Oaxaca, Oax.- El presunto involucramiento de José Murat y Ulises Ruiz –exgobernadores de Oaxaca- en investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos contra la salud, no causó sorpresa en la administración que encabeza Gabino Cué.
Miembros del equipo del nuevo gobernador de la entidad advirtieron que darán seguimiento a esos expedientes para valorar si existen elementos que vinculen el manejo de los recursos públicos de ambos personajes en los últimos 12 años.
“Como panista y como exdiputada del PAN, no me sorprende esa situación porque ha sido público que por 80 años el partido en el poder fue el PRI e hicieron y deshicieron de todo en nuestro estado”, sostuvo Perla Woolrich, secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en Oaxaca.
El miércoles 15 de diciembre, Animal Político dio a conocer que los exgobernadores José Murat y Ulises Ruiz, así como tres de sus más cercanos colaboradores, son investigados por la PGR en expedientes relacionados con delitos contra la salud.
En entrevista, Woolrich recordó que denunció las irregularidades de los exmandatarios muchas veces a nombre de su partido en la tribuna del Congreso del estado. La última denuncia, dijo, fue casi al final de la administración de Ulises Ruiz.
“Me enteré que estaban haciendo algunas transacciones, como la entrega de concesiones a taxistas, en una venta descarada que se hizo una noche antes de dejar el cargo”, precisó.
Sin embargo, aun cuando no se dijo sorprendida por los delitos presuntamente cometidos por estos exservidores públicos, reconoció que es la primera ocasión en que la PGR investiga formalmente a varios de estos personajes, y que ni ella ni el gobernador Gabino Cué tenían antecedentes oficiales de las indagatorias de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Encargada de seguir la pista a las posibles irregularidades administrativas que se dieron en la gestión de Ulises Ruiz, Woolrich no descartó solicitar a la PGR información sobre los actos delictivos en los que pudieron haber incurrido los exservidores públicos señalados, con el objetivo de determinar si existe un vínculo entre estos hechos y el trabajo que realizaron en el gobierno.
La controlara aclara, sin embargo, que antes de tomar una decisión de ese tipo, tendrán que revisar las cuentas de las dependencias que tenían a su cargo estos exfuncionarios.
“No puedo adelantar vísperas ni ser apriorística en las aseveraciones, sino simple y llanamente haré lo que la ley me autoriza hacer. No podría advertir hasta dónde tengo que llegar porque, insisto, no hemos revisado toda la entrega porque es mucha información y es poco el tiempo que tenemos al frente de esta responsabilidad”.
En relación a las declaraciones patrimoniales de los exservidores públicos involucrados en las investigaciones de la SIEDO, la contralora explicó que por el momento no han analizado estos documentos para determinar si hay algún indicio de enriquecimiento ilícito, pues en su mayoría los documentos son de carácter confidencial.
Al margen de eso, sostuvo, difícilmente se podrá saber por esa vía si los exgobernadores cometieron algún acto ilegal, pues cuando se adquiere un bien o se amasa cierta cantidad de dinero, las propiedades o cuentas, las ponen a nombre de un tercero. “No son tan tontos para ponerlos a sus nombres”, afirmó.
Woolrich recordó el caso de los familiares del exsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, detenidos por la PGR por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. “Hasta la sirviente estaba implicada” en estas actividades.
Del empresario Samuel Gurrión, involucrado en el Acta Circunstanciada donde se investiga a los exgobernadores por delitos contra la salud, señaló que por el momento no pueden determinar si la pasada administración favoreció con contratos a alguna de sus empresas, tal y como lo han señalado diferentes medios de comunicación a nivel local, porque los documentos requieren de una revisión técnica más detallada.
“Sería irresponsable aseverar si hubo o no hubo preferencias, pero vamos a darnos a la tarea de revisar todo, porque esa es otra instrucción que tenemos del gobernador (Cué). Revisar todo lo que se hizo en los ejercicios pasados y si se cumplió con la ley y con las normas relativas para que, en caso contrario, se proceda como corresponde”.
