La Gaceta Oficial de la isla dio a conocer el jueves los detalles de un conjunto de leyes –en especial una marco firmada por el presidente Raúl Castro— y varias normas que regulan la transmisión de bienes raíces, unas horas después de que el periódico Granma lo anunciara.
Los cubanos que residan en el país y los extranjeros con estancia permanente podrán ser propietarios de una vivienda para habitar y otra de descanso en el campo o la playa.
Las normas “reconocen la compraventa, permuta, donación y adjudicación –por divorcio, fallecimiento o salida definitiva del país del propietario– de viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en la isla”, explicó Granma.
La medida contribuirá “a un reacomodo voluntario de los espacios habitables entre las personas”, agregó, mientras las normas publicadas en la Gaceta Oficial hicieron énfasis en la necesidad de eliminar “limitaciones en los actos de transmisión… a los efectos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los propietarios”.
Según las nuevas leyes las operaciones estarán sujetas a un impuesto de 8% del valor declarado de la vivienda, un 4% pagadero por el comprador y la otra mitad por el vendedor.
Cuando se produzca una permuta también se abonará una tasa de 4% sobre cada uno de los inmuebles.
También deberán pagar impuestos quienes reciban la transmisión de viviendas por parte del Estado, por ejemplo cuando el antiguo propietario salga del país y ésta sea reclamada por parientes o convivientes –en este caso con al menos cinco años de residencia legal– o en caso de fallecimiento de éste.
Durante décadas los cubanos enfrentaron serias prohibiciones en torno a la compraventa de viviendas y debían sortear muchos trámites burocráticos para disponer legalmente de sus bienes raíces incluso en caso de las permutas, la forma más usual de legalizar operaciones inmobiliarias.
Las nuevas leyes incluso reconocen las permutas con compensación, o sea una legalización de lo que sucede actualmente cuando una persona entrega una propiedad grande y recibe otra pequeña con una diferencia monetaria.
En caso de que medie dinero en las operaciones no se usará efectivo, sino que el pago se realizará con un cheque previamente emitido de un banco en el cual el adquirente pondrá el dinero a favor del vendedor.
Además se eliminan las autorizaciones de la Dirección Municipal de la Vivienda que eran necesarias para cualquier movimiento y fuente de queja entre las personas por la burocracia que implicaba, pero se requerirá la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad.
Para formalizar la transmisión de las casas solo será necesario un acta notarial.
En julio el gobierno anunció que esta ley estaba en proceso –al igual que una para comprar y vender automóviles– y que sería formalmente aprobada antes de fin de año.
La norma similar correspondiente a los vehículos entró en vigor a comienzos de octubre.
La medida forma parte de un paquete puesto en marcha por Castro para realizar lo que él mismo llamó una actualización del modelo cubano, flexibilizando el trabajo independiente del Estado y levantando muchas prohibiciones o trabas que tenían los cubanos en su vida diaria o para algunas operaciones comerciales.
Sin embargo, el gobierno aseguró que no se perdería el carácter esencialmente socialista del modelo y el respaldo del Estado sobre todo a los sectores más vulnerables.
Según se comentó en julio, la idea era permitir a los ciudadanos disponer de sus casas, a la vez que evitar la acumulación de propiedades en manos de pocos y no permitir la compra por parte de extranjeros.
El mercado abierto de bienes raíces estaba prohibido desde el triunfo de la revolución, cuando el líder rebelde Fidel Castro impulsó una reforma urbana y entregó las viviendas a quienes residían en ellas en esos momentos.
AP.
