenido en la guerra contra la delincuencia organizada sería enviado sin demora a un penal de máxima seguridad en espera de una condena que lo mantendría en la sombra el resto de su vida. Pero en el caso del niño sicario de 14 años de edad al servicio del Cártel del Pacífico –uno de los más violentos en México- las autoridades no han sabido qué hacer con él.
La historia sobre este niño que ha cobrado fama internacional por ser el encargado de degollar a los “levantados” desde que tenía 12 años de edad, inició en los últimos días de noviembre pasado, cuando sus propios jefes y compañeros del cártel lo delataron tras ser detenidos por un comando militar en el poblado de Tejalpa, municipio de Jiutepec.
A diferencia de otros casos, la 24ava. Zona Militar ofreció a la prensa detalles sobre el modus operandi de la organización delictiva, de tal manera que cuando se concretó la aprehensión del niño sicario -el pasado 2 de diciembre- en el Aeropuerto “Mariano Matamoros”, el tema era ya del dominio público.
En un estado como Morelos, en donde se han registrado un promedio de 300 ejecuciones en un año, el Ejército presentó en una improvisada rueda de prensa al niño sicario. Dos soldados cubiertos con pasamontañas, pusieron a su detenido de espaldas a la pared para que fotógrafos y camarógrafos tuvieran alguna imagen para sus noticiarios, en franca violación a tratados internacionales de protección a la niñez, y a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos.
La presentación del niño sicario ante la prensa fue autorizada por el general Leopoldo Díaz Pérez, exjefe de los soldados que combatieron al Ejército Zapatista en Chiapas y quien desde hace tres años ejerce el poder desde la comandancia de la 2ava. Zona con sede en Cuernavaca.
Esa presentación incluyó una entrevista con el propio menor de edad, quien admitió haber degollado a cuatro personas. Los militares entregaron al niño y sus dos hermanas a la justicia civil.
Ahí fue cuando la euforia de los militares se vino abajo. Cuando el ministerio público les preguntó bajo qué cargos los pondrían a disposición de la Procuraduria General de la República (PGR), los oficiales respondieron que los detenidos llevaban celulares con videos y pruebas sobre cómo torturaban a la gente.
El ministerio público les aclaró entonces que el contenido de los teléfonos celulares no era suficiente para sustentar una aprehensión. Así se lo comunicaron a sus superiores, y la respuesta fue tajante: que se hiciera lo que se tuviera que hacer para que se quedaran detenidos.
Horas después los militares acompañaron los celulares con un escrito en el cual se refirió que una llamada anónima los había alertado sobre la presencia del niño sicario y sus hermanas en el Aeropuerto “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, por lo que acudieron a registrarlos.
“Me pude percatar que en el interior del equipaje traía ropa de ambas personas, inclusive algunas de las prendas se encontraban sucias, denotando con esto la premura de salir de la ciudad de Cuernavaca”, explicaba el parte de novedades castrense.
“Al estar revisando el equipaje se encontró escondida entre las ropas un arma de fuego, tipo pistola, marca Walter, modelo 1, sin poder precisar calibre y matrícula, ya que no lo tiene a la vista, así como un arma de fuego tipo pistola escuadra, marca Browning, con un cargador metálico abastecido con cuatro cartuchos”, asentó el militar.
En contraste con las declaraciones del menor ante la prensa, en las que aseguró que su intención era huir hacia Estados Unidos para reunirse con su madrastra, lo que encontró el Ejército en sus maletas parecía indicar todo lo contrario.
“Encontrándole en las bolsas del pantalón que viste 12 envoltorios de material sintético transparente, conteniendo en su interior polvo blanco con las características de la cocaína, así como otros dos envoltorios de material sintético transparente, conteniendo en su interior vegetal verde, con las características de la mariguana.
“En ese momento una de las hermanas metió su mano en la bolsa derecha del pantalón entregándole de propia mano al Sargento Segundo (…) nueve envoltorios de material sintético transparente, conteniendo en su interior polvo blanco con las características de la cocaína”, continúa la declaración.
Agrega el informe difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que en el estacionamiento del aeropuerto, los militares alcanzaron a otra mujer quien “de forma voluntaria entregó seis envoltorios con cocaína y uno de mariguana, por lo que fue detenida”.
