La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) confirmó que Florence Cassez tendrá que purgar la sentencia de 60 años de prisión en el país porque, después de estudiar el caso, México llegó a la conclusión de que “consentir a su traslado significaría autorizar que otro Estado, de manera absolutamente injustificada, permita la reducción o, incluso, la anulación de la pena a la que los delitos cometidos por Florence Cassez en México le hicieron acreedora”.
En un comunicado de prensa, la cancillería recordó la carta que el presidente Felipe Calderón envió a su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, el 22 de julio de 2009, en la que explicó que las diferencias entre los sistemas jurídicos de México y Francia “no permiten a mi gobierno otorgar el consentimiento para que la señora Cassez sea trasladada a Francia para terminar de compurgar la condena impuesta por los tribunales mexicanos.”
La SRE informó que el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas establece que se requiere el consentimiento del Estado de sentencia y del Estado de ejecución para que se apliquen sus disposiciones.
Sin embargo, para México “es condición primordial la ejecución de la totalidad de la pena de 60 años de prisión, ya que la ley no permite que en casos de delitos graves como el de secuestro haya beneficios pre-liberatorios y reducción de sentencias.”
