El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por los magistrados Clementina Flores Suárez, Enna Guerrero Osio y Rubén Pedrero Rodríguez, revocó la suspensión provisional para interrumpir la proyección del documental “Presunto culpable” al resolver el recurso QA.37/2011, por unanimidad de votos. Esto cancela la concesión de la medida cautelar al considerar que existe perjuicio al interés social y que contraviene disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información contenido en el artículo 6º de la Constitución Federal.
Víctor Daniel Reyes Bravo, había promovido el juicio de amparo en contra de la autorización para exhibir la película emitida por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Esta acción legal fue también dirigida contra el permiso que otorgó el Director del Reclusorio Oriente para filmar la audiencia del juicio a que se refiere dicho documental, al estimar que las autoridades omitieron constatar si se había otorgado el consentimiento para utilizar su imagen en el aludido documental.
En dicha demanda, el quejoso argumentó que los actos reclamados han provocado que viva con gran inseguridad, al ser objeto de burlas, vejaciones y hasta amenazas por parte de la gente que lo han reconocido en la calle.
Después de que la jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó conceder la suspensión provisional para prohíbir la proyección, distribución y publicidad del documental “Presunto Culpable”, los inconformes Operadora Comercial de Desarrollo S. A. de C. V., Layda María Esther Negrete Sansores y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su carácter de terceros perjudicados, interpusieron sendos recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió a este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se admitieron y registraron con los números QA-37/2011, QA.38/2011 y Q.A.39/2011, respectivamente.
Según un comunicado enviado por el Consejo de la Judicatora Federal a esta redacción, el regreso de Presunto culpable a las pantallas se da al considerar que ese derecho fundamental goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática, es decir, ese derecho a la información tiene una doble faceta que exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Ello, aunado a que la actividad cinematográfica nacional, por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa y constituye una actividad cultural primordial (sin detrimento del aspecto comercial que también le es característico), traduciéndose en una actividad de interés social por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman, debiendo el Estado fomentar su desarrollo para cumplir su función de favorecer la composición pluricultural de la nación mexicana.
Asimismo, en dicha sesión, en virtud de lo resuelto en el recurso de queja Q.A.37/2011, interpuesto por Operadora Comercial de Desarrollo, sociedad anónima de capital variable, se resolvió dejar sin materia los diversos recursos de queja QA.38/2011 y Q.A.39/2011, interpuestos por Layda María Esther Negrete Sansores y Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil, respectivamente.
Redacción Animal Político.
