Acapulco, Guerrero.- A Faustro Saavedra le disparó el Ejército por su tipo de botas. Esa mañana, antes de salir de su casa, el indígena na savi se puso un par de botas muy parecidas a las que usan los militares y luego de comer algo ligero, tomó un autobús de pasajeros que lo llevaría al municipio de Huamuxtitlán a dos horas de la ciudad de Chilpancingo en la llamada región de la Montaña. El camino transcurrió sin contratiempos aquel sábado 20 de junio de 2009, hasta que en un retén militar los soldados lo retuvieron cerca del poblado al que se dirigía. Primero revisaron el autobús, después interrogaron a los pasajeros y luego notaron algo que les llamó la atención: Las botas de Faustro.
Sabedores de que en Guerrero, un estado con más de 600 mil indígenas en situación de pobreza, el usar botas, cuando la mayoría andan descalzos o en el mejor de los casos se ponen huaraches, puede resultar todo un lujo, los soldados trataron de detenerlo por el simple hecho de portarlas, lo que ocasionó una defensa acalorada por parte del chofer y el resto de los pasajeros: “Si se lo llevan, van a tener que firmarme una responsiva para explicarle al inspector de la empresa que hace falta un pasajero”, dijo el chofer Francisco Pizano Alejo a los militares, quienes se miraron entre sí sin saber qué hacer. Luego, otros pasajeros se unieron a las voces de apoyo al indígena, esto resolvió por algunos minutos la duda de los soldados. “Váyanse”, dijo uno de ellos al chofer, mientras Faustro se recuperaba del susto.
Una vez que los soldados se bajaron del autobús, Francisco Pizano quitó el freno de mano y pisó el acelerador del vehículo nuevamente. No habían pasado 100 metros de trayecto cuando los pasajeros escucharon una ráfaga de balas que los ensordeció y los hizo gritar del miedo. Cuando se recuperaron del shock se dieron cuenta que los soldados, que segundos antes los habían dejado ir, les habían disparado y que a causa de ese ataque uno de los pasajeros, el indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, había muerto.
Deuda histórica
Los abusos cometidos por parte de soldados del Ejército no es un tema nuevo para los defensores de los derechos humanos guerrerenses, quienes por décadas han documentado y denunciado en instancias nacionales e internacionales los abusos que autoridades federales, estatales y municipales han cometido contra las poblaciones más pobres y olvidadas del Estado.
Muestra de ello son las represiones de 1995 y 1998 en Aguas Blancas y El Charco, respectivamente, así como las cuatro resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por la agresión sexual cometidas por parte de soldados del Ejército contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, el 16 de febrero y el 22 de mayo de 2002, respectivamente; la detención arbitraria de dos líderes de ecologistas en la Sierra de Petatlán por parte de militares, el 2 de mayo de 1999, y la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, detenido en un retén militar y desaparecido desde el 25 de agosto de 1974.
Conclusiones que, a decir de activistas guerrerenses como Manuel Olivares Hernández, sólo han evidenciado el “escaso interés” de la clase política para atender y tratar de solucionar la desigualdad social que se vive en una de las regiones más pobres de México y cuya marginación ha originado históricamente un descontento político y social generalizado.
Es en este contexto de graves violaciones a los derechos humanos que los guerrerenses de nueva cuenta se acercan a otra elección en la que no sólo está en juego la gubernatura del estado, sino que resurge la esperanza de que el nuevo gobierno haga caso a las recomendaciones emitidas por la CIDH y respete los derechos humanos de los sectores más desprotegidos. El problema, advierten los activistas, es que ninguno de los dos contendientes más fuertes para ganar el proceso, en este caso el candidato del PRI, PANAL y PVE, Manuel Añorve, así como el de la alianza PRD, PT y Convergencia, Ángel Aguirre, han mostrado una propuesta clara para solucionar el enorme rezago existente en esa materia.
