De 35 países evaluados, el nuestro ocupa la posición 34 en la medición de efectividad de la justicia criminal; el 32 en corrupción; el 31 en aplicación de las leyes; el 30 en acceso a la justicia civil; y el 27 en orden y seguridad. Esto, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2010 publicado por The World Justice Project, basado en una encuesta aplicada en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, así como sondeo con expertos legales.
Esto implica que de 35 naciones, somos la segunda peor en garantizar que el sistema de investigación criminal sea efectivo; el sistema de adjudicación criminal funcione; el sistema correccional reduzca el comportamiento criminal; el sistema criminal sea imparcial; el sistema judicial esté libre de influencias no apropiadas; y el debido proceso y los derechos de los acusados sean protegidos.
Esta medición incluye diez factores y 49 subfactores para medir la calidad del Estado de Derecho; y en su edición 2010 incluye por primera vez a 35 países de todos los continentes y todos los niveles de ingreso. De acuerdo con el estudio, el Estado de Derecho se caracteriza por: 1) el gobierno y funcionarios rinden cuentas bajo la ley; 2) las leyes con claras, públicas y estables; y protegen derechos fundamentales; 3) el proceso bajo el cual las leyes son creadas y administradas es accesible, justo y eficiente; 4) el acceso a la justicia es provisto por autoridades competentes, independientes y éticas.
Y es justamente en los dos últimos incisos donde México se coloca al final de la tabla. Dentro de América Latina, que incluye en el reporte a Perú, Colombia, República Dominicana, Argentina, y Bolivia; ocupamos el último puesto en corrupción, aplicación de las leyes, y acceso a la justicia civil; y el penúltimo sitio regional y mundial en la medición de un sistema efectivo de justicia criminal, sólo por arriba de Bolivia.
El panorama empeora si comparamos a México con países en un rango de ingreso similar (medio-alto). En el grupo compuesto por Sudáfrica, Polonia, Bulgaria, Turquía, Argentina, y Croacia; tenemos el peor desempeño en corrupción, aplicación de la ley, acceso a la justicia civil, y justicia criminal efectiva; y el segundo peor en orden y seguridad, y derechos fundamentales.
Con estos resultados, México se encuentra en indicadores de provisión y administración de justicia, por debajo por naciones con mucho menor nivel de desarrollo como El Salvador, Ghana o Jordania.
A modo de consuelo
¿En qué indicador estamos mejor posicionados? Apertura gubernamental, donde ocupamos el lugar 13 de 35, y que mide el acceso público a información legal, tanto de procedimientos como de proyectos de ley y regulaciones. Junto con el indicador sobre claridad y estabilidad de las leyes (lugar 17 de 35), son los únicos indicadores en los que nuestro país se coloca en la primera mitad de la tabla.
Asimismo, en el indicador de poderes de gobierno limitados, que mide la capacidad de otros poderes para contener al poder ejecutivo, así como autoridades de monitoreo nacionales e internacionales, México ocupa el lugar 21 de 35; y el 24 en términos del respeto a derechos fundamentales.
Estos son los únicos tres rubros en los que México no se coloca entre el 25% de peor desempeño. Un pobre consuelo, pero indicador de que la mala evaluación del Estado de Derecho se explica centralmente por el sistema de justicia penal; cuya reforma, por cierto, aún está en espera de ser implementada después de casi tres años de ser aprobada.
Entre los datos reportados por el estudio, se señala que 14% de los entrevistados experimentaron un robo en su casa, y de éstos, sólo 69% lo reportó a la policía. Entre quienes reportaron haber tenido un conflicto contractual en los últimos tres años, apenas 35% recurrió a una demanda, y de ellos, 27% nunca logró resolverlo, y a 31% le tomó más de un año.
