Durante la primera audiencia pública en la investigación que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos contra WikiLeaks, se solicitó obtener los datos personales guardados en Twitter de las tres personas vinculadas con las filtraciones, según informes The Washington Post.
Los activistas investigados son la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir y los programadores informáticos Rop Gonggrijp y Jacob Appelbaum, holandés y estadounidense respectivamente.
Por tanto, la jueza Theresa Carroll Buchanan del tribunal de Alexandria (Virginia) ya ordenó en diciembre a Twitter que abriera las cuentas de las tres personas investigadas por el Gobierno.
No obstante, la Fundación de la Frontera Electrónica (EFF) y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) se unieron a la defensa de los acusados, con el argumento de que la revelación de datos personales viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
John Keker, el abogado de uno de los acusados, aseguró en la audiencia que la información de localización contenida en las cuentas de Twitter permitiría al gobierno crear un mapa de personas relacionadas con WikiLeaks, lo que perjudicaría a la libertad de expresión en la web.
“El Gobierno dice que cuando te conectas a Twitter, no puedes esperar que haya privacidad. Pero no estamos hablando de una cuenta telefónica. Ni de extractos bancarios. Esto es algo diferente”, recalcó Keker.
John Palfrey, profesor de derecho de Harvard, señaló que el gobierno está utilizando los argumentos del siglo XVIII con la tecnología del siglo XXI.
La defensa del caso también pretende que el tribunal desclasifique todos los documentos que estén relacionados con la intención de la acusación de obtener información de Twitter y de otros sitios como Google o Facebook.
Redacción Animal Político.
