La situación legal de militares que por error han asesinado a civiles sin vínculos delincuenciales, era hasta el martes 12 de julio un tema que sólo podía ser ventilado al interior del Ejército, sin embargo, 24 horas más tarde, defensores de los derechos humanos ya planeaban la posibilidad de llevar a los tribunales civiles a los soldados y oficiales denunciados por incurrir en delitos y actos de tortura.
En el primer caso se trata de militares que han disparado, de abril a septiembre de 2010, contra 19 civiles.
A más de 8 meses de estos hechos, los familiares de las víctimas “colaterales”, como les llaman en el Ejército, seguían sin conocer las sanciones que los tribunales militares les habían impuesto a los agresores.
Una solicitud de transparencia ciudadana, hecha a finales de 2010, así lo reveló. En su respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que los militares que agredieron a los civiles seguían sujetos a proceso de investigación y sin recibir castigo.
Militares sujetos a proceso.
Los militares sujetos a proceso son 42 en 5 meses. Todos por disparar a civiles en retenes militares. Al menos 12 de las víctimas murieron instantáneamente.
De estos militares, cinco eran tenientes, dos sargentos, un subteniente, un capitán, un mayor, ocho cabos y 24 soldados.
Los estados donde murieron los civiles son: Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Puebla y Nuevo León.
Por estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional pagó un millón 794 mil 519 pesos por concepto de indemnizaciones, suma con la cual los familiares de las 19 víctimas aceptaron, en la mayoría de los casos, no proceder legalmente contra los agresores.
Decisión “histórica”.
Abogado e integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Sergio Méndez Silva, es de los que piensa que con la decisión que el martes tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros establecieron que los tribunales civiles podrán juzgar a elementos del Ejército que han violentado garantías individuales, se podrá conocer las sanciones que recibirán los militares llevados a un juicio penal, siempre que se compruebe su mala actuación al ejercer cargo.
La organización para la que colabora el abogado, es la que defiende a la familia de Rosendo Radilla Pacheco, quienes denunciaron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la desaparición del activista, ocurrida el 25 de agosta de 1974, a manos del Ejército Mexicano. Su caso, incluso, fue la base para que los ministros de la Suprema Corte tomaran la decisión del pasado martes.
“Lo que hace la (Suprema) Corte es que adelanta un criterio de cómo se irá resolviendo de forma obligatoria ese tipo de asuntos. Es decir que manda un mensaje político, jurídico y moral, para que los jueces resuelvan de esa manera”, dijo el especialista.
A decir del abogado, este tema generará los primeros beneficios a raíz que los jueces federales conozcan casos donde se presenten disputas por el tema del fuero militar y se inicie una controversia legal para determinar a qué autoridad le corresponde juzgar a los soldados y oficiales acusados de violentar derechos humanos.
Una vez que se den los conflictos por la competencia y se presenten los primeros amparos o impugnaciones por parte del Ejecutivo Federal –si es que los presenta-, los ministros de la Suprema Corte tendrán que fijar los criterios jurídicos para que los jueces puedan actúen sin controversias cuando conozcan estos casos.
—Nosotros estimamos que eso se dará en un plazo de 3 meses—, sostiene al abogado, quien de paso lanza una invitación a los ciudadanos, agredidos y violentados por el Ejército, a presentar denuncias ante la PGR.
Asegura que con este criterio el Ejército se encuentra obligado a remitir, ante la Procuraduría General de la República, los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares.
“La determinación de la SCJN debe mover a los legisladores (federales) a modificar el Código de Justicia Militar”, comentó por separado el abogado Gabriel Regino.
Exsubsecretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, asegura que existen casos, como el del joven Jorge Otilio Cantú, asesinado el pasado abril en Monterrey y por el cual hay varios militares detenidos, que tendrá resolverse en los tribunales civiles. Esto, dijo, gracias a la determinación de la SCJN, de ahí la importancia de que los diputados legislen sobre el tema.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró por su parte que se debe prestar especial atención al trabajo y las decisiones que tomen los jueces sobre el fuero militar. Aun así, calificó como “histórica” la decisión de los ministros.
¿A juicio casos paradigmáticos?
Además de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, existen otros casos que organismos defensores de los derechos humanos, como la CMDPDH, analizan llevar hasta los tribunales civiles.
Uno de ellos es de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales, detenidas en 1994 por soldados de un retén militar ubicado en Altamirano, Chiapas.
Las indígenas denunciaron tortura, agresión física y violación durante su detención. Los soldados, en contraparte, las acusaron de tener vínculos con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En 2001, la CIDH responsabilizó al Estado Mexicano por los actos cometidos por los militares contra las tres mujeres.
Otro caso que se analiza, es la detención de cuatro supuestos delincuentes Tijuanenses, capturados por miembros del Ejército en junio de 2009. Todos fueron acusados por delitos de secuestro y tráfico de drogas.
Se trata de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya y Ramiro López Vásquez, quienes de acuerdo con organismos como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), fueron sometidos a tortura para declararse culpables.
Tres meses antes, entre el 21 y el 27 de marzo, 25 policías municipales de Tijuana, retenidos por Ejército y acusados por delincuencia organizada, denunciaron que militares de la Segunda Región Militar los torturaron.
Organismos de derechos humanos documentaron que la detención estuvo a cargo del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, el Teniente Coronel Julián Leyzoala Pérez, así como del actual Jefe de la Policía en esa localidad, el Capitán Gustavo Huerta Martínez, quienes trasladaron a las policías a las instalaciones del 28vo Batallón Militar denominado “Aguaje de la Tuna”, donde fueron torturados con el fin de sacarles declaraciones forzadas.
El caso de los 25 policías fue llevado a la CIDH, instancia que a la fecha no se ha pronunciado sobre el tema.
A la lista, se suma la detención de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, ocurrida en mayo de 1999.
Los dos fueron capturados por militares sin una orden judicial y tras su detención denunciaron tortura para obligarlos a firmar confesiones que los inculpaban de delitos como la portación ilegal de armas y la siembra de drogas.
Por este asunto la CIDH sentenció al Estado Mexicano a indemnizar, con más de 35 mil dólares, a los campesinos. También determinó que el Ejército incurrió en tratos “inhumanos y degradantes” al detenerlos.
Aun cuando Cabrera y Montiel fueron liberados, su caso es uno de los asuntos que abogados y activistas planean llevar a los tribunales civiles, cuyos titulares serán los encargados de juzgar el actuar de los militares acusados de torturar y violentar derechos humanos de civiles detenidos y agredidos.
