Los “daños colaterales” de la lucha contra el narcotráfico –como los ha catalogado el Gobierno de Felipe Calderón- tienen nombre y apellido, pero hasta ahora, los agentes y militares, responsables de cada una de las muertes o lesiones a víctimas inocentes, continúan en el anonimato y, sobre todo, sin recibir una sentencia.

De acuerdo con una revisión hecha por Animal Político de los datos recopilados por el Centro de Derechos Humanos Prodh , la información manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los  expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),  existen alrededor de 178 miembros del Ejército indiciados y 39 procesados por los “daños colaterales”.

Un General que se llama Raymundo –cuenta para Animal Político-  es el único que se ha acercado a la familia. Les llama desde el Centro de Vinculación que creó la Sedena para mantener el contacto con las víctimas inocentes de la guerra contra el narcotráfico. Les ofrecen apoyo psicológico y médico, pero ellos lo que quieren son respuestas.

Mientras los días se suman en el calendario y alcanzan ya los 10 meses de esperar una justicia que no termina por llegar, doña Rosa Elvira asegura que no hay avances en el proceso que se abrió contra los presuntos responsables de la muerte de su hijo.

“El vivir es Cristo y el morir es ganancia”, responde cuando la pregunta le llega como una ráfaga, ¿Cómo están?. “Todo nos recuerda a Jorge”, es lo único que puede decir.  “Nos sentimos tristes”, se despide y vuelve a orar para recobrar las fuerzas.

Víctimas inocentes de la lucha contra el narco

Los Angulo Córdova de Tabasco, los Almanza Salazar de Tamaulipas, el mismo Jorge Antonio Mercado Alonso y su amigo Javier Arredondo Verdugo, ambos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, los alumnos de Salvárcar en Ciudad Juárez, el médico Mario Robles Gil de Colima, los periodistas, Eliseo Barrón de Coahuila,  Juan Daniel Martínez Gil, de Guerrero y otros nombres más que se han acumulado a una lista que parece no tener fin.

Son, en total, 111 personas que murieron y 95 que resultaron lesionadas de acuerdo con las estadísticas y el seguimiento que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ahora, el Ombudsman se ha encargado de presentar, de manera directa, las denuncias penales ante el Ministerio Público para garantizar el seguimiento de las investigaciones que se inician a partir de las quejas de los familiares de las víctimas, o bien, por oficio.

De esta manera, el año pasado se interpusieron 34 denuncias que involucran lo mismo a militares que a policías federales y estatales.

Y aunque la impunidad, ha sido el signo que acompaña los procesos para sancionar a los responsables, el Primer Visitador asegura que día a día se abren expedientes para dar el seguimiento a los casos, al 31 de diciembre sumaron 111 víctimas y al 14 de enero ya eran 4 personas, dos asesinadas y dos lesionadas en operativos vinculados con el crimen.

A pesar de los intentos por que se logre atender el primer reclamo que es la justicia y el segundo que es la reparación del daño, lo cierto es que hasta el momento ningún responsable ha sido sentenciado.

“De 30 Averiguaciones Previas, hablamos de por lo menos 30 personas bajo investigación”, indicó.

Un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional establece que a la fecha no hay ningún militar sentenciado por los homicidios de personas ajenas a la lucha contra el narcotráfico.

Luis Arriaga, representante del Centro Pro de Derechos Humanos, reveló los registros de procesos abiertos en la Sedena.

“Los datos que tenemos son que hay personal militar sujeto a investigaciones en la jurisdicción Militar, por ejemplo hay varios indiciados, procesados, pero no hay sentenciados. De hecho, tenemos solamente datos de 7 sentenciados pero por cuestiones administrativas. En el caso de recomendaciones emitidas como resultado de la lucha contra el narcotráfico  no hay ninguna sentencia. Hay 178 indiciados, 18 jefes, 27 oficiales y 133 de tropa; procesados un jefe, 7 oficiales y 31 de tropa. Es decir 39”.

Sin embargo, el hecho de que sean los mismos militares los que realicen las investigaciones y realicen los procesos penales genera desconfianza y propicia la impunidad, a decir de las Organizaciones de la sociedad civil.

La CNDH aseguró que existen algunos casos que se han reportado donde no existen nombres de las víctimas, por lo que se tiene que abrir un expediente para buscar a los familiares e iniciar las investigaciones hasta llegar, incluso, a la denuncia penal, porque el organismo ya no se debe limitar a emitir recomendaciones que, en algunos casos, ni siquiera son aceptadas.

Informe y recomendaciones

Al cierre del 2010, la CNDH  reportó la muerte de 111 personas, 38 de ellos, eran menores de edad.

Y en el caso de las personas que resultaron lesionadas durante las acciones de cuerpos militares y de seguridad, al menos 13 eran menores de edad y 82 adultos.

Las estadísticas revelan que 30  de las víctimas inocentes, fallecidas y lesionadas, durante las operaciones de autoridades de los tres niveles de gobierno son mujeres y en total, 80 no fueron identificados.

El reporte de la CNDH fue elaborado a partir de los expedientes que se han abierto en cada uno de los casos y que han dado pie a las recomendaciones y denuncias penales que se han presentado ante agentes del Ministerio Público en un intento por evitar que continúe imperando la impunidad.

En el documento se señala que la autoridad que más recomendaciones y denuncias ha recibido es la Secretaría de la Defensa Nacional con 22, seguida por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Marina, la Procuraduría General de la República y con una mención aparecen los gobiernos estatales de Coahuila, Nuevo León y Sinaloa.

Recomendaciones en materia de seguridad pública en el años 2010