Si de verdad existe un compromiso auténtico del Estado mexicano con el respeto a los derechos humanos, debería dejar de aplicarse el arraigo y convertirlo en “letra muerta”, consideró Santiago Corcuera Cabezut, consejero de la CDHDF.
Al participar en las conclusiones del Foro Reforma Penitenciaria y Arraigo. Acciones urgentes frente a la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, indicó que de esa forma se atenderían de forma inmediata las recomendaciones que han hecho numerosos organismos internacionales.
Reflexionó en que “si ocho organismos internacionales han dicho que la figura del arraigo, tal como está contemplada y es aplicada en el sistema mexicano debe ser eliminada, debemos escuchar con atención y si hay compromiso debemos dejar de aplicar esa figura, volviéndola letra dormida, mientras el Congreso de la Unión la mata”, insistió.
Asimismo, subrayó que mientras las autoridades niegan que existan quejas por la aplicación del arraigo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que, desde 2009 había recibido mil 64 quejas, además de haber emitido seis recomendaciones por casos de arraigo.
A su vez, el consultor general jurídico de la CDHDF, Fernando Coronado Franco, hizo notar que el fundamento del arraigo es la incapacidad de investigación de las autoridades: “Si ya tiene la investigación, ¿para qué pide el arraigo?”.
Coincidió en que, de acuerdo con los criterios de quienes interpretan tratados internacionales, el arraigo es propicio para el maltrato y la tortura. No obstante, dijo, organismos locales, incluidos algunos de derechos humanos y las propias autoridades de justicia se han pronunciado diciendo que la tortura ya no existe en México.
“Totalmente falso. La tortura existe en México, igual o peor que como existía antes de que se crearan los organismos protectores de derechos humanos. Lo que ocurre es que hay un contexto tal que impide que los casos sean declarados así por los jueces: no hay sentencias por tortura”, sostuvo Coronado Franco.
Y explicó que: “No hay sentencias por tortura porque, de acuerdo con la experiencia internacional, en cualquier país el contexto ha sido que la práctica de la tortura no es materia de una investigación adecuada, porque el propio Estado es el que se investiga a sí mismo”.
Es decir que “los estándares para establecer la tortura no son debidamente establecidos y porque hay circunstancias estructurales que lo impiden”.
Sobre el arraigo, Coronado Franco dijo que es incompatible constitucionalmente, lo que queda demostrado en la forma en que se aplica, pues el Ministerio Público solicita el arraigo no en supuestos de orden de aprehensión, sino en caso urgente y de flagrancia, y en este último es donde debieran proceder conforme al Artículo 16 constitucional.
Notimex.
