A más de una década de su creación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no sólo se ha convertido en un órgano carente de dientes legales para sancionar e investigar a los servidores públicos que han ocasionados daños al erario público, sino que además es una instancia desconocida para la mayoría de la población en el país, reveló una encuesta practicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El 70% de los 2 mil encuestados a nivel nacional, dijo desconocer qué organismos públicos realizan actividades de fiscalización o auditorías en todo el país, mientras que otro 25% mencionó diversas instancias que no se encargan de esas labores.
Elaborada por académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y publicada en la página de internet de la ASF, el estudio -que como objetivo principal tiene el medir la percepción ciudadana acerca de la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en el uso de los recursos públicos en México-, reveló también que 6 de cada 10 encuestados, calificó como algo “poco confiable” la aplicación de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno.
“El mayor porcentaje de los encuestados considera que los tres niveles de gobierno, así como el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, son poco o nada transparentes en la rendición de cuentas”.
Según los resultados arrojados por el estudio, el 32.7% de los mexicanos encuestados consideró que en el caso del Gobierno Federal es “poco” transparente, otro 27% dijo que es “nada” y un 29.6%, respondió que es “algo” transparente.
En el caso del Congreso de la Unión, un 28.6% de los ciudadanos opina que los diputados y senadores son “poco” transparentes; 35.2% que son “nada” y 20.3% que son “algo” transparentes cuando se trata de rendir cuentas en el gasto de los recursos.
Otro dato revelador de la encuesta practicada por la UNAM, es que si bien 8 de cada 10 entrevistados dijo estar dispuesto a denunciar de manera anónima irregularidades y actos de corrupción por parte del sector público, éstos no consideran que esta acción vaya a contribuir a transparentar y dar seguimiento a las irregularidades.
El miedo a las represalias y la corrupción existentes en la función pública, son las principales razones por las cuales los 2 ciudadanos entrevistados restantes, no llevarían a cabo las denuncias.
En una de sus conclusiones, los investigadores de la UNAM reconocen que los tiempos para concluir las indagatorias por supuestas irregularidades, es un factor que los encuestados consideran de vital importancia para presentar denuncias.
“La población entrevistada considera necesario mejorar los mecanismos actuales para llevar a cabo denuncias ciudadanas, también se observa la preferencia de los encuestados por aquellas formas ágiles y anónimas tales como la denuncia telefónica”.
Ese último punto incluso, fue uno de los temas que abordó el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, durante una reunión de trabajo que sostuvo el pasado 7 de abril, con los legisladores federales que integran la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
“La población entrevistada –por la UNAM- consideró necesario definir mecanismos para llevar a cabo denuncias ciudadanas. Se observó la preferencia de los encuestados por formas ágiles y anónimas, tales como la denuncia telefónica. Es en este contexto…que tomamos la decisión de establecer una línea ética de denuncia”, sostuvo el Auditor.
Para verificar lo dicho por Juan Manuel Portal ante los diputados, Animal Político realizó una búsqueda exhaustiva de la “línea ética de denuncia” en la página de internet de la ASF, así como de la Cámara de Diputados, pero no encontró información del supuesto mecanismo de acusación, ni rastros de su posible lanzamiento en los próximos días.