El dislate del gobernador
Enterado de la detención del niño sicario, el gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, citó a su gabinete de seguridad y desarrollo humano a una reunión urgente y, posteriormente, ofreció una conferencia de prensa.
Adame hizo suya la detención del menor, al señalar que” en el combate a la delincuencia, existe una estrecha colaboración entre el gobierno del estado, las fuerzas federales de seguridad y el Ejército Mexicano, lo que dio como resultado la detención del menor por su presunta relación con hechos delictivos y el crimen organizado”.
“Debido a este análisis, he tomado la decisión de solicitar formalmente tomar la atracción del caso a través de la PGR (…) y se puedan tomar las medidas que nos permitan la seguridad propia del menor”, dijo el mandatario.
A pesar de estar flanqueado por su consejero jurídico y el procurador estatal, ninguno le hizo notar que, en materia de justicia para adolescentes, no sólo no está contemplada la participación de la PGR, sino que incluso la ley de la materia prohíbe expresamente poner a un menor a disposición de cualquier autoridad que no sea el Ministerio Público Especializado en Adolescentes y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.
El gobernador morelense estaba solicitando algo jurídicamente imposible.
Irregularidades al por mayor
El niño sicario fue llevado a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la ciudad de México, donde fue interrogado durante varias horas.
La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos establece que todo menor tiene derecho a ser presentado inmediatamente y sin demora ante el juez y, por ningún motivo, podrá ser retenido en los mismos lugares destinados para la retención de los adultos.
También señala que no podrá recibírsele ninguna declaración sin la asistencia de su defensor, “ni por otra autoridad que no sea la judicial bajo pena de nulidad”.
Aunque fue interrogado en las instalaciones de la SIEDO como cualquier sicario mayor de edad, en ninguna parte del expediente se hace referencia a ello. Es como si nunca hubiera estado en ese lugar.
Para la autoridad competente, en este caso el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, el niño sicario aparece en la escena a partir del domingo 4 de diciembre a las 18:45 horas, cuando es puesto a disposición de esta autoridad por la Procuraduría de Justicia local.
De acuerdo a la Ley, los adolescentes detenidos deben ser puestos a disposición del tribunal en un plazo máximo de 36 horas. “A nosotros nos lo entregaron 15 minutos antes de que se venciera ese término, de haberlo rebasado lo hubiéramos tenido que dejar ir”, comentó Ana Virinia Pérez Güemes, titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) en Morelos.
Mediáticamente inflado, legalmente endeble
Tras decretar de legal la detención del adolescente, y su formal sujeción a un proceso, el juez Armando David Prieto Limón concedió un plazo de 60 días a la Fiscalía de Adolescentes para que integre la carpeta de investigación y se pueda emitir una resolución definitiva dentro de un juicio oral.
En opinión de Cipriano Sotelo Salgado, especialista en juicios orales, la serie de irregularidades registradas durante todo este proceso pudiera beneficiar al adolescente detenido. Además de las ya mencionadas, el jurista señala que, por tratarse de un niño de nacionalidad estadounidense, las audiencias debieron llevarse a cabo ante la presencia de un abogado o representante de la embajada norteamericana.
“Aun cuando todos vimos y escuchamos al niño ante las cámaras que degolló a cuatro personas, esa declaración carece totalmente de validez legal, por lo que el MP deberá allegarse de otras pruebas para acreditar los homicidios”, agregó Sotelo Salgado.
Y en el supuesto caso que lograra acreditarse los delitos que le imputan – posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y la Armada, posesión de narcóticos con fines de transportación, homicidio doloso y violación a la Ley contra la Delincuencia Organizada- la pena máxima que contempla la legislación local para quienes tienen entre 14 y 16 años, es de tres años en un Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes (CEMPLA).
No es el único caso en Morelos
La magistrada Ana Virinia Pérez Güemes, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor, y representantes de la sociedad morelense, coinciden en señalar que el caso del niño sicario es preocupante, pero lo más grave es que no es el único.
“Tenemos varios casos de adolescentes homicidas y otros que están detenidos por delitos contra la salud. Tenemos a una niña que a sus 14 años integraba una banda de asaltataxistas que mataba a sus víctimas aunque no se resistieran al robo, y otra jovencita que fue detenida cuando manejaba una camioneta con 250 kilos de mariguana, son casos que mediáticamente no llaman la atención pero ahí están”, comenta la titular del TUJA.
