Menos de 144 horas bastaron para que la juez federal, Rosaura Rivera, analizara pruebas, realizara diligencias, despachara testigos y reconociera la inocencia de la secretaria de Desarrollo Social del estado de Puebla, Myriam Arabian Couttolenc, de la que pendía una orden de arresto acusada de un delito electoral denunciado en mayo de 2009.
El domingo a las 11 de la mañana, transcurrida la prórroga de seis días que pidió la defensa de la funcionaria de filiación panista, la juez decretó el “auto de libertad por falta de elementos para procesar, con la reservas de ley, a favor de Myriam Arabiam”, esto “ante la ausencia de medios de prueba suficientes que sostuvieran y corroboraran lo afirmado por las denunciantes en esta causa”.
Con la decisión judicial se acabó el impasse que mantuvo a la exsecretaria técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) fuera de la Sedesol durante los 15 días que duró el permiso que le fue otorgado para que atendiera el problema.
La situación se originó tras la denuncia de dos mujeres, Anel Fernández Zempoalteca y María de Lourdes Ecatl Gavito, ligadas, la primera con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la segunda con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), institutos políticos que fueron coaligados en la elección federal del 2009.
Por dos litros de leche
Las mujeres aseguraron en dos denuncias presentadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que Arabian Couttolenc, entonces candidata a diputada federal, se presentó el 5 de mayo de 2009 en su domicilio ubicado en la unidad habitacional Agua Santa de la capital poblana, para invitarlas a votar por ella entregando a cambio un litro de leche a cada una de ellas.
Tras la investigación de rigor el caso fue desechado primero por el juez José Ybraín Hernández Lima, pero la resolución fue impugnada por el Ministerio Público de la Federación, finalmente el 18 diciembre 2009 el magistrado Unitario de Circuito, Carlos Loranca Muñoz, revoca la resolución del juez de Distrito y ordenó se librara una orden de aprehensión contra Arabian, y no fue hasta el 13 de mayo pasado, año y medio después que se supo que la orden seguía activa y se preparaba su cumplimiento.
En respuesta a esto, la funcionaria solicitó una licencia de 15 días ese mismo día y una semana después, ya amparada por un juez federal –Segundo Tribunal Unitario del Sexto Distrito– para evitar la detención, se presentó ante el juzgado Primero de Distrito para negar las imputaciones declarándose inocente, solicitando además una prórroga de 144 horas –seis días— para presentar sus pruebas de descargo.
En su argumentación, la funcionaria sostuvo que en la fecha en que presuntamente habría entregado los dos litros de leche se había detenido todo acto público y de campaña, esto por la alerta sanitaria que se dictó desde la Secretaría de Salud federal producto de la propagación del virus AH1N1.
Además aseguró, presentado una serie de correos electrónicos y listas de asistencia, que en esa fecha y a la hora señalada, se encontraba en la sede del PAN municipal en una reunión de planeación de la campaña.
Declaran funcionarios
Como parte del proceso, la secretaria con licencia presentó a diputados, funcionarios municipales y militantes de su partido como testigos de descargo para sustentar que el 5 de Mayo de 2009 se encontraba reunida en la sede municipal de su partido.
Para el viernes siguiente a las 11 de la mañana, la juez se presentó en dicho inmueble para corroborar la versión de la funcionaria, ese fue el último paso jurídico, 48 después tras revisar un expediente de 99 folios sólo de la defensa, y validar las pruebas, la juez dictaba la sentencia absolutoria, permitiendo así el regreso ya libre de cargos de Arabian a la Secretaría de Desarrollo Social.
El caso provocó una serie de especulaciones sobre el origen y fondo de revivir una denuncia que databa del 2009, el dirigente estatal del Revolucionario insistió en varias ocasiones que se trataba de fuego amigo, especialmente por la cercanía de la funcionaria con Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón; por el otro los panistas siempre apuntaron al PRI recordando que a su llegada de la funcionaria denunció faltantes de 11 millones de pesos en la dependencia que fue dirigida por el que fuera el candidato del gobernador Mario Marín a sucederlo: Javier López Zavala.
