Ni con aumento presupuestal mejoran las cárceles

Ni con aumento presupuestal mejoran las cárceles

La lucha del Presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública y justicia no ha alcanzando los resultados esperados, de acuerdo con las últimas estadísticas elaboradas por la Cámara de Diputados, relacionadas con el sistema penitenciario del país, el procedimiento de las sentencias y los programas de readaptación social de los convictos.

De 2007 a la fecha el gobierno federal emprendió, para enfrentar esta problemática, una inusitada inversión presupuestaria en el rubro de prisiones, el cual pasó de 2.8 mil millones a más de 10 mil millones de pesos, respectivamente.

Sin embargo, ya erogados esos recursos, que en términos nominales se multiplicaron más de cuatro veces, persiste una crisis penitenciaria profunda que nada ha ayudado a resolver el problema de inseguridad.

La investigación, elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, sostiene que las reformas constitucionales al sistema penitenciario hechas en 2008 a petición del Ejecutivo Federal, no han contribuido a mejorar las prisiones, pues continúa un alto índice de  saturación de la población recluida, una mala y tardía aplicación de la ley, y los programas que buscan la reinserción de los reos a la sociedad siguen siendo ineficaces

“Desde diferentes perspectivas académicas y de investigación se ha documentado que el sistema penitenciario de México está inmerso en una severa crisis. Por una parte, no existen evidencias sólidas para sostener que la reclusión constituye a reintegrar a los acusados a la sociedad o desminuir la delincuencia. Por el contrario, existen múltiples evidencias que ilustran que las cárceles castigan más a los pobres y delincuentes menores; que al interior de los penales existe una gran corrupción y que predominan condiciones de saturación y hacinamiento en la gran mayoría de ellos”, sentencia el documento.

Esta situación provoca, entre otras cosas, que se estrechen lazos entre internos de alta peligrosidad, lo que provoca la persistencia de prácticas delictivas. Asimismo, se presentan fenómenos de autogobierno y hechos delictivos que, desde el interior de las cárceles, afectan a la población civil.

Según la información sustraída del documento “Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias”, en México existe una tasa de 207 prisioneros por cada 100 mil habitantes. Esta cifra ubica a nuestro país entre las naciones con mayor población penitenciaria en el mundo.

La sobrepoblación, continúa el estudio, tiene como consecuencia otro problema, como es la inadecuada clasificación de los reos, ya que no están separados en función de su peligrosidad, del tipo de delito que cometieron y del estatus legal en el que se encuentran. A la fecha, están en prisión 25 por ciento más de las personas que estaban internas en 2003.

“Entre 1997 y 2001 dicha saturación fue, en promedio, de 24 por ciento; en tanto, para los años 2002 a 2010 el promedio de saturación tuvo un registro de 28 por ciento… Hasta marzo de 2010 la Secretaría de Seguridad Pública reportó que el sistema penitenciario  del país tenía una capacidad para 172 mil 322 internos; sin embargo, se encontraban recluidas 229 mil 426 personas”, muestra la investigación.

Los reclusorios federales con mayor sobrepoblación son los que se ubican en el Distrito Federal y Nayarit. En el primer caso, hay tras la rejas 42 mil 292 personas, cuando su capacidad es de19 mil reos.

En el caso de Nayarit, la infraestructura penitenciaria tiene la capacidad de recluir a mil 320 personas, pero actualmente tiene 2 mil 604 personas, es decir, presenta una sobrepoblación del 97 por ciento de su capacidad.

En un segundo nivel de saturación se encuentran otras seis entidades, en las cuales existen tasas de sobrepoblación de entre 46 y 88 por ciento. Se trata de Sonora, Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla y Chiapas.

Reos a la espera de una condena

Un fenómeno que incide directamente en la saturación de los penales es la persistencia de procesos excesivamente largos para la aplicación de la condena. Es decir, a las personas que fueron acusadas de un delito se les aplicó la prisión preventiva y siguen en espera de una sentencia, y aunque la reforma promulgada en junio de 2008 estableció las modalidades para las cuales procede la aplicación de este recurso, la prisión preventiva es una constante.

Esta situación es una práctica frecuente tanto en el fuero común como en el federal. Y en esa lógica el documento legislativo constata que desde 1994, de cada diez personas recluidas, cuatro se encuentran esperando sentencia.

Para el caso de los internos del fuero federal, la población en calidad de “procesados” se encuentra en un rango de entre el 32 y 34 por ciento; en cambio, para los internos del fuero común, este rango se ubica entre el 47 y 49 por ciento.

Otro elemento que contribuye al hacinamiento, especialmente en el fuero común, es el encarcelamiento de personas que cometieron delitos menores, que son primo-delincuentes y que podrían pagar su sentencia de otra manera: con trabajo a favor de la comunidad o con penas sustitutivas de prisión.

“En 2008 fueron sentenciados con prisión 115 mil 227 delincuentes del fuero común en las 32 entidades federativas, de los cuales 81 por ciento (93 mil 720) tienen una condena menor a los cinco años. De este universo más de la mitad cometieron delitos de robo o daño en las cosas”, ejemplifica el estudio.

En ese sentido, la población más vulnerable a ser recluida es la que no cuenta con suficientes recursos económicos y que está imposibilitada a llevar desde el inicio de su proceso una adecuada defensa. Se trata de una tendencia que no ha sido erradicada en nuestro país.

De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en 2002, 2005 y 2009, en los penales del Distrito Federal, Morelos y Estado de México (entidades que abarcan 27 por ciento  de los internos del fuero común), la prisión y las condenas recaen principalmente en los estratos socioeconómicos más desfavorecidos.

Marcelo Bergman, uno de los autores de este estudio, afirma lo que ya es conocido: quienes terminan en la cárcel no son por lo general los delincuentes más peligrosos y sofisticados, sino mayoritariamente quienes no contaron con recursos para corromper a las autoridades o montar una defensa adecuada, lo que corrobora que la gran mayoría de la población carcelaria tiene condenas cortas por robos simples.

Esta misma tendencia se observa al analizar los casos de los sentenciados por delitos contra la salud: 8 por ciento de los internos a quienes se aplicó la encuesta estaba cumpliendo ya su sentencia, y el valor promedio que obtuvieron por la comercialización de las substancias fue de mil 168 pesos. Sólo en 10 por ciento de los casos los montos excedieron tres mil 900 pesos.

Lo que indica, a decir de Bergman, que la gran mayoría de quienes cumplen una sentencia por delitos contra la salud purgan sentencias por tráfico de drogas de muy baja cuantía y que lo que abunda en las prisiones no son los traficantes de mayor envergadura, sino los comerciantes en pequeño, o probablemente consumidores que fueron detenidos con cantidades que apenas superaban las toleradas para el consumo personal.

Regresando al documento elaborado en San Lázaro, todos estos escenarios impiden que se ejecuten a plenitud las reformas constitucionales de 2008, y ni el incremento de los presupuestos podrá revertir esta situación si no hay una transformación en los procesos de los internos por delitos menores. La población que está interna a causa de delitos menores genera un alto costo social y económico para el sistema penitenciario de México.

“En 2010 se estima que el mantenimiento de las personas sentenciadas en el país por delitos menores ascendió a 5 mil millones de pesos”, concluye el documento de trabajo.

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