Creado por el Congreso de Estados Unidos hace 3 años para apoyar a México en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, el Plan Mérida no es la estrategia confiable y segura con la cual los norteamericanos buscaban contribuir en la “guerra” que desde el inicio de su administración, el presidente Felipe Calderón le declaró a los cárteles de la droga.
Los estadounidenses son los que no han cumplido con lo pactado en el tratado. Dotado con una bolsa de asistencia de mil 600 millones de dólares, en uno de los puntos del plan se acordó la compra de equipo, tecnología, así como el financiamiento para entrenamiento y capacitación a las dependencias mexicanas que hacen trabajo de inteligencia, policiaco y militar, pero en la práctica es un tema inconcluso y poco transparente.
De las ocho dependencias mexicanas que recibirían los beneficios de los estadounidenses, sólo cuatro los obtuvieron: la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Por el contrario, la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Salud (Ssa), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Presidencia, no recibieron recursos de Estados Unidos
Además, las autoridades en México desconocen cuándo se hará la entrega final del equipo, tecnología y entrenamiento que prometieron los estadounidenses.
Desconoce compromisos SRE
El incumplimiento del tratado con el que los estadounidenses buscan una salida con México para contener la violencia que se vive de este lado de la frontera, lo descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe de la cuenta pública 2009 que el miércoles 16 de febrero entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
“En tres de los cuatro mecanismos de instrumentación (financiamiento, entrenamiento, equipo y tecnología) mencionados, se estableció que EUA (Estados Unidos de América) pueda dar por terminados los compromisos en cualquier momento, porque no hay certeza de que se transfiera la totalidad del equipo, tecnología y entrenamiento comprometido”, indicó la ASF en el informe.
La Auditoría además, concluyó que la Secretaría de Relaciones de Exteriores (SRE) de México no contaba con informes veraces que permitieran conocer las fechas y los montos de los acuerdos que se han implementado desde la puesta en marcha del plan. Esto ha provocado que no se conozca “el estado real del cumplimiento de los compromisos establecidos” con Estados Unidos.
Ante las inconsistencias detectadas, la ASF ordenó al órgano de control interno de la SRE que investigara y fincara responsabilidades administrativas a los servidores públicos que contaban con la información de los acuerdos tomados en el plan, además que recomendó que establecieran los mecanismos que les permitieron tener la información confiable sobre el estado de cumplimiento de la iniciativa. Esta ultima indicación, la hizo a otras cuatro dependencias que no habían implementado esos sistemas.
La parábola del plan
Aun cuando resulta imposible conocer hasta qué punto la falta del equipo y entrenamiento estadounidense ha repercutido en las estadísticas delictivas, lo cierto es que los crímenes relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada se incrementaron en los últimos tres años, así como el consumo interno de drogas.
Esas fueron otras de las conclusiones a las que llegó la ASF, al fiscalizar los resultados que ha tenido el gobierno federal en materia de combate al narcotráfico. El informe señala que el número de consumidores de drogas en el país se incrementó de 3.5 a 4.5 millones, aparte mencionan que la criminalidad se elevó en 200% y que de ocupar el lugar decimoquinto a nivel internacional de muertes por cada 100 mil habitantes, pasamos al lugar quinto.
Los asesinatos son la postal diaria de la prensa nacional e internacional. En poco más de cuatro años de gobierno calderonista se han contabilizado cerca de 25 mil muertes. Una de las más recientes ocurrió el martes 15 de febrero en San Luis Potosí, México, cuando dos agentes aduanales de Estados Unidos fueron baleados luego de sostener una reunión de trabajo con representantes de su país en ese estado.
En el ataque, Jaime Zapata murió y su compañero quedó herido. La hipótesis más fuerte es que los agentes fueron emboscados por una célula del narcotráfico vinculada con Los Zetas, brazo criminal del cártel de la droga que encabeza Héctor Beltrán Leyva.
Irónicamente, la muerte del agente especial de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) que se desempañaba como diplomático agregado de la embajada estadounidense en la ciudad de México, se dio un día antes de que la ASF revelara que las autoridades norteamericanas no han cumplido con la pactado en el Plan Mérida. Pacto que surgió para combatir a los cárteles de la droga, que ahora no sólo asesinan a enemigos, víctimas inocentes, periodistas o policías honestos y deshonestos, también atacan a los agentes que se desempeñan como agregados diplomáticos de Estados Unidos en México.
