Ayer, Juan Miguel Alcántara Soria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dijo que sólo 17 de los 29 secretarios de seguridad del país han sido examinados.
Al respecto, Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario general de profesionalización y extensión del Instituto Nacional de Ciencias Penales, fue entrevistado en W Radio y explicó que no han habido mayores razones para no someterse a la evaluación, pues “ésta es una obligación que no sólo se desprende del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad 2008, no sólo se trata de un compromiso firmado ante la sociedad, sino que se trata de una obligación legal.”
Asimismo, explicó que no sólo se trata de la certificación de los altos mandos, sino de todo el personal de las instituciones de Seguridad Pública, es decir, policías, ministerios públicos, peritos y sus jefes y que dicha evaluación se deprende del artículo 21 de la Constitución, que en su inciso “b” dice:
“b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido
debidamente certificado y registrado en el sistema”.
Vizcaíno Zamora explicó que poco más de la mitad de los 376 altos mandos se han certificado: “Estamos hablando de los secretarios de seguridad pública, los procuradores generales o fiscales generales, secretarios generales, secretarios ejecutivos, subprocuradores o vice fiscales, subsecretarios de seguridad pública y titulares de las policías preventiva y ministeriales de cada entidad federativa”.
Y es que ayer Alcántara Soria afirmó que de los 32 fiscales o procuradores, únicamente 22 han sido sometidos a pruebas de confiabilidad, y de los 159 subprocuradores o vice fiscales, 92 han sido certificados.
El secretario general de profesionalización explicó que los exámenes de control de confianza contemplan que los servidores públicos sean sometidos a examen de polígrafo, toxicológicos, médicos, psicológicos y de entorno social: “Se trata de batería de exámenes que permiten tener un cierto grado de certeza de la labor de un servidor público.”
Sobre las sanciones por incumplimiento, Vizcaíno señaló que la sanción se expone en la propia Constitución, en referencia a que “ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de Seguridad Pública si no están certificados, y la posible suspensión de recursos federales a las entidades federativas ante los incumplimientos de acuerdos de su Consejo Nacional.”
Cabe señalar que Nuevo León es el único estado que ha cumplido con la evaluación de control de confianza de todos sus altos mandos de seguridad pública y procuración de justicia.
En contra parte, Baja California Sur, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Sonora y Yucatán son los estados que no han evaluado a la mayoría de sus funcionarios, mientras que Baja California, Chihuahua, Michoacán y Quintana Roo ya han solicitado la evaluación de la mayoría de sus altos mandos.
Los que han evaluado ya a la mayoría son Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Aquí la entrevista completa:
