El caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, presuntamente violadas por soldados mexicanos en 2002, fue enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que los militares señalados puedan ser procesados por un juez civil.
De ser aceptado por la instancia civil, éste sería el primer juicio contra militares, del que se tenga conocimiento hasta ahora, que pasa a instancias civiles desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los tribunales civiles podrán juzgar a militares acusados de violaciones a los derechos humanos, por lo que el fuero militar no operará ante imputaciones de ese tipo.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” informó en un comunicado que el día 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas a su caso han sido remitidas a la PGR.
La notificación, en la que la PGJM se declara incompetente para seguir el caso, se detalla que la decisión se motiva en las características de las denuncias presentadas, así como en lo dispuesto en la reciente Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, y en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra del Estado mexicano.
La remisión de los expedientes al fuero civil, destaca el centro de derechos humanos, ocurre en virtud de la expresa solicitud que ambas mujeres me’phaa elevaron tras la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que decidió que las violaciones de derechos humanos cometidas por soldados deben ser procesadas por instancia civiles.
Ante la decisión de la PGJM, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” considera que “hoy la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina”.
Desde hace más de nueve años, las indígenas Inés y Valentina han acusado la violación sexual y tortura de la que fueron objeto por parte de miembros del Ejército Mexicano en el año 2002.
