La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio entrada a la denuncia por “tortura sexual” presentada contra el Estado mexicano por un grupo de mujeres que, entre el 3 y el 4 de mayo de 2006, fueron detenidas por policías del Estado de México, durante el operativo con el que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto desmanteló el movimiento de comuneros de San Salvador Atenco, surgido a raíz del intento fallido por crear un aeropuerto internacional en sus tierras ejidales.
La denuncia a la que dio entrada la CIDH incluye los testimonios de 11 mujeres que fueron agredidas sexualmente en el interior de los vehículos oficiales en los que las trasladaron a centros de detención, de las 26 que hace cinco años denunciaron haber sido desnudadas, manoseadas, obligadas a practicar sexo oral y violadas por policías mexiquenses, algunas en presencia de sus propios maridos.
Una vez que las afectadas y el Estado mexicano sean notificados formalmente sobre la aceptación de esta denuncia, adelantó la CIDH, se hará público el Informe de Admisibilidad, que incluirá los argumentos por los cuales el organismo continental considera que hay elementos para investigar “violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El procedimiento ante la CIDH fue emprendido el 28 de abril de 2008, pero no fue sino hasta diciembre de 2010 que empezó a ser evaluado, ya que “el gobierno mexicano dilató la presentación de sus informes y omitió el envío de otros, incumpliendo sus obligaciones internacionales”, aseguró al respecto el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que brinda asesoría legal a las mujeres agredidas por policías mexiquenses.
Como se recordará, luego que comenzaron a surgir las denuncias de agresiones sexuales contra las activistas de Atenco, Peña Nieto, hoy aspirante a la presidencia de la República, calificó el operativo policiaco como “limpio” y aseguró que denunciar violaciones a manos de policías era una estrategia habitual para eludir la acción de la justicia.
Tres años después de estas declaraciones, en febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho despliegue policial se había desarrollado con evidentes excesos, además de que contra las personas detenidas (12 de las cuales permanecieron tres años en prisión) se habían formulado acusaciones falsas, con el objetivo de destruir un movimiento ciudadano opositor.
Sólo entonces Peña Nieto admitió que estos abusos se cometieron, pero aclaró que “no puede la autoridad imputar responsabilidad cuando no ha quedado acreditada debidamente la responsabilidad”.
Cabe destacar que, de los más de 2 mil agentes que participaron en el operativo en el que fueron detenidos 200 pobladores de Atenco (incluidas 50 mujeres de distintas edades), sólo un agente ha sido sentenciado por “actos libidinosos”, delito menor que le permitió ser enjuiciado en libertad y, de hecho, aún después de sentenciado culpable, nunca pisó la cárcel.
