A tres años que México hiciera pública su queja por el tráfico imparable de armas desde Estados Unidos y que ambos países anunciaran una serie de acciones para contrarrestarlo, éstas han sido un fracaso.
Se destinó dinero, se crearon programas y planes y se asignó a personal capacitado para responder a ese problema en la línea fronteriza. Hoy la queja y los resultados son los mismos. Las organizaciones del crimen organizado se siguen surtiendo de armamento que llega desde el país vecino.
El diagnóstico del gobierno de Felipe Calderón revela que en especial las armas que le ha quitado al narcotráfico mexicano corresponden a dos organizaciones delictivas: el cártel del Golfo y el de Sinaloa-Juárez, que son los que han controlado el mayor número de estados en el tráfico de droga.
Estos grupos se benefician a partir de la compra de armamento que va de armas cortas, las conocidas largas AK-47 o “cuernos de chivo”, las “matapolicías”, granadas de fragmentación, lanzagranadas y otras capaces de tirar aviones a partir de la operación en la frontera de unos 12 mil tianguis dedicados a la venta de estos aditamentos, sin mayores restricciones, de acuerdo con información oficial del gobierno federal.
Ante este panorama, en enero de 2008, autoridades de Estados Unidos y México pusieron en marcha el “Proyecto Gunrunner” para impedir la creciente tendencia del tráfico de armamento vía norte-sur y cortar el abasto de arsenal a los narcotraficantes mexicanos, en una estrategia en la que incluso fueron asignados agentes especiales estadounidenses a territorio nacional para el combate a este delito.
La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) anunció entonces, junto con las autoridades mexicanas, que el plan era apoyado por un sistema de rastreo computarizado de armas, denominado E-Trace, una versión en español para identificar el origen del armamento que utiliza el crimen organizado que opera en nuestro país.
El 23 de febrero de 2008, a partir de la denuncia que hizo el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, de que Estados Unidos actuaba con cinismo y no estaba haciendo su trabajo para impedir el flujo de armas, el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna dijo que nuestro país tomaría sus propias medidas.
El plan era que el gobierno mexicano elaborara su propio padrón de compradores de armas a partir de información que acababa de ser solicitada a Estados Unidos. Con ello, pretendía cortar el suministro de herramientas generadoras de violencia con las que ya contaba a gran escala el crimen organizado.
A partir del arranque del sistema de rastreo de armas Gunrunner, en el que ya estaban desde hace tres años incluidas autoridades de México y Centroamérica, la Secretaría de Seguridad Pública realizaría un procedimiento paralelo para evitar que pasaran de este lado de la frontera armas de alto calibre, granadas y lanzagranadas.
García Luna informó entonces que ya había incluso visitado la capital estadounidense para explicar su estrategia y solicitar los datos para crear una base de información.
“Tenemos que incrementar la capacidad de detección de flujo de armas en la frontera. Es real que están pasando armas; yo les pedí que tengamos la manera de tener las mismas capacidades que hay de flujo sur-norte en detección de fronteras, que fuera la misma norte-sur. Y esa medida tendríamos más alcance para evitar que haya un flujo masivo de armas”, dijo entonces el secretario.
Insistió, además, en que ambos países contaran con información privilegiada e inteligencia compartida para tener un registro puntual de todas las personas que compraban armas y que después las transportaban hacia el sur.
El sistema Gunrunner incluía el rastreo satelital de las armas por parte del gobierno estadounidense. En este mecanismo se apoyaría la nueva base de datos que operaría en México y que permitiría al gobierno de Felipe Calderón hacer sus propias investigaciones y capturas en territorio mexicano.
Según el titular de la SSP, este rastreo de datos sería un golpe a los visitantes de tianguis de armas de fuego, que aún predominan en la frontera y que coloquialmente son conocidos como “gunshows”, así como a quienes acuden a adquirirlas en tiendas formales, aprovechando las facilidades que ofrece la ley en Estados Unidos para ello.
