Además de los exfuncionarios oaxaqueños que la Secretaría de la Contraloría estatal investiga por supuestos delitos de fraude y peculado presuntamente cometidos en la administración del exgobernador Ulises Ruiz, la dependencia tendrá que iniciar otras ocho investigaciones por una serie de anomalías detectadas en el manejo de los recursos que en el 2009 la federación le entregó al gobierno estatal.
El recurso fue destinado para la puesta en marcha de ocho programas del ramo 33 y 12, encaminados a tratar de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de esa entidad, que junto con Chiapas y Guerrero conforma el triángulo de la pobreza en México.
Según los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicados a los ocho fondos, se presume un daño a las finanzas públicas por más de 100 millones de pesos.
Uno de los casos documentados por el órgano auditor dependiente de la Cámara de Diputados, son los 43 millones de pesos que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) pagó a personal educativo de “los cuales no se proporcionó información durante la visita a centros de trabajo, por lo que no se pudo constatar que las funciones desarrolladas corresponden a los objetivos” de los recursos derogados.
En suma, la ASF le hizo 224 observaciones a estos fondos o programas, de las cuales en 176 se solventaron las anomalías. Otras 35 derivaron en recomendaciones, cinco en pliegos, ocho en promociones de responsabilidad administrativa ante la Contraloría estatal y 2 más en denuncias ante el ministerio público.
De las cuentas auditadas, cuatro casos se dictaminaron además “con salvedad”, es decir que una vez que se cumpla con las observaciones, serán aprobadas; tres arrojaron dictámenes “limpios” y una cuarta fue negada al presentar una serie de irregularidades.
Obligados a investigar millonario desvío
El Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), que fue creado por la federación para impulsar obras en comunidades pobres de los estados, es la cuenta que la ASF le negó a Oaxaca.
Lo anterior al detectarse que “gran parte de los recursos del FISE 2009 se utilizaron para financiar obras, acciones e inversiones que no atienden las necesidades de infraestructura básica que beneficien directamente a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema”.
Esto generó que en el dictamen los auditores presumieran “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto” por cerca de 90 millones de pesos, por la aplicación de estos recursos a más de 100 obras y acciones que no beneficiaron los sectores desprotegidos de la entidad. Aun cuando no se especifica claramente, este probable daño a las finanzas es lo que pudo haberse denunciado ante el ministerio público, que a solicitud de la ASF inició dos averiguaciones previas por las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de Oaxaca.
La conclusión a la que llegó el órgano legislativo para negar la cuenta, es que el gobierno de Ulises Ruiz destinó “el 19.3% del recurso” a obras que no beneficiaban los sectores más desprotegidos.
Además, indicaron que hasta al 31 de diciembre de 2009, no se habían aplicado cerca del 30% de los fondos, lo que, además de impactar en las metas previstas para ese ejercicio, “propició que la atención de las necesidades de infraestructura básica para la población más marginada del estado no se realizara oportunamente”.
Se incrementó la criminalidad por deficiencias en el gasto
De las cuatro cuentas aprobadas con “salvedad”, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), es la que más debilidades presentó, pues la ASF determinó que los encargados en ese entonces de la procuración de justicia y la seguridad pública en Oaxaca, no contaban con los mecanismos de control interno para garantizar que los recursos se hayan gastado correctamente.
Detectaron, por ejemplo, que hasta el 30 de abril de 2010, las autoridades estatales habían ejercido casi 3 millones de pesos para la compra de un servidor, programas de computación y codificadores, esto para impulsar una red de datos en el centro de mando de las diferentes corporaciones ministeriales y preventivas, pero nunca se “garantizó la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez del proveedor del servicio”. De ahí que no se tenga la certeza para saber en manos de quién está la red.
También presume un daño a las finanzas públicas por más de 400 millones de pesos, “por las penas” o sanciones no aplicadas por la entrega retardada de los bienes que han adquirido para fortalecer el trabajo de la seguridad pública.
Otra irregularidad, es que el estado no utilizó los recursos en su totalidad. Hasta el 31 de diciembre de 2009, se habían erogado 114.5 millones de pesos, que representaba el 52.5% del dinero entregado por la federación.
Una de las consecuencias sociales que la ASF detectó por el indebido manejo de las finanzas, fue el aumento de la criminalidad. En el caso de los delitos contra la salud se elevaron en 325.8%; secuestros en un 104.2%; robos de vehículos en un 64.3%; lesiones en un 28.4% y homicidios en un 7%.
Chocolates, mole y pan para el SNTE
Los recursos entregados para la puesta en marcha del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), es la cuenta pública, que aun cuando fue dictaminada como “limpia”, más recomendaciones recibió de la ASF en el sentido de investigar las posibles malas prácticas detectadas en el manejo de las finanzas. En 5 ocasiones, los auditores le solicitaron a la Contraloría de Oaxaca indagar los posibles desvíos.
Un dato que llama la atención de todo, es que a las autoridades educativas de Oaxaca que desde el conflicto del 2006 rompieron sus relaciones con los maestros, les entregaron más de 12 millones de pesos para la realización de gastos no financiables con los recursos del fondo.
Estos recursos fueron utilizados por los maestros para lo siguiente: Pagar el mantenimiento de oficinas; poner marcha un centro de estudio denominado “CEDE”; pagar asesorías y consultorías de un contrato por prestación de servicios profesionales para actividades no financiables con el FAEB; pagar desayunos, comidas y cenas con motivo de los festejos al personal de las delegaciones sindicales; para el mantenimiento y reparación de vehículos asignados al sindicato; comprar chocolates, mole negro y pan, utilizados para la elaboración de ofrendas del día de muertos; adquirir obsequios que se metieron en la tómbola de regalos, arreglos florales, dulces regionales y electrodomésticos que se le hace a los maestros en los diferentes festejos y convivencias que realizan.
Con estos elementos, la Secretaría de la Contraloría en Oaxaca, a cargo de Perla Woolrich Fernández, tendrá que iniciar otras ocho investigaciones contra servidores públicos que presuntamente cometieron un quebranto a las finanzas estatales, lo que de concretarse podría sumarse a las 15 denuncias penales que ya interpuso ante la Procuraduría de Justicia Estatal contra igual número de excolaboradores de Ulises Ruiz.
