Conformado en el sexenio de Vicente Fox para brindar “protección financiera a la población que carece de seguridad social” en México, el programa Seguro Popular ha servido para desviar recursos y enriquecer a empresas distribuidoras de fármacos en el país: en la cuenta pública 2009 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías por cerca de 3 mil millones de pesos en los recursos que ese año se entregaron a los estados para su operatividad.
Las anomalías más recurrentes son falta de documentación que justifique los gastos, pago de personal que no brinda servicios médicos, pago de compensaciones a médicos y directivos de hospitales, pago de bonos de fin de año, pago de exámenes de laboratorio no contemplados, compra de equipo no autorizado y pagos en “exceso” por la prestación de servicios.
El monto de las anomalías detectadas supera por mucho los 2 mil 500 millones de pesos promedio que cada año se destinan para el funcionamiento del programa “Seguro Médico para una Nueva Generación”, que como objetivo central tiene el proteger la salud de los niños mexicanos que nazcan en el sexenio de Felipe Calderón.
El negocio de los fármacos
Otra irregularidad detectada por la Auditoría en las cuentas del Seguro Popular fue que 24 estados presentaron problemas en la adquisición de los medicamentos.
En algunos casos se identificó la compra de medicamento más caro de lo establecido; en otros, la compra de medicamento que no pertenece al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y la falta de documentos que comprueben su costo real. En este renglón se presume un posible daño a las finanzas por 314 millones de pesos, poco más del 10% del total de las anomalías detectadas.
El problema de todo, comentó un funcionario de la ASF consultado de manera extraoficial –se pidió una entrevista oficial con el Auditor Superior para hablar del tema y la respuesta institucional es que “ya no estaba recibiendo a los representantes de los medios”–, es que todos los años las cuentas del Seguro Popular presentan los mismos problemas.
“Es un tema recurrente”, sostiene el funcionario de la Auditoría, quien de paso reconoce que es difícil conocer el monto de los daños causados al fondo del Seguro Popular en los últimos años. “No es una información fácil de conseguir, ya que está disgregada”, explica.
Estado de México el más irregular
De las 32 auditorías practicadas a los recursos del Seguro Popular del 2009, la ASF determinó que 14 estados no aprobaron sus cuentas y el resto fueron dictaminadas con “salvedad”, es decir, que presentaron varias anomalías que deben ser analizadas por la Secretaría de Hacienda y las contralorías estatales para cuantificar los daños y sancionar a los servidores públicos que los ocasionaron.
El Estado de México fue el que más anomalías presentó en sus cuentas. De entrada se detectó que pagó 1.8 millones de pesos en exceso por la compra de medicamentos. Durante la revisión se solventó el gasto, pero quedó pendiente de iniciarse una investigación en la contraloría estatal para sancionar a los servidores públicos que autorizaron el pago.
La ASF también identificó una irregularidad de mil 135 millones de pesos, poco más de una tercera parte del monto total de las anomalías detectadas en las 32 cuentas. Se trata de un faltante en la cuenta bancaria en donde se depositan los recursos del Fondo para el Seguro Popular.
Este movimiento fue lo que llevó a los auditores a negar la cuenta y pedirle a la administración de Enrique Peña Nieto que en un plazo de 30 días subsane los errores en las finanzas, pues de lo contrario iniciarán nuevas investigaciones para tratar de fincar sanciones penales y administrativas.
BC sin comprobar más 70 millones de pesos en medicamentos
De los 24 estados que presentaron inconsistencias con la adquisición de medicamentos, Baja California es el que más recursos pudo haber desviado en ese tema, estableció la ASF en su informe. Los auditores señalaron que existen medicamentos valuados en 72 millones de pesos de los cuales no se proporcionó información de la compra y el producto.
Además, indicaron que hay medicamentos cotizados en 9 millones pesos que fueron adquiridos sin estar incluidos en el catálogo de precios de la Secretaría de Salud. Aparte, compraron medicamentos más caro del precio establecido, generando un deterioro a las finanzas de 1.6 millones de pesos.
Estas inconsistencias, así como el pago de 648 mil pesos por telefonía celular y radiocomunicación y los casi 9 millones de pesos utilizados para el pago de personal que no está involucrado en la presentación de los servicios médicos, fueron las principales causas para que la ASF negara la cuenta del Seguro Popular 2009 a la administración que encabeza el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, cuyos funcionarios tendrán 30 días para subsanar las observaciones de la Auditoria.
Para conocer la postura del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Salomón Chertorivski, quien se encarga de coordinar y supervisar las acciones del Seguro Popular en los 31 estados de la República y el Distrito Federal , se buscó una entrevista con el funcionario; sin embargo, el vocero de la institución Martín Vargas Hirales señaló que por el momento no proporcionarían una opinión sobre las anomalías detectadas por la ASF en las cuentas de 2009, pues trabajan en darle respuesta a las observaciones que le hizo el organismo dependiente de la Cámara de Diputados.
Numeralia
2 mil 997 millones 772 mil pesos se estima el monto recuperado por la ASF
314 millones las anomalías por la adquisición de medicamentos en todos el país
14 estados no aprobaron la cuenta
18 resultados con salvedad
0 resultaron con cuentas positivas
20 estados presentaron anomalías en la adquisición de medicamentos
12 estados solventaron las anomalías que tenían en la adquisición de medicamentos
Mil 165 millones 651 mil pesos en las anomalías que presentó en sus cuentas el Estado de México
84 millones 354 mil pesos los daños por la adquisición de medicamentos en Baja California
634 las observaciones que hizo la ASF a las 32 cuentas del Seguro Popular
354 observaciones fueron solventadas
71 observaciones resultaron en recomendaciones
99 observaciones derivaron en pliegos de observación
23 observaciones arrojaron promociones de responsabilidad administrativa contra servidores públicos
