Con el fin de simplificar el entendimiento de la reforma al sistema de justicia penal, Animal Político recurrió a Miguel Sarre (@MiguelSarre), profesor e investigador del ITAM en derechos humanos, justicia, seguridad pública, reforma penal y penitenciaria, y maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, para que nos explicara lo mejor de esta reforma, así como sus dificultades y retos.
Lo mejor
Miguel Sarre comenta que “la reforma rompe con una tradición”, pues “traslada el poder de revisión de los casos penales del poder ejecutivo al poder judicial.”
El investigador del ITAM detalla que en el anterior sistema, el juicio “se decidía en la averiguación previa porque los medios de prueba que se obtenían durante esta etapa tenía pleno valor ante el juicio, había un principio de inmediatez, que da mayor valor a las confesiones obtenidas en esta fase de averiguación que a las declaraciones rendidas ante el juez, con esta jurisprudencia se colocó a los jueces de rodillas frente a la policía y al MP, y eso se hizo como parte del esquema en el que el MP era el brazo jurídico del presidencialismo que vivió el país durante varias décadas.”
En contraste, con la nueva reforma “el ministerio público está obligado a demostrar sus casos no ante sí, sino ante un tribunal y con el control que implica la presencia del público, una forma de control comunitario. Entonces estamos incorporando un debido proceso, quiere decir que podríamos ser juzgados por la buena.”
Los retos
Por otra parte, las reformas tienen aspectos negativos y Sarre menciona los principales retos.
El primer reto sería en materia de diseño institucional, pues la nueva legislación “tiene esta cualidad, esta ventaja, que diseña un nuevo sistema, pero también tiene problemas fuertes, que es que mantiene un régimen especial para delincuencia organizada que no va a favorecer ni el respeto a los derechos de los acusados, ni la profesionalización de la policía, es un régimen consentidor de la ineficacia policíaca, del Ministerio Público, que ante los casos difíciles lo que hace es darles facilidades (a la policía), disminuyendo la certeza en el resultado y disminuye la confianza en la justicia que se imparta.”
El segundo reto, es dar “acceso a los medios, a las organizaciones de la sociedad civil, para verificar que las condiciones en que se imponen las penas no constituyen penas agregadas ni privilegios, que hay un régimen de legalidad y así como se quieren poner cámaras en los juzgados, habría que poner cámaras en los reclusorios para ver en qué condiciones reciben las comidas, los tratos que reciben. Más que cámaras habría que pensar en la publicidad, porque el sistema penitenciario es parte dle sistema de justicia, no es un coto del poder ejecutivo y el poder judicial tiene la responsabilidad de que las penas se cumplan cabalmente.”
El tercer punto es que “se debilitan las garantías de defensa” incluso antes de que ocurra el juicio, es decir, que antes de saber que una persona es responsable “se le aplica un régimen que le dificulta probar que no es parte de la DO”, por lo que “es un argumento circular: yo te acuso y entonces la acusación es lo que determina el debilitamiento de las condiciones de legalidad de la defensa para el que es acusado de DO”.
“Aquí es que el que resulta sospechoso se le aplica un proceso con garantías debilitadas y esto no le permite demostrar si efectivamente era o no parte de la DO”, lo cual “parte de una concepción del derecho penal del enemigo, ver a ciertos individuos ya como enemigos de la sociedad de antemano, y no como sujetos de derechos”.
La reforma al sistema de justicia penal publicada a nivel federal y en algunas entidades y que está próxima a implementarse en otros estados:
