Los abusos de las Fuerzas Armadas cometidos en el marco de la guerra contra el crimen organizado, emprendida por el presidente Felipe Calderón en 2007, son el centro del informe especial que este miércoles presenta Human Rights Watch (HRW) al titular del Poder Ejecutivo, elaborado a partir de investigación de campo realizadas en media docena de entidades federativas, durante los últimos dos años.
A partir de las 14:00 horas, aquí podrás consultar el informe elaborado por la organización internacional de defensa de derechos humanos, mientras tanto, Animal Político te presenta un resumen de los abusos constatados por la HRW en Nuevo León durante 2010, así como uno de los casos documentado en 2007, e incluido en el reporte “Impunidad Uniformada”, también elaborado por esta agrupación.
Noviembre 12, 2010… Sin licencia
Jehú Abraham detuvo su camioneta junto a una tienda de San Pedro Garza García, para una revisión de la Policía de Tránsito. Al no contar con licencia para conducir, fue arrestado.
Una hora después, agentes de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León acudieron a la estación municipal para llevarse a Jehú. No contaban con orden de aprehensión o presentación en su contra.
Hacia las 19:30 horas, la esposa de Jehú se contactó con él a través de su teléfono celular, y éste le dijo “que estaba siendo trasladado hasta la delegación de la Policía Ministerial, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad”. Para las 20:30 horas, el celular de Jehú había sido apagado.
Familiares buscaron a Jehú en instalaciones de la policía municipal, estatal, la Procuraduría del estado, bases militares y de la Policía Federal, sin obtener datos sobre su paradero.
“En los días siguientes –señaló HRW–, la Policía Ministerial ofreció versiones contradictorias de los hechos: en un primer momento dijo a los familiares que no lo habían detenido y, luego, les informó que la víctima se encontraba bien y que estaba bajo su custodia. Posteriormente, dijeron que había sido puesto a disposición de la Marina la misma noche en que fue detenido.”
El reporte abunda: “La esposa de la víctima, quien tuvo acceso al expediente (abierto por la desaparición de Jehú), informó a Human Rights Watch que dos oficiales de la Marina declararon ante la Procuraduría del estado que la víctima había sido puesta a su disposición sin aparente justificación, y que fue liberada luego de un breve interrogatorio. Desde los altos mandos de la Marina, se continúa negando que esta institución haya intervenido en la custodia de la víctima.”
Hasta el momento, nada se sabe de Jehú y la búsqueda continúa.
Septiembre 5, 2010… Inercia
Apenas anochecía, cuando Vicente tomó la carretera a Apodaca, acompañado de otras seis personas, entre ellas su esposa y su hijo Alejandro, de 15 años, pero la marcha era lenta, a causa de un convoy militar que avanzaba delante de su auto.
Vicente intentó rebasarlo, aceleró la marcha y justo cuando pasaba junto a los vehículos militares, un capitán disparó contra sus neumáticos, luego, el auto fue rociado con balas por tres soldados más. Ahí murieron Vicente y Alejandro, y el resto de los tripulantes, incluidos dos niños de 8 y 9 años, resultó con diversas heridas.
Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que los tripulantes del vehículo se habían negado a detenerse, al pasar junto a un retén militar, pero un mes después (el 13 de octubre), la Sedena enmendó su versión, y aseguró que los militares dispararon luego de que desde un auto oficial ordenaran a Vicente hacer alto total.
“Sedena admitió que ‘no existió agresión contra personal militar’ desde el automóvil (de Vicente) y que los tres soldados habían disparado ‘por inercia’.”
La madre de Alejandro, sin embargo, aclaró que nunca recibieron indicación alguna de los uniformados, y que éstos dispararon a mansalva.
Aunque el Ministerio Público Militar abrió una investigación por esta agresión contra civiles, sus eventuales avances no son públicos.
Marzo 3, 2010…. Manos en alto
Tras concluir su turno en la fábrica donde trabajaban, luego de la medianoche, Rocío Romelí y su esposo Juan Carlos, ambos de 29 años, abordaron su auto para volver a casa, en el municipio neoleonés de Anáhuac, pero en su camino fueron interceptados por dos sujetos armados, que intentaron despojarlos del vehículo.
Rocío y Juan lograron eludirlos y continuar la marcha, pero poco después un vehículo militar comenzó a perseguirlos. La pareja descendió del auto e intentó guarecerse detrás de un vehículo estacionado en el camino, pero Juan fue alcanzado por un disparo de los soldados.
Al parecer, habían quedado en medio de un enfrentamiento entre militares y los hombres que antes habían intentado robarles el vehículo, y no fue sino al concluir la balacera, que la joven pareja logró salir de su refugio.
“Con las manos en alto –señala el reporte de la agrupación internacional–, Rocío grita a los militares, rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba aproximadamente a tres metros de distancia les disparó. Un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente, a quemarropa. Luego, según afirmaron los testigos, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de las víctimas. Al día siguiente, el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado.”
El Ministerio Público determinó, posteriormente, que no había pruebas de que Rocío y Juan hubieran agredido a los militares o que tuvieran nexos con grupos delictivos.
Mayo 1, 2007… Ni la Virgen
Luego de una emboscada a un convoy militar, en Michoacán, en la que fueron asesinados cinco uniformados, cientos de soldados son desplegados en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, que, durante los dos días siguientes, detuvieron a 36 pobladores, incluidas cinco mujeres menores de edad, todos los cuales fueron trasladados a la base militar de la 21 Zona Militar.
Ahí, afirma HRW, “por un término de hasta 84 horas, golpearon reiteradamente a los detenidos, les ataron las manos y, en algunos casos, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico o tela.”
Algunos detenidos tenían huellas de quemaduras y otros fueron sumergidos en agua hasta la asfixia, durante los interrogatorios a los que fueron sometidos, además de que en cuatro casos las víctimas permanecieron durante toda la aprehensión con una bolsa en la cabeza.
Cuatro mujeres menores de edad, quienes permanecieron detenidas por más de 20 horas en el cuartel militar, denunciaron haber sido golpeadas reiteradamente y abusadas sexualmente.
“Una de las jóvenes –destaca el reporte– relató que la obligaron a subirse la falda y bajarse la ropa interior, mientras los soldados le decían ‘pinches putas, al fin es lo que les gusta’.”
Mientras que, “un soldado le quitó a una de las jóvenes una estampita de la Virgen María que llevaba consigo, la arrugó hasta formar una bolita y la introdujo en su ano; según la joven, los soldados le dijeron: ‘Ni la virgencita te va a salvar'”.
Durante su detención, estas jóvenes denunciaron haber sido obligadas a inhalar una sustancia que las adormeció, “y se despertaron con terribles dolores en el cuerpo, especialmente en el abdomen inferior; algunas advirtieron que estaban expulsando espuma por la nariz y la boca, y que un líquido salía de su vagina”.
Los pobladores de los municipios tomados por el Ejército tras la emboscada del 1 de mayo denunciaron, además, que 30 viviendas fueron allanadas ilegalmente, y que los soldados robaron a los moradores dinero en efectivo, teléfonos celulares y joyas.
Por este caso, así como por abusos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2007 y 2009, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en marzo de 2010 que dos jefes, 10 oficiales y 43 elementos de tropa fueron sujetos a procedimiento ante la justicia militar.
