Luego de que el gobierno federal anunciara ayer, mediante un comunicado oficial, que “explora todas las alternativas para proceder legalmente” contra de quienes pidieron a la Corte Penal Internacional de La Haya investigar al presidente Felipe Calderón, por presuntos crímenes de lesa humanidad, los signatarios de dicha solicitud acordaron congregarse fuera de la Procuraduría General de la República, este martes a las 16:00 horas, para “entregarse” a las autoridades.
John Ackerman, uno de los promotores de lo que la Presidencia calificó como “calumnias y acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”, explicó en entrevista con Animal Político que la petición formulada ante La Haya se fundamenta en un procedimiento legal, previsto por el artículo 15 del Estatuto de Roma de la ONU.
“No hemos cometido un delito, como para que procedan legalmente contra nosotros” –explica el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM–. Nunca faltamos a la ley, sino que basándonos en ordenamientos internacionales, acercamos información al fiscal de la CPI en torno a la realidad de violencia que padece México, así como cifras que, consideramos, demuestran el fracaso de la estrategia de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que ha arrojado 40 mil muertos en los últimos años.”
Como se recordará, la fiscalía de la CPI recibió el pasado viernes un expediente informativo elaborado por 50 académicos, defensores de derechos humanos, representantes de organismos civiles y periodistas mexicanos, acompañado por una petición formal para que se abra una línea de investigación contra el presidente Calderón, así como contra el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loaera, por sus responsabilidades de mando en lo que los promoventes califican como un “conflicto armado prolongado”, que tan sólo en 2010 “ha causado más muertes que la guerra emprendida por Estados Unidos en Afganistán y Paquistán”.
Ackerman, quien confirmó que mañana asistirá al acto de protesta en la PGR, calificó esta “amenaza” del gobierno federal como “la reacción más típica de un gobierno dictatorial, que busca encarcelar y castigar a los que denuncian y expresan su indignación ante la realidad”.
Además, aclaró que nunca se entabló una “denuncia” contra Calderón ante el CPI, ya que dicha figura no existe, sino que se solicitó a la fiscalía de La Haya valorar la información presentada y, eventualmente, este organismo definirá si procede emprender una investigación o, “como sucede en Colombia, establecer labores de observación del conflicto que vive aquel país”.
“Calumnias” y “amenazas”
Para rebatir las “imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la CPI”, la Presidencia subrayó en su comunicado que la estrategia de combate al crimen organizado, emprendida el 11 de diciembre de 2006, responde al “clamor de ayuda expresado por los ciudadanos”, ante una “inédita escalada de agresión realizada por delincuentes”.
Asimismo, Presidencia afirmó que cuando se han presentado casos “verdaderamente excepcionales” de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales, “se ha procedido legalmente en contra de los responsables”.
“Es absurdo –señala el comunicado– siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace por preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios.”
No obstante, destacó por su lado Édgar Cortez, representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC y otro de los promotores de la solicitud ante la CPI, esta respuesta demuestra “que el gobierno mexicano considera incuestionable su política de seguridad pública, tratando de ocultar así el alto costo social y humano de la realidad de violencia, la cual es reflejo del añejo problema nacional de la impunidad al que el actual gobierno no muestra disposición ni capacidad de enfrentar”.
Y abundó: “el tono amenazante del comunicado de Presidencia va dirigido a los promoventes de la medida ante la CPI, pero también deja ver la intención de seguir ignorando las circunstancias de violencia que estamos viviendo en el país”.
A su vez, Claudia Cruz, directora general del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, y también impulsora de la medida ante La Haya, calificó como “muy grave” que se amenace con emprender acciones legales en contra del grupo de firmantes, y adelantó que han comenzado a analizar qué otras medidas emprenderán para denunciar las “acciones autoritarias del Estado”, además de la manifestación convocada para mañana, en la sede capitalina de la PGR, junto al Monumento a la Revolución.
