México es el segundo país del mundo donde ocurren más secuestros, con una tasa tres veces mayor a la que sufrió Colombia durante el periodo más oscuro de la violencia del narcotráfico y sólo detrás de Venezuela, según Foreign Policy.
“Por qué la epidemia de raptos en México es peor de lo que hemos visto antes”, es el subtítulo de la investigación en la que se relata la historia de Luis Ángel León Rodríguez, quien en noviembre de 2009 llamó a su madre, Araceli, para decirle que saldría de la ciudad por un tiempo. El funcionario de 24 años de edad de la Policía Federal estaba siendo enviado a una misión a Michoacán, uno de los estados donde domina el crimen organizado. Podría ganar un poco más dinero en la zona de peligro, explicó a su madre, quien le imploró que no fuera. Luis Ángel dejó a un lado sus temores y partió.
La última llamada que Araceli recibió de su hijo se produjo dos días después, el 16 de noviembre de 2009, como Luis Ángel, otros cinco oficiales y un mecánico dejaron la ciudad de México con el mismo rumbo. Luis Ángel le dijo a su madre que la amaba y que no se preocupara. “Era como si supiera que íbamos a estar separados por un tiempo”, me dijo. Araceli ya no ha oído hablar de su hijo o cualquiera de sus compañeros desde entonces.
Para las madres, como Araceli, saber que México es el segundo lugar a nivel mundial en secuestros no fue una sorpresa, pero más allá del dato impactante, el estudio ofrece una visión de las tasas exorbitantes de la violencia que han acompañado a la guerra del presidente Felipe Calderón contra las drogas, y la impotencia de las fuerzas de seguridad – o peor aún, complicidad – que ha permitido que la violencia vaya en aumento. Calderón, bajo la presión de Araceli y otros familiares de las víctimas y grupos de defensa, ha hecho esfuerzos para reformar el enfoque de su gobierno. Sin embargo, para llevar al país a un lugar donde la historia de Luis Ángel es un caso atípico se requieren cambios de forma generalizada en México: No sólo una mano más fuerte en la guerra contra las drogas, sino una mirada mucho más cuidadosa a la forma en que la guerra se está librando.
El estudio, publicado por el Instituto de los Ciudadanos para el Estudio de la inseguridad y financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, demuestra que Luis Ángel y sus seis compañeros son sólo un pequeño porcentaje de los desaparecidos. El informe estima que 50 mil personas fueron secuestradas en 2008, y los números han aumentado desde entonces (aunque no hay estadísticas más recientes disponibles). Los hallazgos más sorprendentes, sin embargo, pueden ser los números que hablan de la capacidad del gobierno mexicano para investigar y resolver casos de secuestro. Entre 2007 y 2010, según el informe, el gobierno mexicano inició mil 880 investigaciones. Sin embargo sólo se han perseguido activamente un 23% de ellas.
El caso de Luis Ángel ofrece un triste ejemplo de lo mal que el Estado puede manejar los casos de secuestro. Cuando Araceli no supo nada de su hijo durante una semana, fue al cuartel de la policía y le preguntó dónde estaba. Para su horror, descubrió que nadie se había dado cuenta que los policías estaban desaparecidos.
En los días que siguieron, Araceli y los familiares de las otras víctimas intentaron todo para convencer a la policía de iniciar una investigación. Se informó de la desaparición a distintas autoridades que esperaban para reunirse con funcionarios de la policía, llamaron a los contactos de alto rango, y se estableció contacto con organizaciones de derechos humanos.
Lo que se obtuvo a cambio fueron innumerables historias, algunas de las cuales carecían de sentido. “Nos han dicho: Los delincuentes todavía los tienen, los criminales que mataron, los criminales los decapitaron, los delincuentes los quemaron, los criminales los enviaron a la selva”, dijo Araceli. “De hecho, han sido tantas contradicciones que de alguna manera todavía nos dejan fe en que podría estar vivo en algún lugar.”
