Los prófugos de la justicia de éste y el anterior gobierno panista podrían llenar un estadio de futbol con capacidad para más de 60 mil personas. Varios factores abonan a que personajes que integran ese elenco, como Manuel Torres Félix y otros pistoleros vinculados a las organizaciones del tráfico de drogas, se desplacen por carreteras y ciudades sin que nadie los moleste. A la corrupción policial se le suma el desmantelamiento de la AFI, la corporación que hasta poco tiempo era responsable de llevarlos ante un juez.
Por Juan Veledíaz
Solía irrumpir de madrugada a bordo de un todoterreno por calles y avenidas de Culiacán, escoltado siempre por media docena de vehículos. Una noche de julio del 2008, apareció de imprevisto junto a sus hombres cuando abandonaron un auto compacto sobre el boulevard Montebello, a pocas calles de las oficinas de la secretaría de Salud. Aquellos eran días de asesinatos en serie, ajustes de cuentas y choques armados tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y sus antiguos socios, la dupla Joaquín Guzmán e Ismael Zambada. Poco antes del amanecer del día 4, la policía encontró aquel auto con los cadáveres de tres hombres, uno de ellos yacía en la cajuela, estaba decapitado, tenía las piernas amputadas y en el cuello le habían enredado una víbora coralillo a la que le cortaron la cabeza. A lado se halló un mensaje firmado por “El Ondeado”.
La escena formaba parte de la rúbrica de Manuel Torres Félix, conocido también como “el M-1”, quien en el verano del aquel año comenzó a aparecer con mayor frecuencia en notas periodísticas de la prensa local luego de que su jefe, Ismael “el Mayo” Zambada, ordenara acabar con la estructura de protección policial al servicio de los Beltrán Leyva. Y lo hacía con saña, como dejó el cuerpo de Roberto Carlos Barceló Villagrán, un militar retirado acusado de violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñó como coordinador operativo de la policía ministerial de Sinaloa. Este individuo, junto a otros jefes policiacos del estado, apareció en una lista donde se hacían referencia a pagos y depósitos de efectivo, hallada en un cateo judicial en una de las propiedades de Alfredo Beltrán Leyva, detenido a principios de aquel año en la capital sinaloense.
“El Ondeado” era hermano del Javier Torres Félix, conocido como “el JT, un cercano operador de Zambada detenido y extraditado en 2007 a los Estados Unidos. Desde que se hizo cargo del terreno que antes coordinaba su hermano, los corridos sobre “el M1” comenzaron a registrar no sólo los ajustes de cuentas donde participaba, sino también su cercanía con los Zambada. En paralelo empezaron a circular con mayor frecuencia fotos suyas en internet. En algunas imágenes lucía un rostro inmutable, en el que no se le movía un músculo de la cara. En otras tenía la mirada dura, con altivez observaba a la cámara como si bajo esa expresión contuviera una pulsión de algo que por dentro le iba a reventar.
Transcurrieron más de dos años, y varios asesinatos más, para que la PGR consignara un expediente y un juez dictara orden de aprehensión en su contra. Hace un par de meses, Manuel Torres Félix apareció indiciado junto a “El Mayo” Zambada, “El Chapo” Guzmán y su correligionario, Gonzalo Inzunza –un pistolero conocido como “el Macho Prieto”—, como parte de una red de tráfico de cocaína que, según las autoridades, era transportada vía marítima desde Sudamérica. La orden de captura contra “El Chapo” resultó ser la primera en 10 años que una autoridad judicial emitía, desde que en febrero del 2001 se fugara del penal de Puente Grande. También vino a ser la primera que pesaba contra “El Ondeado”.
El lastre de los prófugos
Tiene “uniformados” en su nómina, suelen alertarlo de operativos del Ejército y hasta algunos “guachos” están de su lado. Los corridos que narran las andanzas de Manuel Torres Félix no sólo registran el nombre de las rancherías y la ubicación de las montañas cercanas al municipio sinaloense de Cosalá, por donde suele moverse, sino que se vanaglorian de que lo mismo “compra” a policías federales que a agentes de la antigua AFI, hoy llamada Policía Federal Ministerial.
La falta de credibilidad de la Agencia Federal de Investigación, la cooptación de un sinnúmero de agentes por parte del crimen organizado y el incremento de la violencia a gran escala, fueron algunas de las amenazas que vislumbró para el futuro inmediato de la corporación quien fuera su director, el almirante Wilfrido Robledo Madrid. Cuando a finales de abril pasado renunció al cargo, advirtió que el desmantelamiento que padecía desde inicio del actual gobierno la antigua Policía Judicial Federal –que luego pasó a llamarse Agencia Federal de Investigación y a últimas fechas Policía Federal Ministerial—, traería como consecuencia el incremento de órdenes de aprehensión sin cumplir. El pronóstico se quedó corto. La PGR arrastra, desde el gobierno de Vicente Fox, un déficit de al menos 31 mil 780 órdenes de aprehensión que no ha resuelto, lo que en principio, equivaldría a igual número de prófugos de la justicia. Y en cinco años del sexenio de Felipe Calderón, la dependencia ha acumulado poco más de 20 mil 641 mandamientos judiciales sin concretar. Lo que en términos llanos, resultaría en un universo de poco más de 50 mil órdenes de aprehensión pendientes de cumplir en 11 años de gobiernos panistas.
