El Ejecutivo federal publicó hoy el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal y del Código Fiscal, con el propósito de fortalecer y garantizar la sana competencia en la economía nacional.
Con estos cambios legales, aprobados en el pasado periodo de sesiones del Congreso y publicados este martes en el Diario Oficial, la Comisión Federal de Competencia (CFC) tendrá mayores facultades para sancionar las prácticas monópolicas en el país
Durante la firma del decreto este lunes, el presidente Felipe Calderón Hinojosa destacó que en términos generales el paquete de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y a otros ordenamientos legales se sustentan en tres ejes centrales.
El primer eje se orienta a facilitar el cumplimiento de la legislación de competencia, es decir, la nueva ley disminuye la carga administrativa de la CFC para que ejerza su labor con eficiencia mediante la simplificación del régimen de notificaciones y, desde luego, la reducción de litigios innecesarios.
El segundo fortalece la eficacia y la transparencia de la CFC pues, por ejemplo, la nueva legislación permite que las empresas investigadas puedan presentar sus argumentos de forma oral. Asimismo, obliga al organismo a expedir criterios técnicos en diversas materias por lo menos cada cinco años, a fin de brindar mayor certeza a todos los agentes económicos.
El tercer eje fortalece la política de competencia, ya que se otorgan mayores facultades a la CFC para sancionar prácticas monopólicas.
Por ejemplo, la CFC podrá aplicar multas hasta por el equivalente al 10 por ciento de los ingresos del agente económico por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra, o por el equivalente al 8.0 por ciento de los ingresos en una práctica monopólica relativa.
Asimismo, se sancionará con prisión de tres a 10 años y de mil a tres mil días de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes competidores, cuyo objeto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados.
La CFC podrá además ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración de que se trate, y llevar a cabo visitas sorpresa, así como utilizar la fuerza pública, incluso, cuando el presunto infractor se resista a la investigación.
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