La doctora Guadalupe Virginia Jiménez acusó que en el hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE existe una red de tráfico de órganos y robo de medicamentos especializados, y denunció que por ello fue cesada de sus funciones y amenazada de muerte.
Como respuesta a estas acusaciones, el director del hospital, Rafael Navarro Meneses, dijo en conferencia de prensa que “resultan dolosamente falsas las manifestaciones que erige la doctora Virginia Jiménez García, con lo cual se presupone que pretende desvirtuar la verdad de los hechos pretendiendo afectar la imagen pública de este Centro Médico Nacional 20 de Noviembre”.
En el comunicado oficial, Navarro Meneses explicó lo referente a las acusaciones por tráfico de órganos, sin embargo, no tocó el tema del robo de medicamentos especializados.
Según el diario Vanguardia, la Procuraduría General de la República (PGR) giró una orden de presentación contra el director del hospital, Rafael Navarro Meneses, y una alta funcionaria, Fedra Irazoque Palazuelos, como resultado de las denuncias de la doctora Jiménez por amenazas derivadas de su denuncia del “presunto tráfico de órganos y robo de medicamentos biológicos de alto costo en ese centro hospitalario”.
La doctora Jiménez dio a conocer estos hechos a Felipe Calderón; al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos; el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; a la procuradora General de la República, Marisela Morales, y a la procuradora Federal de la Defensa del Trabajo, Rosalinda Vélez.
El origen del problema
La doctora Jiménez era coordinadora médica del Centro Médico Nacional desde mayo de 2009, sin embargo, fue despedida el pasado 10 de mayo, junto con cuatro médicos residentes, presuntos testigos del robo de medicamentos especializados.
¿Cómo se dio cuenta Guadalupe Jiménez de las irregularidades en el hospital? La doctora dijo que tuvo en sus manos “la lista de trasplantes donde, para mi sorpresa, aparecía como paciente en el primer lugar o con el llamado Código Cero o prioritario, Juan Sergio Barrón Morales, médico adscrito del servicio de nefrología, quien se encontraba totalmente sano o al menos lo estaba en ese momento”.
Jiménez dice que esta práctica es una de las formas del tráfico de órganos, “pues una vez que el donante se encuentra listo, se asigna el nombre del receptor, que seguramente no es derechohabiente del ISSSTE, institución que no ha realizado oficialmente trasplantes desde por lo menos dos años atrás”.
Por otra parte, la doctora Jiménez denunció que los cuatro médicos residentes que fueron despedidos con ella fueron testigos del robo de medicamentos utilizados en oncología: el Rituximab, que cuesta en el mercado unos 60 mil pesos, y el Infliximab, de 15 mil pesos.
Además, Jiménez también denunció el silencio cómplice y omisión de sus superiores, el director del hospital, Navarro Meneses; el director médico, Ricardo Gabriel Manuel Lee, y el director general, Jesús Villalobos López.
La respuesta del ISSSTE
El director del Centro Médico Nacional, Rafael Navarro, dijo que de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE, actualmente no se cuenta con ninguna observación de bajo, medio y alto riesgo pendiente por solventar, y que en la última revisión realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no se cuenta con ninguna observación relacionada con tráfico de órganos.
Asimismo, Navarro dijo que las supervisiones del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) no cuentan con observaciones de tráfico de órganos.
Con respecto al cambio de la lista de espera para trasplantes, Navarro dijo que no se pueden registrar nombres de personas que no sean pacientes, porque para asignar órganos los registros los lleva el Cenatra y por ello la autoridad fiscalizadora se daría cuenta de cualquier irregularidad.
Sobre las dos denuncias penales presentadas ante la PGR en contra de la doctora Fedra Irazoque Palazuelos, Navarro solicitó a las autoridades competentes “la coadyuvancia, a efecto de perfeccionar la averiguación previa y conocer la verdad histórica de los hechos, y de lo que se desprenda, solicitar a la autoridad ministerial actuante, se proceda conforme a derecho”. Además, reveló que ha sido requerido en calidad de testigo en el caso.
Sobre el despido de la doctora Jiménez, Navarro explicó que recurrió en faltas injustificadas dos veces.
Tráfico de órganos en México, ¿un mito?
Hasta el momento, la PGR ha recibido 36 denuncias por tráfico de órganos, de las cuales sólo ha consignado ante un juez federal cuatro averiguaciones previas, por las que obtuvo las órdenes de captura.
Sin embargo, hay funcionarios que se niegan a aceptar que el tráfico de órganos en México existe. Uno de ellos es la titular de la Unidad de Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y de Órganos de la PGR, Guillermina Cabrera.
Otro que lo niega es el director del Centro Nacional de Trasplantes, Arturo Dib Kuri, quien ha afirmado que las condiciones técnicas para llevar a cabo un trasplante hacen imposible que pueda darse el tráfico de órganos en el país.
Aquí, la declaración oficial de Rafael Navarro:
