La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (@CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad relacionada con el artículo recientemente añadido al Código Penal del estado de Veracruz,en el que se adiciona el delito de “perturbación del orden público”. El delito había sido usado por el gobierno para intentar acusar a dos usuarios de redes sociales por enviar mensajes sobre supuestos ataques contra escuelas en el contexto de una psicosis en el sur del estado de Veracruz por anteriores ataques del cártel de Los Zetas.
Este artículo, el número 373, se dio a conocer el pasado 20 de septiembre a través de la Gaceta Oficial del gobierno de esta entidad y establece la posibilidad de sancionar a una persona que “por cualquier medio afirme falsamente” la existencia de aparatos explosivos, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionado la perturbación del orden público.
Este contenido llevó a la CNDH a plantear su inconstitucionalidad con las siguientes consideraciones:
La ley, aprobada el 20 de septiembre, resulta contraria a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión tuteladas en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales de los que nuestro país es parte, de acuerdo con apreciaciones difundidas en un comunicado de la CNDH.
Según el análisis de la defensoría de los derechos humanos en México, la libertad de expresión es un derecho esencial del ser humano que contempla dos vertientes: la expresión del pensamiento propio y el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias difundidas por los demás. También el derecho a la información se encuentra protegido en el ámbito internacional y al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversos criterios jurisprudenciales.
En la norma en controversia, no se precisa la conducta sujeta a sanción, por lo genérico que resulta “afirme falsamente”. Tampoco se precisa el medio para tenerla por demostrada, porque establece “por cualquier medio” y quedaría al arbitrio del juzgador interpretar el alcance de esos conceptos. Carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión. Además, el destinatario no estará en posibilidad de saber el motivo de esa prohibición, situación jurídicamente inadmisible e incompatible con un sistema o Estado de Derecho.
La CNDH reitera su compromiso de asumir con firmeza la defensa de los derechos humanos a través de los medios que tiene a su alcance y hace explícito su respeto a las determinaciones que dicte la SCJN.