Lo que han detectado hasta el momento, son varias deudas económicas que tenían algunas dependencias con proveedores, motivo por el cual giraron la orden de no pagar nada hasta que se analice si estos compromisos son procedentes y cumplen con todos los requisitos que marca la ley.
“Quiero dejar claro que no nos vamos a ir a una cacería de brujas, ni a las pruebas diabólicas de irnos hasta los orígenes de los gobiernos del PRI. Lo que haremos es atender las denuncias fundadas, siempre y cuando vengan acompañadas de algún elemento probatorio, para abocarnos a darle continuidad”.
Jorge Franco: “Investigan a mi esposa, no a mí”
“La PGR no abrió una averiguación en contra de mí, sino en contra de mi esposa”, aclara, con convicción, el diputado federal priista Jorge Franco, cuyas propiedades inmobiliarias son objeto de una pesquisa por parte de la Unidad Especializada en Investigaciones de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Con mirada firme, seca, quien fue secretario de gobierno en Oaxaca durante la gestión de Ulises Ruiz (también investigado por la PGR, junto con su antecesor, José Murat) separa su enjuta figura apenas unos metros de la curul que ocupa en la Cámara de Diputados para dar su explicación acerca del origen de las propiedades familiares indagadas.
“Es un predio en San Martín Mexicalpan que me regalaron mis papás hace más de 15 años y que, desde entonces, se lo doné a mi hermana, la mayor; el segundo es un predio rústico en San Agustín Yaterina que tiene escriturado mi esposa, es de su familia desde hace más de 30 años; y el tercer predio está en Lomas de Crestón, ese yo lo adquirí en 2004”, dice el legislador.
Luego de que Animal Político hizo público que la PGR inició en 2009 indagatorias sobre las propiedades a nombre del exgobernador oaxaqueño José Murat y del entonces Ejecutivo estatal, Ulises Ruiz, así como de exfuncionarios de su gabinete, entre los que destaca Jorge Franco, el ahora legislador federal priista asegura que tales revelaciones son “manipulaciones arbitrarias formuladas desde el anonimato, a través de filtraciones a los medios de comunicación. ¿Con qué intención? Lo desconozco, ignoro los delitos que se investigan, pues las autoridades federales no se han acercado a nosotros”.
Y luego remata, categórico: “No hay nada que ocultar. Yo voy a ejercer, junto con mi esposa, los derechos constitucionales que tenemos, tan pronto integren la averiguación previa”.
Cabe destacar, sin embargo, que tal averiguación previa fue iniciada el año pasado, con el número AP/UEIORPIFAM/AP/052/2009.
En la retaguardia
Detrás del diputado Jorge Franco, tiene su lugar la diputada Margarita Liborio, también oaxaqueña y priista, aunque, ella lo remarca, no pertenecen al mismo bando. Ya no.
“Por Jorge Franco yo no meto las manos al fuego. Que lo revisen y que lo revisen bien. Él es una persona ingrata, que tuvo todo en el gobierno de Ulises Ruiz y –remarca– todo es todo. Si tienen que revisar a Jorge Franco, que lo revisen. Y a cada uno de nosotros (los priistas oaxaqueños), si quieren también que nos revisen”.
Quien fue secretaria general del PRI estatal afirma: “Me siento con la calidad moral para decirle ‘ya basta’ a esa gente que se ha enriquecido todo el tiempo y que ahora, en el gobierno (de Gabino Cué) está buscando su acomodo porque no le dieron la candidatura. Jorge Franco se sintió merecedor de ella, pero no se la dieron y se fue con el de enfrente”.
Eso, refiere, es muestra de su “falta de valor y de principios. Pero no es el único”, afirma la diputada Liborio, quien no deja de calificar las investigaciones federales como una “campaña de desacreditación de funcionarios, gobernadores y exgobernadores priistas”, ante la cual retó a la PGR: “Vamos haciendo la lista más grande, con mi carácter de diputada yo también puedo hacer, de una vez, la lista de funcionarios calderonistas y foxistas que se han enriquecido a costa del poder”.
