La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que elementos del Ejército mexicano detuvieron de manera ilegal y torturaron a 23 policías de Tijuana y a dos civiles en 2009, y que hicieron lo mismo, pero en 2010, a personal policial de Tabasco.
El caso de Tijuana
Según la recomendación 87/2011 de la CNDH, los militares detuvieron y torturaron física y emocionalmente a los policías para que se autoincriminaran o acusaran a otros compañeros de formar parte de la delincuencia organizada.
La detención ilegal fue en 2009. Un año y medio después, 13 policías fueron liberados por falta de pruebas en su contra, pero el resto continúa bajo proceso.
La CNDH revela que los policías –cuyo jefe era, en ese entonces, Julián Leyzaola, que ahora es el encargado de la policía de Ciudad Juárez- fueron trasladados al cuartel militar “El Aguaje” y ahí fueron retenidos entre 3 y 39 horas, antes de ser arraigados a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante la retención, los policías y los dos civiles estuvieron incomunicados y fueron torturados: les vendaron los ojos, los esposaron o ataron de manos y pies, los tuvieron hincados por muchas horas, los golpearon con tablas de madera, les cubrieron el rostro con bolsas de plástico, les vertieron agua en nariz y boca, les colocaron agujas en los dedos, les dieron descargas eléctricas en los genitales y en otras partes del cuerpo, los amenazaron de muerte y una policía fue violada.
Además, las víctimas no fueron asistidas por el defensor público al rendir su declaración ministerial y en algunos casos no estuvo presente ni se les permitió solicitar a un abogado.
La CNDH comprobó que los militares incurrieron en detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura, y que los ministeriales de la PGR también participaron en la retención ilegal.
Por ello, la CNDH acusó particularmente a la directora de la PGR, Marisela Morales, de permitir que sus elementos obstaculizaran la investigación de las violaciones a los derechos de los detenidos.
La comisión también denunció que dos activistas –Silva Vázquez y Blanca Mesina- que se encargaron de la defensa de los policías fueron hostigadas y amenazadas de muerte, además de que no les han satisfecho las medidas cautelares para garantizar su seguridad, por lo que tuvieron que abandonar la ciudad.
Y en Tabasco
La CNDH reveló que el 13 de mayo, seis policías del municipio de Cárdenas, en Tabasco, fueron detenidos, retenidos de manera ilegal y torturados por elementos del Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública local y la Procuraduría de Justicia estatal.
Como en el caso de los policías detenidos en Tijuana, los militares también querían que los policías de Tabasco declararan tener vínculos con la delincuencia organizada.
La comisión emitió una recomendación a las tres dependencias y reveló que las autoridades le informaron que la detención fue a petición del Ministerio Público local, que ordenó la presentación de estos policías por presuntamente informar a los narcotraficantes sobre los operativos del Ejército.
Según la CNDH, los policías detenidos fueron llevados a la sede del 57 Batallón de Infantería, donde fueron torturados con golpes, intentos de asfixia con agua y bolsas de plástico en la cabeza y descargas eléctricas, con el objetivo de declararse culpables.
Después de seis horas de retención ilegal, fueron llevados a la Procuraduría de Justicia estatal, donde, de nuevo, fueron agredidos y los obligaron a firmar unos papeles, que después supieron que eran declaraciones ministeriales fabricadas.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que los policías fueron detenidos ilegalmente como una venganza por haber protestado para exigir respeto a sus derechos laborales.
En la recomendación 86/2011, la CNDH ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reparar el daño a los policías detenidos y emitir una circular que prohíba llevar a los detenidos a instalaciones militares, además de colaborar con las denuncias presentadas ante la PGR y la Procuraduría Militar.
La recomendación también fue para el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, a quien ordenaron reparar el daño y sancionar a los funcionarios culpables de la retención ilegal de los seis policías.
