La Auditoría Superior de la Federación presentó su informe correspondiente al 2009 con la síntesis de todas las auditorías realizadas a dependencias públicas. Por lo pronto, aquí nos dimos a la tarea de revisar los reportes publicados y hacer una síntesis con los 10 hallazgos con los que algunos podrán reír, y otros, simplemente llorar.
1.
En el reporte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación, se detallan algunas irregularidades encontradas en la gestión financiera del Fideicomiso del Bicentenario. Para empezar, en enero del 2010 se le transfirieron 600 millones de pesos, a pesar de que tenía recursos disponibles por mil 696 millones de pesos y compromisos por pagar en 2010 que sumaban mil 438 pesos. No sólo no le hacían falta recursos, sino que le sobraban más de 250 millones de pesos.
Si como dice el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, con 6 mil pesos mensuales puede vivir holgadamente una familia en México; con los recursos extras al Fideicomiso del Bicentenario hubieran podido vivir 8,333 familias un año.
2.
Dentro de ese mismo informe se detalla que aunque el Fideicomiso del Bicentenario se creó para erogaciones en 2010, en 2009 se gastaron 155.4 millones de pesos no justificados. Entre las cosas pagadas con esos millones están: desfile de “niños por el Bicentenario” (26.8 millones); ceremonia del grito en 2009 (45.9 millones), o una verbena popular en el interior del Palacio Nacional el 15 de septiembre de 2009 (11.9 millones).
3.
¿Se acuerdan del Arco del Bicentenario, también conocido como “Estela de Luz”? Sí, el que sigue sin inaugurarse. Pues resulta que antes de contratar a la empresa que realizaría la construcción se gastaron 31.2 millones de pesos. La mayoría de éstos se pagaron a Turissste, y entre las cosas en las que se invirtieron están: presentación pública de la convocatoria (14.8 millones); exposición de proyectos de los participantes (8.3 millones) y colocación de la primera piedra (1.8 millones).
4.
En el reporte sobre la gestión financiera de la Cámara de Diputados también hay unas cuantas joyitas. Por ejemplo, al comparar en la cuenta pública el presupuesto ejercido en el capítulo 1000, “servicios personales”, contra las nóminas y los pagos fuera de nómina, resulta que la Cámara se gastó 4.4 millones más en “compensaciones por servicios especiales a empleados” y 125.3 millones más en “prestaciones para el personal de la Cámara de Diputados”. ¿Les parece poco? Eso es más que el presupuesto anual del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Además, en el análisis de la partida 2204, “productos alimenticios”, se ejercieron 92.4 millones de pesos. Resulta que de éstos, 12.1 millones son reembolsos a grupos parlamentarios, que según la propia ASF, son “bienes y servicios adquiridos directamente y contratados por los propios Grupos Parlamentarios para la celebración de eventos organizados por ellos mismos. Derivado de ello, esta entidad de fiscalización superior de la Federación no cuenta con información que le permita verificar que la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios se llevaron a cabo bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el Estado”. De esos 12.1 millones de pesos, 8.2 millones fueron para el PAN y 2.8 millones para el PRI, mientras que para el PRD fueron 701 mil pesos, PT 298 mil pesos y Nueva Alianza 43 mil pesos.
Nota curiosa: 566 mil pesos de esos 12.1 millones fueron para la “contratación de grupos musicales y artistas”.
5.
Mil 300 pesos gasta al mes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por cajón de estacionamiento arrendado. En total, unos 644 mil pesos mensuales, distribuidos entre el edificio Pablo de la Llave con 100 cajones arrendados, 44 de ellos para visitas, en donde además hay que pagar 355 mil anuales por el servicio de policía auxiliar; y entre el Centro Sociocultural y Deportivo “José López Portillo, A.C.” que le renta 40 cajones, aunque no tienen razón social de estacionamiento, y por tanto, el Trife se vio en la necesidad de también ahí pagar otros 355 mil pesos para tener dos elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en turnos de 24 horas.
6.
Si pensaban que la Presidencia de la República salió ilesa del informe, se equivocan. En el análisis de su gestión financiera se reporta que con cargo a la partida 1512, “otras prestaciones”, se gastaron 651 mil pesos en apoyo económico para gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación de vehículos particulares propiedad de cinco funcionarios… que tenían un vehículo oficial asignado.