La cifra está incluida en la respuesta a una solicitud de acceso a la información hecha a la PGR vía el IFAI, sobre las órdenes de aprehensión que en diciembre del 2006, al inicio de la gestión de Calderón, estaban pendientes de realizar. También incluye las que a partir de ese momento han sido giradas por la autoridad judicial sin que a la fecha se hayan cumplido. El informe señala que durante este gobierno los 10 delitos con más órdenes de aprehensión pendientes, en orden decreciente sin que la PGR precisara cifras, fueron: contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, electorales, portación de arma de fuego sin licencia, violación a la ley federal de instituciones de crédito, contrabando, privación ilegal de la libertad y defraudación fiscal.
En su contestación la dependencia dividió por áreas la respuesta. Detalló que la dirección general de Investigación Policial tenía pendiente hasta diciembre del 2006 seis órdenes de aprehensión por cumplir, y a partir de esa fecha hasta julio pasado 94 casos por concretar. En estos 100 expedientes estaban involucradas 106 personas. En lo que respecta a la dirección general de Despliegue Regional Policial, reportó que al 1 de diciembre del 2006 estaban sin realizar 31 mil 780 órdenes de aprehensión, a partir de esa fecha y hasta el 31 de julio pasado, se sumaron 20 mil 641 mandamientos más sin concretar. Resaltó que de las casi más de 50 mil órdenes pendientes, sólo se han cumplido 117. Esta área de la PGR, que resultó ser la que acumula el mayor rezago, aseguró que no cuenta con registros de cuantas personas están implicadas por cada mandamiento judicial. Por el contrario la Siedo (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) reportó tener pendientes mil 646 órdenes de aprehensión que involucran a ocho mil 528 personas. El caso de la Fepade (Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales) cifró en mil 902 los mandamientos judiciales con dos mil 167 individuos involucrados. Si por cada orden de aprehensión se contemplara a una sola persona, situación que no siempre corresponde pues en ocasiones una orden puede involucrar a más de dos, los prófugos de la justicia podrían llenar un estadio de futbol con capacidad para 60 mil personas.
De Procuraduría a oficialía de partes
Eran más de 300 agentes federales los que pusieron el dedo en el renglón el pasado 7 de noviembre. A las afueras de las oficinas de la PGR sobre Paseo de la Reforma protestaron no sólo por el acoso laboral y despidos que consideraron injustificados, sino por la inanición en que el gobierno tiene a la otrora Agencia Federal de Investigación, la “policía modelo” que en el año 2004 relanzó su entonces director, Genaro García Luna.
Ni la Policía Federal ni el Ejército están capacitados para cumplir las órdenes de un juez aseguraba “Mario”, un agente de 44 años de edad que pidió se le citara con ese nombre, y que esa tarde fue entrevistado junto a otros de sus compañeros en la protesta. Al interior de la AFI se vive un constante acoso laboral, los mandos de la PGR fomentan la opacidad en los exámenes de confianza y no tienen un método científico para probar lo que de ahí argumentan, explicaba. “El examen de polígrafo es una entrevista que te hace un jovencito entre 20 a 24 años, por lo general son unos ineptos, no conocen la materia, son personas que no tienen la menor idea de qué es la policía, cuáles son sus funciones ni cuál es el objetivo de esta prueba dentro de la evaluación general”.
Las quejas por despidos “al vapor”, la falta de una visión para la corporación y el desmantelamiento de varias áreas, para trasladarlas a la Policía Federal, fueron algunos de los escenarios que el almirante Robledo dejó entrever en el diagnóstico que presentó el día que renunció. El documento tenía varios apartados, como el de las debilidades, donde decía que la AFI padece falta de recursos humanos, materiales y tecnología. Existe una reducción considerable del estado de fuerza además que desde el año 2001, cuando la tomó a su cargo García Luna, ha sido nula la existencia de incentivos, ascensos y prestaciones. El número de agentes pasó de poco más de seis mil 600 con que inició el actual sexenio, a menos de tres mil, sumados los despidos anunciados en noviembre pasado.
En la protesta fueron varias las voces que señalaron las deficiencias y falta de interés de las autoridades en el destino de la AFI. Poco antes de llevar su reclamó a la Cámara de Diputados, varios de los manifestantes resaltaron que “de procurar justicia, que era nuestra función como auxiliares del ministerio público, este gobierno ha hecho que pasemos a una simple oficialía de partes”.
