“Yo hubiera esperado que la PGR, en este tiempo, recorriera los casinos para investigar lo que denunciamos, pero no hizo nada”, asegura la diputada Lizbeth García Coronado quien el pasado 2 de mayo acudió hasta la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar penalmente la operación ilegal de 200 casinos en el país, entre estos el Royale de Monterrey.
Desde que presentó la denuncia, la también coordinadora del grupo de trabajo especializado en la vigilancia y el cumplimiento del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en la Cámara de Diputados, acudió en varias ocasiones a las oficinas centrales de la PGR para solicitar información de la indagatoria, pero aún cuando sus funcionarios reconocían que si existían casinos operando ilegalmente, nunca ordenaron que se les clausurara.
“Esta denuncia se presentó hace casi 4 meses y no ha pasada nada”, expone la diputada entrevistada por Animal Político para platicar de los avances que han tenido hasta el momento la querella.
Casinos “propicios para el lavado de dinero”
En su denuncia penal, García Coronado dijo estar preocupada por la falta de interés del gobierno federal para investigar alrededor de 200 casinos que operaban de manera ilegal en el país, pues a pesar de encabezar una “incansable lucha para derrotar a las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada”, no estaban poniendo atención a ese tema, ya que no era un secreto a voces que esos negocios eran propicios para lavar de dinero del crimen organizado.
“A todas luces podría infiltrarse el lavado de dinero, mediante estos mecanismos de corrupción o hasta ilícitos sobre la apertura de centros de apuesta que llegan a competir como es en el caso del Estado de Nuevo León, donde operan 31 casinos ilegales contra solo 19 de los que se encuentran dentro de la normatividad.
Esa situación, aunado a la falta de respuesta de los representantes de la Segob, quienes según la diputada no investigaron la operación ilegal de 200 centros de apuestas, fue lo que la empujo a interponer una denuncia penal ante la PGR, instancia que, al igual que gobernación, no investigó los hechos.
“Lo que nosotros le pedimos (a la PGR) era que investigara a fondo por qué estaban operando casinos de manera ilegal, pero no lo hicieron”, declara.
Atracciones y Emociones Vallarta se deslinda
La tragedia del Casino Royale, sin embargo, demostró que las sospechas de la diputada del PRD, sobre la operación ilegal de algunos casinos, eran correctas, ya que tras el incendió el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, declaró que aún cuando él había ordenado la clausura del citado negocio de apuestas, al detectar que operaba ilegalmente, el magistrado de la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de Nuevo León, José Alfonso Solís Navarro, a través de un amparo, había ordenado reabrirlo el 31 de mayo.
No sólo eso. Dio a conocer que los propietarios del casino eran los dueños de la empresa permisionaria de apuestas de la Segob, Atracciones y Emociones Vallarta S.A de C.V, propiedad de Rodrigo Aguirre Vizzuett, cuya familia declaró vía telefónica a la televisora Milenio, que él nada tenía que ver con el Casino Royale, pues los dueños de ese negocio eran Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila, éste último socio de la ahora extinta aerolínea Aviacsa y primos del exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, panista que gobernó el municipio entre 2006 y 2009, personaje que fuera acusado por tráfico de influencias en su gestión y expulsado de su partido en febrero de 2011.
Para que no quedara duda de lo dicho por la familia Aguirre en la televisora, el viernes 25 de agosto al mediodía, los representantes de Atracciones y Emociones Vallarta S.A de C.V, emitieron un comunicado de prensa en el que informaron que desde el 19 de septiembre de 2008 se habían comunicado oficialmente con los funcionarios de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob, para aclararles que el Casino Royale de Monterrey, “no” estaba operando con su permiso.
Responsabiliza a Blake
“Por respeto a las familias de las víctimas y los tres días de luto no quisiera dar una declaración de ese tipo, pero responsabilizó al Secretario de Gobernación –Francisco Blake Mora- por estos hechos”, asegura la diputada, después de mandar condolencias a los familiares de las víctimas que murieron en el incendio.
“Ellos (la Segob y la PGR) no investigaron y los centros siguieron operando, aún cuando se denunció que lo estaban haciendo clandestinamente”, de ahí que a la diputada nadie le saque de la cabeza que de haberse investigado a fondo la querella presentada ante la Procuraduría, el casino Royale tendría que haber cerrado sus puertas para ser investigado, lo que evidentemente “no sucedió”.
