Esta mañana, en una entrevista radiofónica simultánea, Carmen Aristegui pudo confrontar a Netzaí Sandoval (@ElNetza), abogado que preparó la denuncia interpuesta contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI) y al director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga, de quien se aclaró que es la voz oficial del gobierno federal sobre esta demanda.
En primera instancia, Sandoval presentó una ficha técnica sobre las implicaciones de la “comunicación de información” enviada a la CPI sobre Felipe Calderón, el Estado mexicano y narcotraficantes mexicanos. También explicó que está “comunicación” no es propiamente una demanda, porque no es el término utilizado por el Estatuto de Roma. Lo que se plantea es que “en México hay un contexto generalizado de violencia muy preocupante en el que se están presentando violaciones muy puntuales al derecho internacional humanitario de parte del narcotráfico y del gobierno federal.”
Netzaí Sandoval denunció que “de parte de los soldados y las fuerzas de seguridad han cometido violaciones sexuales contra mujeres e incluso niñas, que han realizado homicidios contra civiles, desapariciones forzadas, tortura sistemática para conseguir autoinculpaciones, ejecuciones y perjuicio.” Para Sandoval, “todo esto demuestra que hay prácticas que se reiteran.”
En cuanto al narcotráfico, el abogado acusó que “atacan hospitales donde asesinan a personas, atacan centros de rehabilitación donde hay enfermos, realizan amputaciones, que atacan a civiles, que reclutan a niños menores de quince años para convertirlos en sicarios.” Estos actos violan el derecho internacional humanitario y de acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, “los mandos que están al frente de estos dos grupos que están enfrentándose, son también responsables, por sus omisiones -porque debieron haber evitado que estos crímenes ocurrieran-, y porque no sancionaron a quienes los cometieron.”
El doctor Laveaga felicitó a Netzaí Sandoval por su idealismo y por las preocupaciones que dijo compartir por la seguridad del país, sin embargo, cree que está equivocado en su proceder, pues la CPI, tiene un carácter complementario. Esto significa que “la Corte le entra cuando ya se agotaron las instancias nacionales, cuando ya se denunció al presidente o a los secretarios antes los tribunales nacionales y estos no pudieron o no quisieron atender el asunto. En algunos estados totalitarios es frecuente que los tribunales estén cooptados por el líder y (…) entonces hay que acudir a la Corte para que en su carácter complementario (…) pueda tomar una decisión.” Por lo anterior, para el director del Inacipe, la CPI “no es el órgano adecuado, o por lo menos, no hasta haber agotado las instancias.”
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28 – nov – 2011 – El gobierno no procederá contra los demandantes de La Haya
A unas horas de que la Presidencia de la República anunciara que analiza las opciones para proceder legalmente contra quienes presentaron una queja contra el presidente Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), la vocera la administración calderonista aclaró que el gobierno federal no demandará a nadie y que en todo caso serían los funcionaros señalados quienes podrían hacerlo.
“El gobierno no procederá contra las 29 mil personas” que firmaron la queja presentada contra el presidente Felipe Calderón y algunos de los miembros del gabinete de seguridad por supuestos delitos de lesa humanidad ante la CPI, aclaró en entrevista con Denisse Maerker para Radio Fórmula, Alejandra Sota, vocera de Presidencia.
Explicó que entre las opciones que analiza el gobierno federal para responder a la queja presentada el viernes pasado ante la CPI, es que cada uno de los funcionarios aludidos en la misma tenga la libertad de demandar a los responsables.
“El gobierno no procederá contra personas que critican las políticas públicas”, aseguró Sota, pero puntualizó que “el presidente, al igual que los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Público no sólo tienen el derecho de defender esa libertad y su honor, sino también el deber de defender a las instituciones”.
En ese sentido, adelantó que “va a quedar a la reflexión de y a la decisión personal de cada servidor público” el imponer a no una demanda contra quienes presentaron la queja ante la CPI, con sede en La Haya, Holanda, para defender su honor.
“Debe haber justicia para que si se acusa de asesino al Presidente, éste tenga todo el derecho a defenderse y hacer las demandas correspondientes contra quien haya hecho la acusación”, agregó la funcionaria federal.
El abogado Netzaí Sandoval, quien entregó el viernes pasado ante la Corte Penal Internacional de La Haya la peticiónfirmada por 23 mil persona para que el organismo determine si el gobierno mexicano, así como los cárteles de la droga, han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del combate al crimen organizado, señaló que la determinación del Presidente de proceder contra quienes lo demandaron, “va a dejar solo al gobierno mexicano.”
