La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navy Pillay, afirmó hoy que Estados Unidos violó el derecho internacional por permitir la ejecución del mexicano Humberto Leal García la víspera en Texas.
“Lamento profundamente la ejecución del mexicano Humberto Leal García después de una decisión de último minuto de la Suprema Corte de Justicia que negó la suspensión de la ejecución”, afirmó Pillay en un comunicado.
“La ejecución de Leal García (condenado a muerte en 1998) coloca a Estados Unidos en violación del derecho internacional”, sostuvo Pillay, quien se encuentra en misión oficial en México.
“Lo que el Estado de Texas ha hecho en este caso es imputable a la ley de los Estados Unidos y compromete su responsabilidad con los tratados internacionales”, agregó.
“Estoy muy decepcionada de que ni la Junta de Indultos y Libertad Condicional, ni el gobernador (Rick Perry) tomó medidas a su alcance para evitar que este incumplimiento de las obligaciones de Estados Unidos, bajo el derecho internacional, tuviera lugar”, puntualizó.
Leal García fue ejecutado este jueves con una inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas, por la muerte de una joven de 16 años en 1994. Sus abogados sostuvieron durante el proceso que su derecho a asistencia consular fue violado, porque nunca se le notificó que tenía derecho a la asistencia de su país.
La falta de asistencia consular plantea dudas sobre si tuvo o no derecho a un juicio justo, garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y vinculante para los Estados Unidos.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución declarando que Estados Unidos debe revisar y reconsiderar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte -entre ellos Leal García-, ya que no habían recibido los servicios consulares.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que “esto nunca se llevó a cabo”.
“La ejecución socava el papel de la Corte Internacional de Justicia y sus ramificaciones pueden extenderse mucho más allá de Texas”, dijo Pillay tras señalar que envió dos cartas sobre el caso al gobernador Perry y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional.
Según la comisionada, “también es responsabilidad de todos los gobiernos federales asegurar que todos los Estados individuales respeten las obligaciones internacionales asumidas por el país en su conjunto”.
“El Congreso federal también debe asumir sus responsabilidades y actuar para remediar la brecha en la ley de Estados Unidos para que un caso tan desafortunado como este no se repita en el futuro”, enfatizó Pillay.
Notimex.
