El subsecretario de Gobernación, Rubén Fernández, informó que se alcanzó un acuerdo político en la Cámara de Diputados para que en la discusión de la Ley de Seguridad Nacionalse integren senadores y organizaciones sociales, a fin de llegar cuanto antes a los consensos necesarios en esta materia.
Con ello, dijo, “se busca que de una vez en una misma mesa, pongamos las cartas sobre la mesa y podamos resolver juntos, que no pasen otros 30 meses sin que el país cuente con una Ley de Seguridad, que acote eficazmente las atribuciones del presidente”.
El subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación dijo que “conseguimos, empujamos, negociamos con los legisladores un acuerdo político en la Cámara de Diputados”, por lo que ya no resolverá este tema sola, sino que trabajará con los senadores, en reunión con la Segob y con organizaciones sociales.
También para establecer un marco que permita fortalecer el sistema de protección a los derechos humanos y acote las facultades del Ejército mexicano.
Durante la reunión que encabezó el titular de la Segob, Francisco Blake Mora, con organizaciones de la sociedad civil en torno a la Ley de Seguridad, Fernández Aceves aclaró que esta norma no tiene nada que ver con la seguridad pública.
Además, no busca reglamentar el Artículo 21 Constitucional ni la suspensión de garantías individuales.
El subsecretario comentó que “no queremos al Ejército mexicano en las calles, su lugar son los cuarteles y sólo por excepción, sólo por excepción; cuando no hay de otra, digamos, es que el Ejército debería realizar funciones”.
Pareciera que conforme a opiniones de algunos de los interlocutores, “que de lo que estamos hablando es de crear un marco jurídico para efectos de que el Ejército mexicano esté en las calles, y quiero o decir con toda claridad que no; no se trata de eso”, refirió.
Fernández Aceves aclaró además que la Ley de Seguridad tampoco tiene que ver con suspensión de garantías individuales, dado que no reglamenta el Artículo 29 Constitucional.
Entonces, ¿qué si es?, indicó, es una ley que reglamenta las atribuciones del presidente de la República previstas en la Fracción VI del Artículo 89 de la Constitución, que tiene la responsabilidad de preservar la seguridad interior y la defensa exterior del país, disponiendo, si es el caso, de la fuerza armada permanente.
“Aquí el tema es que nosotros lo que proponemos es una serie de reformas a la ley que acoten la atribución del presidente de la República, le pongan parámetros”, subrayó.
Es además, una ley reglamentaria del derecho que tienen los Estados de la Federación para que en este pacto federal puedan recibir ayuda de la Federación, en caso de trastornos interiores, que es una disposición prevista en el Artículo 119 Constitucional.
Opinó que la enorme discusión “o la gran confusión que nosotros hemos percibido en las calles sobre este tema tiene que ver con la diferencia entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional y Seguridad Interior en particular”.
Aclaró que la seguridad pública tiene que ver con las condiciones que permitan que todos nosotros, que nuestros hijos puedan ejercer sus libertades y sus derechos.
Mientras que la Seguridad Pública son la serie de condiciones que permiten que ejerzamos nuestras libertades y nuestros derechos como personas; “que puedan sus hijos salir al parque, que podamos nosotros andar por las calles”.
La seguridad nacional es otra cosa, tiene que ver con la integridad del país, con la integridad del Estado Mexicano.
Al respecto, @Alejandro_Marti escribió en su blog de Animal Político “Por qué si debe aprobarse la ley de Seguridad Nacional”.
Recordemos que esta mañana, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se reunió con 35 líderes sociales y empresariales para discutir la Ley de Seguridad Nacional. Entre los asistentes estuvieron Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por Causa en Común, y Laura Elena Herrejón, presidenta de Pro Vecino.
El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se reunió con 35 líderes sociales y empresariales para discutir la Ley de Seguridad Nacional. Entre los asistentes estuvieron Isabel Miranda de Wallace -presidenta de la Asociación Alto al Secuestro-, María Elena Morera -presidenta de Ciudadanos por Causa en Común- y Laura Elena Herrejón -presidenta de Pro Vecino.
En la discusión, Wallace y Herrejón se pronunciaron por la pronta aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, como está, mientras que Morera cree que sí debe haber modificaciones “importantes” en el dictamen.