7.
Y entonces, la Cédula de Identificación de Población a cargo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, de la Secretaría de Gobernación, resulta ser que los mil 017 millones que se utilizaron en la partida 3306, “servicios de informática”, para contratar servicios informáticos para el registro de datos biométricos, terminaron usándose para adquirir ellos mismos los equipos de registro. ¿Eso qué implicó? Que los recursos se reorientaran a partidas en las que no se tenía contemplada la contratación de personal eventual y dos mil equipos de cómputo (y su respectivo software).
En total se contrataron 63 plazas en cuya ocupación “la entidad fiscalizada exentó al personal del proceso de reclutamiento y selección”.
Además, se transfirieron 516 millones, no utilizados, al Ramo 23 (“Previsiones Salariales y Económicas”) como “ahorros presupuestarios” y no como lo que son: subejercicios.
8.
A cargo del IFE está la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral, y en el informe correspondiente a este rubro hay una inquietante historia en tres actos:
Primero, en el contrato para la implementación del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), se gastaron 79.9 millones más de lo autorizado por la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Segundo, al proceso de licitación para la adecuación de las instalaciones se convocó a una empresa que tenía observaciones “no solventadas” generadas por una auditoría practicada por la propia contraloría del IFE. Para colmo, el participante ganador no cumplió con la totalidad de requisitos establecidos por el propio instituto.
Tercero, y aquí vale la pena citar textual el reporte, “en los periodos del 3 de mayo al 5 de julio de 2009 y de julio de 2009 a mayo de 2010, el SIATE no monitoreó el 35.5% y 37.5%, respectivamente, de las señales establecidas en el contrato. Se verificó que se monitorean mil 500 señales de las 2 mil 319 planeadas. En aspectos técnicos, se verificó que en 2009 se modificaron de forma manual los registros de la base de datos sin contar con la fecha de los cambios […] por lo que no se puede determinar el nivel de confiabilidad de reconocimiento de los materiales transmitidos en radio y TV. Se comprobó que en la base de datos existió pérdida de registros y éstos fueron reconstituidos de forma manual, posterior a la transmisión por la emisora”. Así, en los dos meses anteriores a la elección del 2009 se monitoreó sólo el 64.5% de las señales planeadas, y además hubo pérdida de registros.
9.
En la auditoría a Banobras relacionada con ingresos por cuotas de peaje, en la que se auditaron 1,221 millones de pesos (de un total de 19 mil 245 millones), se reporta que Banobras no ha recuperado o no ha aclarado ingresos por cuotas de peaje no depositados por Capufe por un total de 150.1 millones de pesos. Además, el fideicomiso pagó 46.6 millones de pesos por el uso de tarjetas de crédito o débito, a pesar de que en la licitación se estableció que “el licitante ganador debería absorber la comisión”. Así las cosas.
10.
Al final, la partida 7802, “aportaciones a mandatos públicos”, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que la ASF revisó 3 mil 439 millones de pesos (de 5 mil 468 millones de pesos). Y se preguntarán, ¿qué es un mandato público? El propio reporte nos dice que bajo esta figura, “la SHCP abrió la posibilidad de que se creara una figura a la que denominó ‘mandato público, término no previsto en la legislación pública, susceptible de recibir aportaciones con cargo en el presupuesto de cualquier dependencia, constituyéndose un patrimonio independiente al de la hacienda pública federal proveniente de erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación y cuya aplicación o gasto no está sujeto a la legislación presupuestal”. Son pues, gastos discrecionales, reportados pero no programados.
Pues resulta que bajo este rubro, la SHCP erogó 3 mil 439.7 millones de pesos a instituciones en calidad de mandatarios, a pesar de que en la ley no se prevé que estas figuras puedan contar con patrimonio independiente o que puedan recibir aportaciones a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Quiénes se beneficiaron y con qué fin? Primero, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) con 2 mil 900 millones de pesos como mandatario y en apoyo del pago de pasivos derivados del proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Segundo, el Inmujeres con 437.5 millones como parte del cumplimiento de la política nacional de igualdad en las entidades y municipios. Tercero, el Banjercito con 250 millones, para el apoyo a la adquisición de vivienda en el personal de tropa.