En su visita a Washington, García Luna entregó una propuesta en la que sugería, por ejemplo, ubicar unidades con rayos gamma del otro lado de la frontera, así como estrictos filtros de revisión.
El Ejército mexicano ya había comenzado de este lado de la frontera a apoyar en estas operaciones a través de revisiones aleatorias a automovilistas que ingresaban a México en las ciudades fronterizas.
Las autoridades calderonistas consideraban desde entonces que el sistema Gunrunner era bueno pero no suficiente, pues no se trataba simplemente de tener conocimiento de la ruta de las armas, sino de impedir a toda costa que éstas pasaran.
¿Y el dinero adicional?
En esas mismas fechas, febrero de 2008, la Oficina de Tabaco, Alcohol y Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su Iniciativa de Seguridad Fronteriza Suroeste, solicitó recursos económicos para combatir los problemas de tráfico de armas, narcotráfico y tráfico de indocumentados en los límites de este país con México.
Esta solicitud hizo especial énfasis en el tráfico de armamento, problema difícil de controlar por los dos países, quienes hablaban de las bondades del Plan Gunrunner.
La dependencia estadounidense consideraba que 40% de las armas que traspasaban la frontera eran utilizadas por los cárteles de la droga y por ello solicitaba que una partida especial de 948 mil dólares fueran exclusivamente para inspeccionar e investigar lo que calificaron como toda una industria.
Para llevar a cabo esta supervisión, detalla el documento publicado el pasado 31 de enero de ese año, se requería presupuesto para que 12 personas llevaran a cabo la operación. En la explicación del problema del tráfico de armas, el Departamento de Justicia explicaba que la violencia generada por los arsenales que cruzan la línea fronteriza se da principalmente en las ciudades de Laredo y Nuevo Laredo.
Estas personas fortalecerían la supervisión en la región y permitirían poner en práctica un programa de inspección cuyo objetivo era identificar a los compradores, los traficantes y quienes no cumplieran la ley.
La iniciativa del gobierno estadounidense pretendía destinar 5.1 millones de dólares y 50 plazas –entre ellas 30 para abogados- al combate específico de los cárteles de la droga mexicanos.
Esta cantidad sería, según especifica el texto del documento, para apoyar las actividades de procesamiento contra importantes traficantes de drogas y contra quienes cometían lavado de dinero.
¿Y los carteles?
El 9 de junio de ese 2008, a cinco meses del gran anuncio de la campaña Gunrunner, se lanzó una más, de tipo publicitaria, denominada “Cuidado, usted puede ir a prisión”, que consistía en la distribución de carteles que incluían un número telefónico de denuncia en el que se advertía a cualquier ciudadano mexicano y estadounidense de los riesgos de que se le detectara portando algún arma ilegal, principalmente larga.
El mensaje señalaba que cualquier infractor podía obtener 30 años de cárcel en México, mientras que en Estados Unidos podían ser 10 años. También informaba que al mexicano que infringiera la ley se le revocaría su visa del país del norte y sería deportado de aquel territorio permanentemente.
Esta campaña de difusión formaba parte de la Operación Armas Cruzadas que se instrumentó a lo largo de la frontera entre las dos naciones para evitar que los narcotraficantes adquirieran armas –principalmente largas y sofisticadas- aprovechando las facilidades de algunas leyes.
El plan consistía en compartir inteligencia e información entre México y Estados Unidos, como parte del seguimiento al Gunrunner, más enfocado al rastreo satelital de las armas.
De resultados positivos de cualquiera de ellos, no se tiene noticia.
Una prueba es que la semana pasada, Los Angeles Times dio a conocer que la ATF permitió deliberadamente, la entrada a México de alrededor de 2 mil armas durante un lapso de 15 meses, como parte del operativo “Rápido y furioso”, con el que buscaban detectar la cadena del contrabando de armas.
