La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los tribunales civiles podrán juzgar a militares acusados de violaciones a los derechos humanos, por lo que el fuero militar no operará ante imputaciones de ese tipo.

Con siete votos a favor y tres en contra, el pleno de la SCJN resolvió que a partir de ahora apeguen sus sentencias a los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados, los cuales establecen que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles no puede operar la jurisdicción militar.

La decisión del máximo tribunal se presentó como parte de la discusión sobre el alcance de una sentencia del 23 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligó a México a asumir determinadas responsabilidades por la desaparición del campesino Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.

En una sentencia vinculante dictada en noviembre de 2009 en el caso Radilla Pacheco, la CIDH determinó que el Ejército mexicano era responsable de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco en el estado de Guerrero en el año de 1974, y que el Gobierno no había investigado adecuadamente el crimen. Por tanto, La Corte Interamericana ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de “compatibilizar con los estándares internacionales”, que establecen que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.