Araceli tuvo suerte de alguna manera, por lo menos fue capaz de hablar con la policía. Según el estudio, sólo el 60% de los secuestros son reportados a la policía. Y muchos familiares de las víctimas de secuestro son tan intimidados y amenazados para que pongan fin a las investigaciones. Araceli recibió incontables amenazas, por teléfono y por carta, le advertían que se diera por vencida. Una vez un hombre llamó haciéndose pasar por su hijo gritando de dolor y le pidió “haz que se detengan.” Pero no era la voz de Luis Ángel, por lo que ella colgó el teléfono. Debido a las amenazas, Araceli ha iniciado el proceso para buscar entrar al programa de protección de testigos por parte del gobierno federal.
Una encuesta reciente preguntó por qué las víctimas optaron por no denunciar los crímenes. Uno de cada 10 dijo que era por miedo, y otro 16% señaló que dudaron del seguimiento de las autoridades. La falta de confianza está bien fundada: En el estado de Chihuahua, uno de los estados más violentos del país de acuerdo con el informe sobre secuestro, apenas un 0.9% de todas las denuncias de extorsión han tenido seguimiento.
Según la historia oficial de la policía dada a conocer en febrero de 2010, los hombres fueron secuestrados y asesinados por el cártel de La Familia, uno de los más violentos de México. Araceli, sin embargo, ha recibido cartas de amenaza firmadas por Los Zetas.
Tampoco se han encontrado los cadáveres, así que cada vez que encuentran cuerpos, Araceli es llamada por el fiscal para hacer una identificación positiva.
Todavía espera ver a su hijo, pero ha visto decenas de cadáveres sin encontrarlo. Más de 5 mil personas están actualmente desaparecidas desde que comenzó el conflicto.
¿Qué hay detrás de la epidemia de secuestros en México?
Los cárteles, una vez que se limita a unos pocos magnates regionales, se han fracturado y multiplicado en pandillas locales que forman parte de la nueva estructura de inseguridad general. En los lugares más afectados “se han abierto las puertas del infierno y no hay autoridad legítima que se pueda encontrar”, explica Ted Lewis, jefe del programa de derechos humanos en el intercambio global.
Muchas bandas de secuestradores se forman por razones económicas: el rescate y la extorsión. El 29 de junio la encuesta señaló que “el secuestro y la extorsión son delitos cometidos en paralelo con el crimen organizado, permitiendo a las organizaciones suavizar sus finanzas cuando, por una razón u otra, el mercado de tráfico de drogas – la principal fuente de ingresos – se ve afectada”.
Otros cárteles utilizan el secuestro como una especie de servicio militar: reclutan a sus soldados de infantería, argumentó Antonio Mazzitelli, director de la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito en México. “Si quiero controlar un territorio, también debo contar con un gran número de soldados”, dice Mazzitelli, quien se refirió a los secuestros en masa de cientos de inmigrantes en los últimos meses, atribuidos a los cárteles, como el de Los Zetas: “Los migrantes me proporcionan [al cártel] mano de obra del que pueden disponer. Yo les pregunto, ¿está listo para trabajar para mí? le puedo dar un rifle y pagar mil por semana”. Discusiones anecdóticas con grupos de derechos humanos y las víctimas también sugieren que no sólo a los inmigrantes se les recluta de esta manera, sino que a la policía, soldados y civiles también.
Hay otras razones menos tangibles, también. La guerra contra las drogas se ve menos como una represión criminal y más como una guerra. Y los enemigos de los cárteles son claramente los policías federales y soldados enviados para combatirlos- hombres como Luis Ángel.
Para los cárteles, matar a un policía federal o un soldado es una victoria simbólica en un conflicto que lucha cada vez más por el espacio público. Cadáveres decapitados, cuerpos de víctimas con notas clavadas en su cuerpo y hombres colgados de los puentes. “La espectacularidad de los hechos tiene la intención de maximizar el impacto de los medios de comunicación”, explica Eduardo Guerrero, exasesor de la presidencia de México y analista político. “Todo esto, para que la gente sepa que los cárteles son de temer.”
Sin embargo, ninguna de estas explicaciones parece satisfacer casos como el de Araceli. Nunca se ha pedido dinero, el cadáver de su hijo nunca se mostró públicamente. Es muy posible que Luis Ángel simplemente cayera en alguna parte. Incluso queda la posibilidad que haya sido contratado. Ésta no sería la primera vez que las fuerzas de seguridad han cambiado de bando, voluntariamente o no. Como ejemplo está el cártel de Los Zetas, fundado por exmilitares.