Brotes de insurgencia
En los municipios de la montaña existe la idea, por parte de las autoridades, de que operan grupos guerrilleros como los que comandaba desde los años setenta el maestro Lucio Cabañas, cuya bandera de lucha fue la reivindicación de los pobres. También hay sospechas de que ahí se encuentran asentadas células del narcotráfico dedicadas a la siembra, venta y distribución de mariguana. Bajo esa creencia, el Ejército ha adoptado la instalación de retenes militares en varios de los caminos para llegar a las comunidades, violentado derechos civiles durante décadas.
El Secretario Técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles y Derechos Humanos, Manuel Olivares piensa que ni la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia del país en 2000, ni la alternancia política que vivió Guerrero en el 2005 cuando Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ganó la gubernatura, dejando atrás décadas de “cacicazgos” priistas, mejoró el panorama de los derechos humanos en el estado.
En estos casi seis años de administración estatal, Guerrero siguió ocupando uno de los tres primeros lugares del país en materia de pobreza. Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 11 de sus 17 municipios en la región de la montaña eran clasificados de alta marginación, entre estos Cochoapa el Grande, el más pobre de México.
Pero además de la desigual pobreza en la que se encuentra sumergido el estado de Guerrero, el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los crímenes del pasado y la militarización que vive la región de la montaña y la zona caliente, son varios de los temas que dejó pendientes el gobernador Torreblanca.
“Para nosotros no representaría ni un aliento ni una esperanza el que llegara a ganar el candidato del PRD, por ejemplo, mucho menos el del PRI”, sostiene el activista, quien señala que independientemente del candidato que surja como ganador de la contienda del próximo 30 de enero seguirán luchando por la defensa y el respeto de los derechos humanos.
Criminalizar la protesta social
En estas poblaciones los abusos a los derechos humanos por parte de las autoridades militares y policiacas se han hecho más recurrentes. Los defensores de los derechos humanos sostienen que éstos se deben al enfrentamiento entre los grupos de la guerrilla y el ejército, que han dado la pauta para “reprimir e intimidar” a los movimientos sociales ciudadanos “pacíficos” que exigen mejores condiciones de vida.
Las 215 personas que fueron retenidas por los militares entre el 2008 y el 2009 son una muestra de ello. Los casos fueron documentados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Los argumentos para detenerlos fueron supuestos vínculos con la delincuencia organizada o con la guerrilla, cuando se trataba de líderes de pueblos.
“Se recrudeció la persecución contra el movimiento social y el mismo gobierno asumió actitudes intolerantes que propiciaron una mayor polarización política”, expusieron los integrantes del organismo en el “Informe 2009 sobre la militarización del territorio y la criminalización de la protesta social”, elaborado por los miembros de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos.
También documentaron operativos extramilitares donde hombres encapuchados y vestidos de civil acompañan a los soldados en los despliegues. Basaron el informe en un recorrido realizado por las poblaciones de Las Ollas y Las Palancas, en el municipio de Coyuca de Catalán, en tierra caliente.
Se deslinda el Ejército
Testimonios de los pasajeros del autobús donde viajaba el indígena asesinado Bonfilio Rubio, señalan que una vez que los alcanzaron los militares encontraron cinco paquetes con mariguana y tras mostrarlos detuvieron al hombre de las botas de militar y al chofer que lo defendió.
A los dos se les acusó del delito de posesión de droga. Nueve días más tarde, el primero recuperó su libertad tras haberse comprobado que no cometió ningún delito, no así el segundo que fue remitido a la Procuraduría General de la República (PGR). Los organismos civiles desconocen la situación jurídica del chofer, pero no así del hecho que las autoridades no se responsabilizaran por los deudos de Bonfilio y por las graves violaciones que privan en Guerrero: un escenario incierto en donde el PRI, PAN, PRD y otros partidos disputan la gubernatura del Estado. El activista Manuel Olivares dice que la ciudadanía, por las experiencias políticas recientes o lejanas, no cree que las presentes elecciones vayan a resolver el grave rezago existente en Guerrero en derechos humanos.
