Entre enero de 2008 y mayo de 2011, la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública ha dejado un saldo de mil 598 presuntos criminales muertos y 253 heridos (es decir, una relación de 12 a 1), lo que representa un incremento de 465% en lo que expertos denominan “índice de letalidad”, aumento que coincide con la inclusión de las Fuerzas Armadas en labores policiacas, decretada por el presidente Felipe Calderón.
Desarrollado en Brasil a mitad de la década pasada, con el objetivo de medir la proporcionalidad y el uso racional de la fuerza pública en el combate a la criminalidad, este modelo estadístico fue aplicado al caso mexicano por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes, a partir del análisis de estadísticas oficiales proporcionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) (a través de la solicitud de información 0000700013611), concluyeron que “la inclusión del Ejército en tareas de seguridad, en entornos violentos, parece traer consigo un inevitable uso de la fuerza bajo la lógica de la guerra“.
Gatillo fácil
Concluido en septiembre pasado por los investigadores Carlos Silva, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez, el estudio Uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales destaca que, “idealmente, no debería esperarse que el número de muertos sobrepasara con mucho al de heridos y, por lo tanto, que el valor del índice de letalidad no fuera muy superior a 1 muerto por 1 herido”.
Para 2008, el número de presuntos delincuentes abatidos en enfrentamientos con el Ejército ya era superior a dicha tasa ideal, con 2.62 muertos por cada delincuente que dejaba herido, pero tal proporción incrementó 465% al pasar a 12.19 en 2011, en cuyos primeros cinco meses los militares dejaron sin vida a 585 rivales y heridos a 48.
Asimismo, el número de presuntos criminales muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden supera por mucho al de agentes fallecidos en los mismos choques, en proporción de 13.8 a 1 (en el caso de combates con militares), de 34.5 a 1 (al batirse con marinos) y de 1.4 a 1 (al encarar a policías federales).
“Los altos valores que adquiere este indicador para el caso del Ejército y la Marina –destaca el estudio– parecen caer en esfera de preocupación por el uso excesivo de la fuerza”, para luego subrayar que la muerte de diez o quince veces más civiles que uniformados, en un periodo dado, puede sugerir que la fuerza letal “podría estar siendo usada para propósitos diversos a la protección de la vida en circunstancias extremas”.
Zapatero a tus zapatos
El estudio sobre uso de la fuerza letal, cuyo germen fue el debate académico sobre las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional (que, de aprobarse, concederá funciones policiacas a las Fuerzas Armadas) y sobre el cual el Instituto de Investigaciones Jurídicas aclara que sólo compromete la opinión de sus autores, afirma que “las diferentes asignaturas de cada cuerpo de seguridad explican el porqué, ante situaciones parecidas, miembros de las fuerzas de seguridad pública y miembros de las fuerzas armadas responden diferente, (dado que) cada una obedece al entrenamiento que ha recibido“.
Y abunda: “Las tareas de seguridad pública –comprendiendo desde la prevención de los delitos hasta la impartición de justicia, pasando por la investigación de los delitos– no son propias del Ejército o de la Marina, sino de las distintas instancias constitucionalmente creadas para esta función: policía, ministerios públicos y poder judicial (…) Las Fuerzas Armadas están, en esencia, entrenadas para combatir en contextos de guerra“.
Así, ejemplifican los expertos en derecho constitucional, el índice de letalidad de la Policía Federal (2.6 presuntos delincuentes muertos por cada herido), se multiplica hasta llegar a 4.8 cuando comparte el escenario de operaciones con el Ejército, lo que permite ver que, además de una correlación estadística, “existe un posible impacto causal entre el aumento de las tasas de homicidios dolosos, y el despliegue y presencia del Ejército y la Policía Federal en operativos conjuntos”.
Derechos no, chuecos
Otra variable cuya valoración es necesaria, destaca el estudio, es el índice de denuncias ciudadanas por violaciones a las garantías individuales perpetradas por el Ejército, formuladas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mismo que ha aumentado 777% durante la gestión del presidente Felipe Calderón, al pasar de 182 quejas en 2006, a mil 415 en 2010.
Según los informes de actividades de la CNDH, desde 2008 el Ejército ocupa el primer sitio en el ranking de las instituciones públicas más denunciadas por violar derechos humanos, superando así al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal Preventiva.
De esta forma, desde 2007, cuando el presidente Calderón promovió la inserción de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, la Sedena pasó del noveno al primer lugar en cuanto a abusos contra las garantías individuales se refiere, al sumar en total 4 mil 985 denuncias entre 2006 y el año pasado.
El número de recomendaciones emitidas contra la Sedena, y que representan los casos en que oficialmente la CNDH confirmó los abusos denunciados, es un reflejo más del uso indebido de sus funciones, y es que mientras esta institución fue reconvenida 30 veces de 1990 a 2006, tal cifra que se triplicó entre 2007 y lo que va de 2011, lapso en el que el ombudsman nacional ha emitido 96 recomendaciones sólo contra contra militares.
