La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó la orden de aprehensión contra el exgobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía como probable responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público.
La orden girada por el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla se dio luego que el Ministerio Público reuniera los elementos probatorios que lo señalan de haber ordenado la fabricación de averiguaciones previas en agravio del abogado Florencio Madariaga Granados.
De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario ordenó al entonces procurador de Justicia del Estado, Mariano Francisco Herrán Salvatti, detener a Madariaga Granados por haberse opuesto a la aprehensión de Arturo López Martínez, exgerente general de la Comisión de Caminos del Estado.
El expediente penal contiene la declaración ministerial del Herrán Salvatti, quien afirmó haber recibido instrucciones de Salazar Mendiguchía de iniciar averiguaciones previas contra diversos servidores públicos que laboraron en el Gobierno interino de Roberto Albores Guillén.
Agregó que el exgobernador argumentaba que “éste (Albores) y sus colaboradores habían obstaculizado su campaña política, entre quienes se encontraban Arturo López Martínez y Librado de la Torre González”.
El 14 de mayo de 2001, López Martínez fue detenido en la Ciudad de México, violando una suspensión provisional concedida por un Juez Federal que impedía fuera aprehendido.
Tras lo ocurrido, Florencio Madariaga exigió a los elementos de la Procuraduría estatal respetaran el amparo, situación que Mariano Herrán Salvatti informó a su superior.
“Al notificarle, Salazar Mendiguchía me ordenó que con amparo o sin amparo ejecutara la orden de aprehensión… ordenándome nuevamente iniciar cuantas averiguaciones previas fueran necesarias en contra de Florencio Madariaga y otros exfuncionarios”, reveló.
Como parte de las investigaciones que actualmente realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se establece que durante su encargo como titular del Ejecutivo del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, se encontraba obligado a velar por la seguridad jurídica de los gobernados.
Salazar Mendiguchía enfrenta dos procesos penales más en su contra: por el de peculado de 104 millones de pesos y el homicidio de dos bebésen el Hospital General K de Comitán de Domínguez en 2002.
NTX
