El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó modificaciones a sus proyectos de fiscalización, a fin de “blindar” los comicios federales de 2012 y evitar que la delincuencia organizada financie campañas políticas o apoye a algún candidato.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, recordó que en 2009 se modificaron los reglamentos “justamente para blindar el proceso electoral de la presencia de recursos provenientes de actividades ilícitas, y fuimos exitosos, hoy reforzamos ese blindaje”.
Durante la sesión extraordinaria, recordó que la fiscalización de los recursos que usan los partidos políticos debe ser, como ha sido, un instrumento por medio del cual rindan cuentas a la sociedad.
Por ello, dijo, “tenemos que seguir haciendo esfuerzos para transparentar el financiamiento y el uso que hacen de los recursos y hoy enfrentamos nuevos retos que surgieron en 2009”.
En su turno, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto, Sebastián Lerdo de Tejada, resaltó que el dinero de procedencia ilícita es una amenaza latente para los comicios federales del 2012.
“El modelo que nos hemos dado y los esquemas de fiscalización tienen que blindarnos como sociedad, como partidos políticos y como Instituto Federal Electoral (IFE) de una amenaza latente”, comentó.
Dijo que la autoridad electoral debe tener los instrumentos necesarios suficientes y con plena coordinación con los partidos políticos para evitar que un centavo entre en las campañas y las finanzas de los partidos políticos.
Sobre todo, abundó Lerdo de Tejada, “cuando tenemos operaciones del crimen organizado y en un sexenio “en el que llevamos más de 40 mil ejecutados, según cifras oficiales”.
Además, donde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha tenido facultades adicionales para entrarle al seguimiento de recursos ilícitos.
La representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sara Castellanos, consideró que el instituto, y en especial la Unidad de Fiscalización deben fortalecer más sus facultades de investigación, sobre todo, “considerando las aspiraciones de los narcopolíticos que poseen grandes flujos de capitales”.
A su juicio, la crisis de seguridad pública puede llegar a afectar los procesos electorales, por lo cual llamó a estar alertas.
“Compartimos, con muchos otros, la idea de que los procesos electorales deben ser blindados contra prácticas ilegales, en especial contra el dinero procedente del narcotráfico y de la delincuencia organizada”, puntualizó Castellanos Cortés.
El IFE aprobó por unanimidad reformas reglamentarias en materia de fiscalización, que tienen como finalidad brindar a los sujetos obligados reglas claras y precisas en materia de registro de operaciones.
Además de documentación comprobatoria sobre el manejo de recursos, informes de ingresos y egresos, así como procedimientos de revisión, verificación y auditoría, además de establecer la ruta a seguir ante el caso de pérdida del registro como partido político.
El colegiado avaló las propuestas presentadas por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que abarcan la emisión de tres nuevos órdenes normativos.
Esto es, el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales, así como el Reglamento de Fiscalización, que tendrán repercusión inmediata en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Los dos primeros entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y el tercero, a partir del 1 de enero de 2012, excepto las disposiciones relativas a las precampañas y los procedimientos de monitoreo, ya que competen a la propia Unidad de Fiscalización.
El Reglamento de Fiscalización precisa obligaciones de partidos, agrupaciones políticas, coaliciones, organizaciones de observadores electorales y ciudadanos que pretenden obtener registro como partido político, para evitar incongruencias, ambigüedades y la indebida saturación de normas.
En él se establecen normas para el registro de operaciones financieras relativas a activos y pasivos, valuación del patrimonio, elaboración de estados financieros y beneficios fiscales que representen condonación total o parcial de las contribuciones retenidas y no enteradas.
Y también para la expedición de recibos por medios electrónicos sobre las aportaciones que reciban y los pagos que efectúen por concepto de reconocimiento a las actividades políticas, entre otras.
El Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización precisa el desahogo de procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.
En tanto, el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales tiene por objeto determinar el procedimiento que se deberá seguir cuando esos organismos pierdan o les sea cancelado su registro.
Ninguna de las dos situaciones los exenta de cumplir con la totalidad de las obligaciones financieras adquiridas, ni con el deber de presentar informes sobre el origen y monto de los ingresos que hayan recibido por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su destino y aplicación.
En otro punto, aprobó en lo general el acuerdo que reforma, modifica y adiciona el Reglamento de Sesiones del Consejo General, en el cual se establecen las normas para la conducción, discusión y adopción de las decisiones de éste órgano, a fin de contribuir a su funcionamiento eficaz.
Notimex.
