La Auditoría Superior de la Federación (ASF), es un órgano que carece de dientes legales y operativos para investigar a los funcionarios que le han causado daño al erario público. En más de una década, varias han sido las irregularidades que el organismo ha detectado en las finanzas públicas, pero en ningún caso se han logrado encarcelar a los responsables.
Aún cuando el órgano dependiente de la cámara de diputados, ha comprobado con sus auditorías actos de corrupción, favoritismo y malversación de recursos públicos, como fue la compra de la cartera vencida a los banqueros rescatados por el FOBAPROA y el desvío de más de tres millones de pesos en 2005 por parte de la organización PROVIDA, lo que se podría traducir en un adecuado manejo de las finanzas, en la práctica sus dictámenes carecen de elementos para fincar sanciones penales a los responsables.
En más de una década, la ASF ha presentado 75 “denuncias de hechos” ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). De ese total, sólo el 7.3 por ciento se encuentra en manos de los tribunales de justicia. El resto de las investigaciones, aunque se concreta la devolución total o parcial del dinero, siguen “en proceso” o están archivadas ante la falta de pruebas.
“Mucho ruido, pocas nueces”
Desde su creación, la ASF se ha encontrada limitada para auditar de manera directa los archivos contables de las dependencias denunciadas públicamente por malos manejos o actos de corrupción. De acuerdo con la ley vigente, el Auditor le pide a los directivos de esas instancias una explicación escrita de los hechos. En la respuesta, los directivos tienen que describir la procedencia o improcedencia de las denuncias, las actuaciones que han tenido sobre el tema y, en caso de existir, las sanciones que han impuesto a los servidores públicos involucrados.
La limitante de no efectuar auditorias independientes sin embargo, no es la única causa que mantiene atada de manos a la Auditoría cuando se trata de encontrar a los responsables de malversar los recursos públicos. El retardo de más de un año para vigilar los gastos de gobierno, provoca que el máximo órgano fiscalizador del país este impedido para detectar en el momento la afectación que se hace del erario.
“Mucho ruido y pocas nueces”, señala el diputado panista Gastón Luken, cuando se le pregunta sobre el trabajo que realiza la ASF.
El legislador es de los que piensa que se le debe dotar de mayores atribuciones, presupuesto y herramientas legales este organismo para realizar mejor su trabajo. Integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la cámara de diputados, asegura que este será un tema que “se tendrá que discutir en tribuna”.
Por lo pronto, en el Congreso de la Unión existe una propuesta del Partido Convergencia para cambiar la ley que regula las funciones de la ASF, que consiste en otorgar mayores atribuciones legales para vigilar y sancionar, y otra presentada por el PRI con la que buscan crear un tribunal de justicia fiscal y administrativo que juzgue y castigue a los causantes del mal uso de los recursos públicos.
Autonomía para fiscalizar
Adelantar, gradualmente, el plazo de presentación de la cuenta pública; realizar de manera directa las revisiones de situación excepcional; presentar de manera individual y conforme vayan concluyendo los informes de las auditorías practicadas, son tres de los puntos que según el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, se requieren legislar en la cámara de diputados para lograr un mejor desempeño.
Lo anterior fue solicitado por el Auditor este miércoles 16 de febrero, en el marco de la entrega de los resultados de la cuenta pública 2009 a los diputados que integran la Comisión de Vigilancia de la ASF en el Congreso de la Unión. Durante su participación, donde habló y enumeró los resultados obtenidos por el organismo que dirige, Portal se dio un espacio para pedir a los legisladores “el impulso de modificaciones constitucionales y legales”.
También aprovechó para recordarles que desde noviembre pasado tienen una propuesta para conformar un Sistema Nacional de Fiscalización, el cual buscaría “que todos los órganos que llevan a cabo labores de fiscalización”, se apoyen para lograr una “revisión coordinada, más sistemática y con mayor cobertura y alcance, del desempeño gubernamental”.
Con sus declaraciones, el contador público Juan Manuel Portal se une a la lista de auditores que en la última década, han solicitado a la cámara de diputados una serie de reformas para hacer más eficiente el trabajo de la ASF.
Al igual que sus antecesores y los diputados de Convergencia y el PRI, que en la presenta legislatura presentaron dos iniciativas relacionados con la fiscalización de los recursos, el Senador Manlio Fabio Beltrones, se ha pronunciado a favor de convertir a la Auditoría en un órgano autónomo, es decir que no dependa del Congreso de la Unión. La propuesta del Senador la retomó de un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que entras otras cosas propone descentralizar las instancias de fiscalización en el gobierno.