El especialista en derecho internacional señaló, en entrevista con MVS Noticias, que esto va más allá del proceso en la Corte Penal Internacional, y que ahora se está cuestionando el derecho de la sociedad mexicana de acudir a instancias internacionales, “nadie va a respaldar a un gobierno que pretende sancionar y reprimir a quienes buscamos vías pacíficas y legales para dirimir controversias.”
Sandoval refirió que en el comunicado que la Presidencia de la República emitió ayer, el gobierno sostiene que no puede ser denunciado en instancias internacionales: “Me parece que hay que tomar con mucha precaución y cuidado este comunicado oficial, particularmente nos está amenazando con dos tipos de responsabilidades; nos está señalando que las expresiones que hemos planteado en diversos foros, pero también los señalamientos en instancias internacionales, van a ser perseguidos por el gobierno mexicano. Si Felipe Calderón es inocente la Corte Penal Internacional le va a dar la razón, pero creo que la sociedad mexicana debe rechazar el intento de Calderón que busca impedir que los trámites y proceso en los organismos internacionales sigan el curso debido”, explicó.
Sandoval anunció que en caso de que el gobierno no retire lo que ellos ven como amenazas a la libertad de expresión buscarán llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Nosotros respondemos que estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, la controvertida decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia en el caso La Jornada-Letras Libres, establece un criterio que vamos a exigir que se aplique al gobierno federal, la Corte se ha comprometido con la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias y si el gobierno cumple con estas amenazas, nosotros vamos a litigar este asunto hasta que llegue a la Suprema Corte y los vamos a vencer jurídicamente.”
Tras enterarse de que el gobierno federal “explora todas las alternativas para proceder legalmente” contra de quienes pidieron a laCorte Penal Internacional de La Haya investigar al presidente Felipe Calderón, por presuntos crímenes de lesa humanidad, los signatarios de dicha solicitud acordaron congregarse fuera de la Procuraduría General de la República, este martes a las 16:00 horas, para “entregarse” a las autoridades.
John Ackerman, uno de los promotores de lo que la Presidencia calificó como “calumnias y acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”, explicó en entrevista con Animal Político que la petición formulada ante La Haya se fundamenta en un procedimiento legal, previsto por el artículo 15 del Estatuto de Roma de la ONU.
“No hemos cometido un delito, como para que procedan legalmente contra nosotros” –explica el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM–. Nunca faltamos a la ley, sino que basándonos en ordenamientos internacionales, acercamos información al fiscal de la CPI en torno a la realidad de violencia que padece México, así como cifras que, consideramos, demuestran el fracaso de la estrategia de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que ha arrojado 40 mil muertos en los últimos años.”
Ackerman, quien confirmó que mañana asistirá al acto de protesta en la PGR, calificó esta “amenaza” del gobierno federal como “la reacción más típica de un gobierno dictatorial, que busca encarcelar y castigar a los que denuncian y expresan su indignación ante la realidad”.
Ayer por la noche, el gobierno federal rechazó de manera categórica las imputaciones falsasy calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del buen nombre México.
La Presidencia de la República indicó que las imputaciones al gobierno mexicano son además de infundadas e improcedentes, “temerarias”, ya que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente al país, por lo cual se exploran todas las alternativas para proceder legalmente.
“Las imputaciones al Gobierno de México -hechas ante CPI- son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”, anotó Presidencia, al explicar que en el desempeño de los agentes federales, la observancia de la ley ha sido la regla y no la excepción.
El viernes pasado, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, un expediente en el que acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el presidente Felipe Calderón.
“Queremos atraer la atención del fiscal de la CPI sobre las múltiples violaciones, al derecho humanitario y penal internacional, cometidas por las fuerzas policiacas y militares, para que juzgue el papel y la responsabilidad del Presidente Felipe Calderón en la sanción de esas conductas”, dijo Sandoval al diario Reforma.
“No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino que juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, con el expresidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad”.
Un grupo de abogados, activistas y periodistas busca que la Corte Penal Internacional juzgue al Presidente Felipe Calderón por los efectos de la ‘guerra’ contra el narco; sin embargo, entre los expertos en Derecho Internacional no hay un consenso sobre si esa petición es viable en términos jurídicos.
