La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se deslindó de la operación del aeródromo Las Arenas, ubicado en La Paz, en Baja California Sur, administrado por un estadounidense a quien se le ha vinculado con el narcotráfico.
La dependencia aseguró que “la concesión para la operación del aeropuerto Las Arenas fue otorgada al gobierno de Baja California Sur”, encabezado por Narciso Agúndez Montaño, por lo que la ubicación, los terrenos, las inversiones, la construcción y operación de la terminal corresponden al estado.
Cabe recordar que, según el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, está prohibido otorgar la operación de ese tipo de instalaciones a una persona con antecedentes penales:
“No podrán ser titulares de permisos las personas físicas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena.
“La misma restricción se aplicará a los directores generales o sus equivalentes, o a los socios, o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias o permisionarias”, señala ese artículo.
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