Pero hay más de una posibilidad que mantiene despierta a Araceli en la noche: Ella también tiene sospechas – sobre la base de la falta de voluntad para investigar u ofrecer pruebas – de que había algún tipo de participación de la policía en las desapariciones.
Cuando Luis Ángel salía de la ciudad de México, la policía le pidió que condujera su cauto personal y no un vehículo de la policía. Alguien podría haberlo establecido como un objetivo marcado
Eso no sería inaudito. “Muchos de los policías están involucrados en el crimen organizado”, explica Alejandro Fontecilla, un experto de la policía que trabaja en la reforma de la seguridad local en el Instituto para la Seguridad y la Democracia en la Ciudad de México. Se estima que, en regiones como Michoacán, el nivel de infiltración de los cárteles en la policía podría ser de más del 50%.
Por lo menos, la policía federal y local no pudieron coordinarse entre sí para comunicar el lugar donde los seis policías que iban a Michoacán terminaron ese día. “Algo no funciona en este sistema – no hay comunicación”, dice Araceli. “Si usted envía a alguien a una localidad y no se sabe qué pasó con ellos, eso es todo, se han ido.”
Más de un año y medio después de que Luis Ángel desapareció, Araceli participó en una reunión pública entre Calderón y varios familiares de las víctimas “. Era parte de un diálogo nacional, la Caravana por la Paz, generado por las protestas masivas que se recorrieron México en junio y llamaron a poner fin a la violencia. Calderón se comprometió a abrir la puerta para escuchar las quejas de las víctimas. En el diálogo por la paz, Araceli explicó todo lo que sabía sobre el caso y suplicó ayuda al gobierno una vez más.
En el diálogo del 23 de junio, Calderón defendió su ofensiva contra el crimen organizado y sostuvo que era una batalla que su gobierno no podía abandonar. De hecho, desde que el presidente se reunió con las víctimas del crimen organizado, ha hecho varias declaraciones sobre la importancia de poner fin a la impunidad de los delitos relacionados con drogas. Se comprometió en Twitter el 30 de junio para centrarse en “las formas de reducir los delitos más comunes:. Robo, la extorsión y el secuestro”
El 30 de junio, el gobierno de Calderón aprobó un programa nacional para prevenir, perseguir y sancionar el secuestro, que entrará en vigor en agosto, como una iniciativa experimental de un año. El plan promete la creación de investigadores especialmente entrenados, construir una plataforma tecnológica a través del cual los organismos pueden intercambiar información sobre un delito, aumentar las capacidades de inteligencia, crear nuevos procedimientos judiciales para juzgar a los sospechosos, y aumentar la asistencia prestada a las víctimas de la delincuencia.
Estos planes se basan en una ley antisecuestro aprobada en 2010 con la que se elevan las penas por secuestro, además de la creación de unidades especiales del Ejército y la policía para investigar y combatir los delitos. Es difícil juzgar por el momento si la ley inicial ha surtido efecto. Sin duda le da al Estado nuevas herramientas de investigación y judiciales que puedan ayudar, pero sólo si se usan
Sin embargo, estas medidas probablemente traerán sólo algunas mejoras y parece cada vez más que la violencia no se detendrá hasta que este conflicto también lo haga. Para que el gobierno de Calderón obtenga una ventaja sobre los cárteles, se puede requerir una purga institucional dentro del gobierno mexicano, librar a sus filas de oficiales infiltrados. El gobierno de Calderón es muy consciente de este último problema y está trabajando para reformar la policía y el Ejército. Una vez más, sin embargo, es una batalla a largo plazo, y el precio es cada vez mayor.
“No puedo decirle cuántas familias, esposas y amigos hay,” en situaciones similares, dijo Araceli. “Todos los días veo los zapatos de mi hijo y camisas. ¿Dónde está? Yo sólo quiero saber si está vivo o muerto. No puedo vivir en el dolor.
“La mejor estrategia para este conflicto es la verdad.”
Lea el artículo original en Foreign Policy (en inglés)
