Durante 36 años, José Zacarías sobrevivió en medio de la guerra civil de su país, Guatemala. Ahora lo hace en  la frontera de dos naciones, donde la excusa de la lucha contra el narcotráfico  ha colocado a decenas de familias, entre ellas la suya, en la indefensión por el desplazamiento forzado que los obligó a cruzar la frontera con México.

Desde 2008, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala señalaba que Petén, vivía asediado por saqueadores, ocupaciones ilegales, la tala inmoderada, “pero también por la narcoactividad”. FOTO: Ángeles Mariscal

Las acciones de los cárteles mexicanos trascendieron desde hace algunos años la frontera de nuestro país. Ya desde 2008, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) señalaba que el Departamento de Petén, fronterizo con México y el más grande de Guatemala- con una extensión de 35 mil 854 kilómetros cuadrados- vivía asediado por saqueadores, ocupaciones ilegales, la tala inmoderada, “pero también por la narcoactividad”.

Ese año, el Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) de ese país dio a conocer un informe donde señalaba que en Petén se ubicaban un sinnúmero de pistas de aterrizaje clandestinas, utilizadas por avionetas cargadas de estupefacientes.

El informe sostiene que esa región es estratégica –se encuentra en una zona selvática donde el acceso de las instituciones es mínimo, la pobreza de la población llega a ser extrema y cuenta con una frontera prácticamente abierta con México– porque sirve como bodega durante el trasiego de droga que efectúan  los cárteles, principalmente mexicanos.

Al igual que en México, la situación de violencia asociada a estos grupos subió de nivel cuando en mayo de este año, un grupo armado masacró a 29 personas que se encontraban en una finca del Petén, a pocos kilómetros de la frontera mexicana. Tres días después de esos hechos, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, anunció la detención de “un dirigente alto de los Zetas, (que) creemos que se vincula directamente con la matanza”.

Los encargados de los aparatos de seguridad de ambos países incrementaron a partir de entonces acciones conjuntas, porque al decir de Claudia Paz y Paz, fiscal general de Guatemala, el tráfico de drogas fue creciendo en su país y en esta actividad participan Zetas mexicanos y kaibiles guatemaltecos.

“Al principio los narcotraficantes se ganaban el favor de la población colocando hospitales o escuelas. Pero ahora lo hacen por medio del terror”//FOTO: Ángeles Mariscal

“Al principio los narcotraficantes se ganaban el favor de la población colocando hospitales o escuelas. Pero ahora lo hacen por medio del terror”, sostuvo la funcionaria el pasado mes de junio, durante una visita a México.

Entre las acciones que llevó a cabo el gobierno de Guatemala estuvieron la implementación de un estado de sitio temporal en la región del Petén, la vigilancia constante y, últimamente, la desocupación de poblados que se encuentran asentados de manera irregular en áreas naturales protegidas que forman parte de la Biósfera Maya.

El 23 de agosto pasado le tocó a la familia de José Zacarías, y a unas 300 personas más, ser expulsados de su aldea llamada Nueva Esperanza, que se ubica a poco más de un kilómetro de la frontera entre Guatemala y Tabasco, en la zona conocida como El Ceibo.

José Zacarias, José Manuel y Miguel Ángel Pérez, luego de la firma de los acuerdos de paz que puso fin a los 36 años de guerra interna en Guatemala, iniciaron con sus familias la búsqueda de tierras para sembrar y reintegrase a la vida civil. La encontraron en la zona del Petén, que comparte con México la herencia cultural y caracterización geográfica con la Selva Lacandona, con la que colinda.

Al decir de los campesinos, desde hace 10 años hicieron su vida en este lugar, a pesar que en dos ocasiones anteriores habían sido desalojados del poblado, el 24 de junio de 2007 y 23 de mayo de 2008. En ambas regresaron.

Zacarías detalló que en esta ocasión el desalojo fue diferente, “porque esta vez llegó el Ejército, nos acusaron de narcotraficantes, nos expulsaron y quemaron nuestras viviendas (…) parece que en mi país estamos volviendo a la época de la tierra arrasada, cuando el Ejército llegaba a las aldeas a expulsar a la población a la que acusaba de participar con la guerrilla. Ahora nos acusan de apoyar al narco, y nuevamente tenemos que huir”.

Presionados por la presencia del Ejército y la policía de su país, los campesinos caminaron y cruzaron México. Llegaron al ejido Nuevo Progreso, ubicado en Tenosique, Tabasco.

Ahí, en esa región selvática, buscaron la protección de la comunidad, quienes en un primer momento los dejaron albergarse bajo unas techumbres de láminas.

A los pocos días fueron asistidos por organismo humanitarios, entre ellos el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (Comar). Con su ayuda improvisaron chozas de lonas plásticas con las que, al menos, logran cubrirse de la constante lluvia que en esta época cae en la zona.

Casa de campaña con lonas que apenas logran cubrir a los desplazados que han llegado a México, entre ellos decenas de niños.//FOTO: Ángeles Mariscal

Al poco tiempo del desalojo, el gobierno de Álvaro Colom, a través de un comunicado de prensa, informó que la desocupación de los pobladores de Nueva Esperanza, “se hizo con orden judicial, con respeto a los derechos humanos y para recuperar áreas que estaban en poder del narcotráfico o que favorecían las actividades ilícitas del mismo”.

Sin embargo, ante el conflicto internacional que generó el hecho de que las familias hayan buscado refugio en México, el gobierno guatemalteco busca el retorno de las familias, pero a un refugio temporal ubicado lejos de la comunidad de donde salieron. Con el tiempo, les dijeron, gestionarían la compra de nuevas parcelas y el beneficio de programas sociales.

En una reunión que sostuvieron con los desplazados el pasado 5 de septiembre, teniendo como testigos a las autoridades mexicanas, los campesinos guatemaltecos se negaron a regresar a su país y exigieron a las autoridades de que se les permita volver al lugar de donde salieron y que  no haya represalias contra ellos. No se llegó a un acuerdo.

Mientras en Guatemala, organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas acusan al gobierno de su país de querer criminalizar a la población de Nueva Esperanza, con el fin de recuperar un territorio “destinado a la implementación del Mega Proyecto Cuatro Balam, que consiste en un proyecto turístico de grandes dimensiones y la construcción de cuatro Hidroeléctricas en las márgenes del río Usumacinta”.

Amnistía Internacional también se pronunció sobre la desocupación forzada y sostuvo que el gobierno de Guatemala criminalizó a los campesinos al vincularlos con grupos dedicados al narcotráfico, sin que haya habido un juicio formal que sustentara estas acciones.

El gobierno mexicano, por su parte, intenta mantenerse al margen de esta problemática y pareciera pugnar porque los desplazados retornen a su país. Personal del Instituto Nacional de Migración (INM), y la Secretaría de Gobernación (Segob) se han entrevistado con los campesinos.

A partir de esas reuniones la Segob ha emitido dos comunicados. El primero para señalar que esperaría obtener información oficial del gobierno de Guatemala para “definir las acciones que correspondan para solucionar la problemática de esas familia”.

En el segundo, para indicar que ofrecieron a los desplazados “permanecer algunos días más en territorio mexicano, en tanto concluyen las negociaciones con la autoridad guatemalteca”.