La absolución judicial de “El Tigre” y su pareja sentimental, “La Reina del Pacífico”, significan el fracaso de una investigación de más de seis años realizada por el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) y por la Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada entonces por Genaro García Luna.
Ya como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en octubre de 2007, éste funcionario elaboró un informe “de inteligencia” al que tuvo acceso Animal Político, donde detalla el papel que jugaron ambos narcotraficantes, absueltos por un juez apenas el viernes pasado, como enlaces entre el cártel mexicano de Juárez y el colombiano conocido como del Norte del Valle.
Juan Diego Espinosa Ramírez, también conocido como “El Tigre”, era el principal enlace entre los más importantes capos de la droga mexicanos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en aquel país actúan con grupos del narcotráfico.
Por su parte, Sandra Ávila Beltrán, también conocida como “La Reina del Pacífico”, apoyaba a los distintos capos de la droga asociados para ganar terreno a sus adversarios a través de su titularidad en empresas fachada. A ella le correspondía apoyar a los establecidos en el cártel de Juárez, en específico al grupo de Ismael “El Mayo” Zambada, como lavadora de dinero.
A Ávila Beltrán, todavía presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, se le encontraron más de 220 propiedades en territorio mexicano, algunas utilizando nombres falsos.
El documento de la SSP explica la importancia de “El Tigre” para mantener en contacto a grupos ilegales de Colombia con México. Trataba, por ejemplo, con los aún cabezas del cártel de Juárez, “El Mayo” Zambada, Juan José Esparragoza, alias “El Azul” y Vicente Carrillo Fuentes.
Sin embargo, su comunicación se ampliaba hacia los hermanos Beltrán Leyva y hasta con el prófugo y uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En la época en la que se centraron esas investigaciones (todo el año 2001), todos ellos eran integrantes de la hoy disuelta asociación de narcos a la que se conocía como La Federación.
García Luna documentó, entonces, que con esta asociación de capos, los cárteles de Juárez y Sinaloa comenzaron a actuar como una gran empresa en la que redujeron riesgos de pérdidas y se enfrentaron sin tanto problema a sus adversarios: las organizaciones de los Arellano Félix y del Golfo, las cuales recibieron los peores golpes por parte de las autoridades federales durante la administración de Vicente Fox.
El reporte de la SSP detalla que Espinosa Ramírez, originario de Barranquilla, Colombia, exportó con su organización a Estados Unidos más de 500 toneladas de cocaína con un valor superior a los 10 mil millones de dólares, entre 1990 y 2004.
El texto explica que con la caída de los cárteles de Cali y Medellín, a finales de los 80 en Colombia, Diego Montoya, también identificado como “Don Diego”, se convirtió en el vínculo entre el cártel del Norte del Valle y las FARC.
“Don Diego llega a un acuerdo con la guerrilla para hacer el acopio de la hoja de coca, procesarla y trasladarla hacia Estados Unidos y México.
“En la década de los 90, Juan Diego Espinosa, ‘El Tigre’, sobrino de ‘Don Diego’, es enviado a México para encargarse de las relaciones entre el cártel del Valle del Norte y las organizaciones criminales que integran el cártel de Sinaloa”, indica el informe.
Montoya fue atrapado en el segundo semestre de 2007 en territorio colombiano, pocos días antes de la caída de su sobrino, en el Distrito Federal. Durante ese corto periodo de libertad, “El Tigre” se hizo cargo de la dirección de la organización delictiva sudamericana.
Estratégicamente, “El Tigre” se había establecido desde la década de los 90 en Guadalajara, Jalisco para controlar el tráfico de cocaína en territorio mexicano y desde ahí mantener sus enlaces con Colombia, donde operó junto con “La Reina del Pacífico”, a quien hizo su pareja sentimental.
Ambos fueron atrapados el viernes 28 de septiembre de 2007, con sólo unas horas de diferencia, en la capital mexicana, presuntamente ligados con el aseguramiento, en 2001, del buque “Maciel” en Manzanillo, Colima, donde eran trasladadas 10 toneladas de cocaína.
Oficialmente se dijo que la investigación se había llevado más de seis años a través de un trabajo coordinado entre el Cisen y la flamante AFI, cuyo titular era García Luna.
Estos datos sustentaron las acusaciones que retomó la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra la salud (narcotráfico) y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
El pasado 3 de diciembre, el titular del Juzgado 18 de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, resolvió que las pruebas presentadas por las autoridades federales no aportaban “los elementos necesarios” para sostener las acusaciones.
“No se acreditan las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que los nombrados sentenciados ejecutaron las conductas ilícitas por las que fueron acusados en este proceso”, señala el juzgador en referencia a la causa penal 101/2003.
“El Tigre” fue extraditado a Estados Unidos el 2 de enero de 2009, donde recibió la noticia de su absolución por los delitos cometidos en México, donde la PGR aún puede impugnar la resolución judicial a favor de los dos presuntos delincuentes a través de un tribunal unitario.
