El legado más importante del sexenio de Felipe Calderón, podría ser el número de muertos por su guerra contra el narco, asegura el LA Times en su columna editorial de hoy.
Desde 2006, unos 45 mil civiles han muerto, y el número sigue en aumento. La tasa de homicidios aumentó en más del 260% entre 2007 y 2010. Y un nuevo informe de Human Rights Watch indica que los cárteles de la droga y el crimen organizado no es el único responsable por el derrame de sangre. La editorial del LA Times, recuerda que HRW consideró que los militares, desplegados para proteger a los civiles, pueden haber causado muchas de las muertes.
El LA Times señala que el informe es sólo el último recordatorio que la estrategia de Calderón de seguridad, incluyendo su decisión de desplegar más de 50 mil soldados contra los cárteles, no ha reducido la violencia, y “de hecho puede estar alimentando la misma”.
Según la columna editorial, los problemas de México no tienen solución fácil. La pobreza, la corrupción y la debilidad del Estado de derecho son todos parte del problema. También lo son las ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos por el gobierno y los militares, según el informe de HRW.
“Si Calderón pretende seguir adelante con su estrategia militar – y no hay señales de cambiar de rumbo – entonces debería, al menos, poner en práctica algunas garantías para hacer frente a los abusos que tienen lugar en manos de las autoridades. Las reformas judiciales serían un buen punto para comenzar. Su gobierno tuvo un prometedor paso adelante a principios de este año, cuando se nombró a Marisela Morales para servir como fiscal general. Una exfiscal que había llevado una unidad dedicada a la lucha contra el crimen organizado, que desde entonces ha cesado a decenas de fiscales federales y se trasladó a limpiar la corrupción en la PGR”, apunta el diario.
Para el LA Times, “todavía queda mucho por hacer. La mayor parte de las reformas constitucionales aprobadas en 2008 se han quedado en el papel. Lo que incluye un llamado a alejarnos de una ‘inquisición’ del sistema legal a una ‘confrontación’ modelo en el que los acusados y las víctimas puedan impugnar las pruebas en audiencia pública. Y plantea reformular las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos que han quedado sin respuesta. En la actualidad, sólo los casos de tortura, violación y desaparición forzada son manejados por fiscales civiles. Los investigadores militares deben supervisar todos los procesos de abuso, incluidos los relativos a las ejecuciones extrajudiciales, que ha llevado a la preocupación de que las investigaciones de los militares acusados de disparar a civiles no serán imparciales y la falta de rendición de cuentas.”
Estados Unidos, que ha comprometido más de 1.6 millones de dólares desde 2007, a través de la iniciativa Mérida, para ayudar a México en la lucha contra los cárteles de la droga y bandas criminales, puede ayudar. El gobierno de Obama debería instar a Calderón para centrarse en el fortalecimiento del sistema judicial de México y alentar a su Gobierno a adoptar reformas, termina la editorial del LA Times.
