Tras 15 días de permanecer fuera del aire, Carmen Aristegui regresó este lunes a conducir su noticiero radiofónico luego de su desencuentro con los propietarios de la cadena MVS por haber hecho comentarios en vivo sobre un supuesto alcoholismo del Presidente Felipe Calderón, circunstancia que creció durante cuatro años como un rumor o una versión sin sustento en las redes sociales y en algunos portales de internet.
Pero más allá de esta polémica que derivó en una crisis política, una pregunta quedó sin respuesta: ¿La salud física y mental del mandatario es o no un asunto de interés público?
La Presidencia de la República, los legisladores y un sector de la izquierda partidista encabezada en este caso por el diputado petista Gerardo Fernández Noroña se han visto enredados en esta polémica sin responder a esta interrogante.
Esta es la tercera entrega de una investigación hecha por Animal Político sobre el tema de la salud pública de los gobernantes el cual ha sido discutido durante los últimos 35 años en las democracias más antiguas y que ha pasado desapercibido en México aun cuando se tiene una Ley Federal de Transparencia y sus sistema de rendición de cuentas que ha servido de modelo para otras naciones de Centroamérica y el Caribe y, sobre todo, una alternancia en el poder presidencial desde 1 de diciembre del año 2000.
El pasado 3 de febrero del 2011, dentro de la Cámara de Diputados Fernández Noroña extendió una manta que cuestionaba lo siguiente: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No verdad? ¿Por qué lo dejas conducir al país?
En atropelladas entrevistas, el legislador defendió su derecho a decir lo que piensa y, sin ofrecer pruebas, aseguró que Calderón ha tomado decisiones de Gobierno en estado de ebriedad.
Creerle a Fernández Noroña era un acto de fe. En las 344 mil referencias en los buscadores de internet –en donde se incubó el rumor- no hay una sola prueba documental o dato alguno que permita sostener que Felipe Calderón tomó decisiones importantes para el país en supuesto estado de ebriedad.
Desde el 9 de diciembre del 2008 –hace dos años y dos meses antes de esta crisis- en los momentos en que el Vaticano impidió que el ex presidente Vicente Fox se volviera a casar por padecer trastornos de personalidad, Ricardo Monreal, senador del Partido del Trabajo (PT) –al que pertenece Fernández Noroña- presentó una iniciativa de reforma para que los mandatarios sean sometidos exámenes antes de asumir el cargo: uno de aptitudes, otro físico (que incorpore el antidoping y el de adicción al alcohol) y uno mental. Los resultados serían públicos.
Al subir a la tribuna en San Lázaro, Fernández Noroña solo mostró la referida manta. En sus siguientes intervenciones no propuso alguna medida para transparentar la salud de los funcionarios. Nunca hizo referencia a la iniciativa de su compañero de partido. De hecho, él ha subido 240 veces a la tribuna y sólo ha presentado una iniciativa.
Por su parte, la Presidencia de la República no se ha decidido a emprender reformas sobre la transparencia en la salud del mandatario. Y tampoco lo ha hecho su partido cuya bancada en San Lázaro se retiró de la sesión cuando Noroña sacó la manta.
El pasado 9 de febrero, el secretario particular de Presidente, Roberto Gil Zuarth, dio un mensaje en el cual advirtió que Felipe Calderón goza de cabal salud para cumplir con sus obligaciones hecho que resulta “incompatible con los infundios, los rumores y aun las dudas que dolosamente se propagan con interés de dañar al Presidente y a su familia”.
Esta es la primera vez en que la Presidencia enfrenta un rumor que venía manejándose, prácticamente, desde la precampaña a la Presidencia del propio Felipe Calderón. No obstaste, este mensaje no fue acompañado de alguna reforma sobre la materia.
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está obligado por ley a someterse a exámenes médicos anuales cuyos resultados son públicos y se colocan sin tachaduras en el portal de internet de la Casa Blanca.
En el resumen de los exámenes médicos aplicados a Obama en el año 2009 –los correspondientes al 2010 todavía no aparecen- se encuentran, por ejemplo, recomendaciones para el presidente estadounidense como el hacer ejercicio diario, una dieta saludable y un con consumo moderado de alcohol toda vez que necesita bajar su colesterol de 138 a 130.
¿La salud física y mental del Presidente es o no un asunto de interés público? ¿Puede reglamentarse en México? Preguntó Animal Político a tres especialistas en transparencia.
–Emilene Martínez, integrante del colectivo México Infórmate
“¿Por qué no ponemos la mirada un poco más allá? Hay que mirar hacia el sistema de rendición de cuentas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos sobre la salud de sus presidentes. Ahí cada año se publica el resultado los exámenes aplicados, en este caso, a Barack Obama.
“Para mí la transparencia en la salud de quienes tienen entre sus manos la responsabilidad del país sí es un tema de interés público y debe reglamentarse en su favor. Lo mismo sucede con quienes aspiren a ser candidatos a la presidencia en el año 2012, es decir, deberían presentar una constancia de que gozan de buena salud y hacer público ese dictamen”.
-Juan Pablo Guerrero, excomisionado y fundador del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y actual asesor en transparencia presupuestal en la International Budget Partnership.
“No hay evidencias de un supuesto alcoholismo de Felipe Calderón. Pero respecto a la transparencia en la salud de los presidentes hay dos opciones: 1) La información sobre la salud física y mental de los servidores públicos, en esto caso, de los mandatarios debería permanecer como “clasificada” a menos que ocurra algo inocultable y contundente que ponga en riesgo la vida o nulifique por completo la capacidad de tomar decisiones.
En este caso se trata de una política de Estado en el sentido de transmitir o difundir el estado de salud del presidente cuando sea absolutamente necesario. Por ejemplo, si será sometido a una cirugía de alto riesgo, a una anestesia general, a quizá a una quimioterapia.
2).- Se puede regular que los aspirantes a puestos de elección popular presenten un certificado de salud o sean sometidos a exámenes antes de que inicie la competencia en las urnas. Esta es una alternativa pero hay que reglamentar en cualquiera de los dos casos.
– John Ackerman, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en temas de transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción.
“Si una persona decide aceptar un cargo público debe ceder para que una parte de sus datos personales sean públicos. Esto es un tema que se ha discutido desde hace tiempo dentro del IFAI, desde los tiempos en que negó el acceso a las fotografías de los funcionarios por razones de seguridad. Pero creo que no se puede tener un bloqueo absoluto sobre los datos personales de los servidores públicos.
“En este sentido la gente tiene que saber si un funcionario puede o no cumplir con el encargo. En el caso del Presidente se puede reglamentar que se transparente su estado físico dejando a salvo el resto de sus datos. Su estado de salud le da certeza a la gente sobre cómo está quien conduce al país.
“Uno de los requisitos para desempeñar un cargo público es gozar de buena salud física y mental. Y, si cualquier persona estuviera en malas condiciones los afectados serían los ciudadanos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para transparentar esa salud? Eso es parte de la discusión. En un hipotético caso ¿se permite que un presidente que tome antidepresivos o sea alcohólico mientras esté en funciones? Esa es materia de otra discusión, de una reglamentación una vez que se ha decidido que la salud de los funcionarios es de interés público”.