Sin responsabilidades en CFE.
A la lista de asuntos en los que la ASF no ha podido detectar irregularidades en el manejo de los recursos públicos al no contar con las herramientas jurídicas para realizar auditorías de manera independiente, se suma la revisión que en este último informe hizo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la entrega de un millonario contrato a cambio de sobornos, a la filial texana de la multinacional suiza de servicios eléctricos ABB y que en Estados Unidos fue un hecho ampliamente investigado .
En noviembre de 2009, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la captura de John Joseph O´Shea, representante en Texas de la ABB, y de su socio mexicano Fernando Maya Basurto, al descubrir que coludidos con “varios” funcionarios mexicanos de la CFE, recurrieron en prácticas ilegales, lavado de dinero y corrupción para obtener contratos.
A través de un comunicado oficial, la dependencia estadounidense informó que contaba con la declaración de O´Shea y Maya, quienes en sus declaraciones ministeriales se declararon culpables y aceptaron la participación de funcionarios mexicanos.
Tras las investigaciones del Departamento de Justicia difundidas por la prensa mexicana y estadounidense, la ASF ordenó al director de la CFE, Alfredo Elías, un informe escrito donde explicara el sustento de las denuncias. En su carta de respuesta, el Funcionario dijo que tenía conocimiento de una denuncia penal por estos hechos interpuesta en la PGR desde el 2005, contra Gustavo Salvador Torres –quien fuera subdirector del Centro Nacional de Control de Energía de la CFE-. Después agregó que una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) les arrojó que no existían elementos para establecer que Torres recibió sobornos para favorecer la entrega de un contrato a la multinacional suiza.
La respuesta no dejo satisfecho al Auditor, quien en enero de 2010 ordenó que se fiscalizaran los contratos de la paraestatal con la empresa ABB México. Sin embargo, tuvo que pasar más de un año para que este órgano legislativo diera a conocer este miércoles que luego de revisar el contrato, no existen anomalías.
En el informe entregado este miércoles, explicaron que el contrato con ABB fue para adquirir dos subestaciones de energía eléctricas en proyecto denominado: Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, en Huatulco, Oaxaca. El contrato se firmó por 3 millones 377 mil dólares. “Se constató que el proceso de adquisición se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y que participaron tres proveedores”.
Mientras en Estados Unidos ya se comprobó las operaciones delictivas realizadas en complicidad con funcionarios de la CFE, en México las investigaciones de la ASF son la muestra a más de una década de su creación, que sigue siendo un órgano sin dientes al momento de castigar e investigar los grandes desfalcos que se han dado en la Nación.
En noviembre del 2009, Transparencia Internacional, dio a conocer los resultados de su última medición del índice de Percepción de Corrupción (IPC), en el cual México cayó 17 lugares al posicionarse en el lugar 89 de una lista de 180 países
México obtuvo una calificación de 3.6 de 10 puntos posibles junto con otros países como Bulgaria, Macedonia, Perú, China, Surinam y Trinidad y Tobago.
En este informe, México se ubica a la mitad de la tabla en niveles de corrupción en América Latina, al quedar en el número 14 del IPC de 32 países examinados. Canadá fue el menos corrupto (8.7 puntos de transparencia de 10 posibles) y Haití es el más corrupto de América, con 1.4 puntos.
México no se movió del mismo lugar que ocupó desde hace tres años. En 2006, México también estuvo en el lugar 72, donde compartió lugares con Marruecos, China, Suriname, India, Perú y Brasil (quien descendió al número 80 por su incremento de corrupción), con 3.5 puntos.
La Auditoria Superior de la Federación en números
945 auditorías practicadas en el ejerció fiscal 2009 a dependencias federales
484 auditorías a estados y municipios
7 mil 296 observaciones realizadas con motivo de las auditorías
5 mil 909 observaciones fueron preventivas
2 mil 829 observaciones fueron correctivas
41 denuncias de hechos se tenían contabilizadas hasta el ejercicio 2008.
34 observaciones derivaron en denuncias de hechos en el ejercicio 2009 (cifra histórica para una
revisión de cuentas)
9 denuncias de hechos de la revisión 2009 son para CONAGUA
8 denuncias de hechos contra SAGARPA
7 denuncias de hechos contra la SEP
3 denuncias de hechos contra la CFE
2 denuncias de hechos contra el estado de Oaxaca
1 denuncia de hechos contra el estado de México
7 mil 35 millones de pesos las cuentas que se pretenden recuperar en el 2009.
44 mil 831 millones de pesos las cuentas que se han recuperado de 2001 a 2009.
