Las muertes que se registraron en la masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, fueron clasificadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAI) como muertes accidentales y no como homicidios.
Según el analista Diego Valle-Jones, en el registro de datos del SINAI (1998), las muertes de Acteal aparecen clasificadas como “lesiones inintencionales”, acorde con la clasificación ICD-10 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una división para los tipos de muertes por sus causas.
Los códigos de clasificación que Valle-Jones identificó para la matanza de Acteal, fueron:
*W26- contacto con arma punzocortante (5 muertes).
*X59- exposición a factores no específicos (7 muertes).
*W34- muertes accidentales por arma de fuego (32 muertes).
Valle-Jones dijo a Animal Político que lo primero que hizo fue checar los primeros dígitos de los homicidios mensuales en México según la Ley de Benford, la cual dice que los primeros dígitos de las cifras tienen cierta distribución. “Lo interesante es que las cifras de homicidio no siguieron la distribución, y eso por lo general se interpreta como que alguien modificó las cifras”, explicó el analista.
“Lo que hice fue checar si las masacres estaban en la base de datos del INEGI y encontré que no estaba la de Acteal. Después revisé toda la base de datos de mortalidad de la Secretaría de Salud para ver si los clasificaron como otra forma, como accidentes o lesiones, y encontré que ocurrieron 44 muertes accidentales justo en la fecha de la masacre -22 de diciembre de 1997-“
Hace trece años, un grupo armado mató a 45 indígenas tzotziles en Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas: 18 niños, 22 mujeres y 6 hombres.
En ese entonces, el gobierno de Ernesto Zedillo difundió la versión de que la masacre fue producto de disputas entre grupos locales; mientras que los habitantes afirmaron que su simpatía por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) derivó en que los tres niveles de gobierno organizara grupos paramilitares para presionar a la población inconforme para después justificar el ataque en contra de los zapatistas.
Nueve años después, el 27 de diciembre de 2006, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas anunció la creación de una instancia para reactivar las investigaciones del caso Acteal.
Sin embargo, fue hasta 2008 cuando la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) señaló que sí existió responsabilidad del Estado por la masacre: “Sabemos, como dicen los propios documentos oficiales, que los militares organizaron a civiles para que sirvieran como apoyo para enfrentar a grupos disidentes. A partir de esas evidencias sostenemos que hay impunidad.”
