La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy que las operaciones encubiertas llevadas a cabo por la Policía Federal son constitucionales y que no violan garantías individuales.
El pleno llegó a esta determinación en una votación dividida de seis contra cinco y la mayoría coincidió en que basta con que los lineamientos para estas operaciones se encuentren establecidas en un reglamento y no en una ley particular, pues sostuvieron que las garantías individuales se encuentran protegidas desde la Constitución.
En este sentido, Guillermo Ortiz Mayagoitia se pronunció por no pensar que las operaciones encubiertas tienen una injerencia grave y por lo tanto tienen que estar en una ley y no en un reglamento, y subrayó que ni las leyes ni los reglamentos tienen que ir en contra de las garantías individuales que protege la Carta Magna.
Por el contrario, Arturo Zaldívar hizo énfasis en que la Corte no debería pronunciarse porque las operaciones encubiertas sean por sí mismas inconstitucionales, sino en la forma en cómo un Estado constitucional de derecho debe construir las validaciones para que incida en el campo de esta actividad para el combate a la delincuencia.
El alto tribunal declaró válida la fracción Séptima del Artículo Octavo de la Ley de la Policía Federal, que establece que entre las obligaciones y atribuciones, la corporación podrá “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos”.
En este mismo numeral, se especifica que “el Reglamento definirá con precisión los lineamientos mínimos para el ejercicio de esta atribución”, lo que algunos ministros consideraron que debiera ser la ley la que detallara estos con precisión para la realización de estas operaciones.
De esta manera, la Corte resolvió otro de los temas a partir de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra disposiciones de la mencionada ley, así como de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las operaciones encubiertas prevén que los agentes federales oculten su identidad para infiltrarse en organizaciones criminales y de esta manera obtener información que lleve a la captura de presuntos delincuentes y se prevengan delitos.
El organismo consideró en su recurso que estas actividades no sólo podrían violar garantías individuales de particulares o de las personas objeto de estas operaciones, como el derecho a la privacidad, a la inviolabilidad del domicilio, entre otras, sino que además se podrían violar derechos de los agentes federales al obligarlos a cometer conductas consideradas delitos en algunos casos.
Con información de Notimex.
